La participación en política de las Farc nuevamente está en el centro de la polarización nacional. Las posiciones enfrentadas se fundamentan en dos grandes verdades: 1. Que el proceso de paz solo se justifica en el cambio de las balas por política y 2. Que aquellos directos responsables de crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad no sean parte de la vida política nacional, de manera inmediata o por lo menos, sin haber respondido ante las víctimas y la sociedad.
Resolver la tensión sería posible si no cayéramos en la trampa de los personalismos. Recae en cómo el interés político general de las Farc -EP cede al interés particular de los negociadores en la mesa. Me explico. Cambiar las armas por la política no es un sacrificio. Con las garantías necesarias, es el fin último del proceso de paz. Por su parte, las sanciones frente a los crímenes más graves no es la satanización al delito político, sino el rechazo a los excesos en el uso de la fuerza, inclusive en tiempos de guerra y en el marco de la Justicia Transicional.
Querer forzar la participación inmediata de algunos de los negociadores es lo que abre la puerta a nuevos debates y la inseguridad jurídica como consecuencia. Ejemplo de ello son las aspiraciones políticas de Popeye, o mañana las de un militar que, condenado por el Estado y sometido al proceso especial, quiera dedicarse a la política.
Muy temprano en las negociaciones se discutió la necesidad de modificar el alcance de las amnistías y los criterios de conexidad. Esta preocupación inspiró el aguerrido impulso de Roy Barreras por el Marco Jurídico para la Paz. La Corte le dio vía libre y así los máximos responsables de crímenes internacionales podían participar en política, pese a la restricción constitucional. Para ello, debían antes someterse al proceso especial y cumplir previamente con la sanción y la reparación integral.
Bajo ese supuesto, Timochenko podría someterse al tribunal especial, contribuir a la reparación como sanción no privativa de la libertad entre 2 y 8 años y luego ser senador o candidato presidencial. Mientras, sus compañeros de fila no responsables de crímenes de lesa humanidad, en nombre de las Farc y sus nacientes movimientos políticos avanzarían en la carrera hacia cargos de votación popular, inclusive ocupar las curules que se discute entregar de manera preliminar.
Nuevamente, los personalismos no permitieron que esta fórmula fuera suficiente. Las Farc rechazaron el marco, y con él, la justicia transicional. El Gobierno, con más de un año debatiendo este punto y el reloj en contra, accedió. No habría restricción alguna a la participación política de los máximos responsables de crímenes de las Farc. Para blindarlo se idearon lo del acuerdo especial.
Hoy los interrogantes son distintos: ¿Puede un excombatiente responsable de máximos crímenes ir al Congreso de día y construir carreteras de noche? ¿Contribuir a la reparación de víctimas, mientras es el alcalde del municipio y de la población que atemorizó? ¿Se rompen así las cadenas de control territorial antes por la fuerza, hoy con la representación estatal? La respuesta a todos tiende a la negativa.
El problema entonces no es la participación política, sino el riesgo de complacer centralmente intereses personalísimos de algunos de los dirigentes de las Farc. Transición no es un boleto directo a consolidar las élites políticas del país. Habiendo tenido las herramientas, perdemos nuevamente la oportunidad de construir paz justa y legítima desde el papel protagónico de verdaderos líderes, que sobrepongan el interés general, a sus aspiraciones políticas inmediatas.
