Electricaribe es uno de los peores ejemplos de privatización de un servicio público en Colombia. El presidente Ernesto Samper vendió, en 1998, las electrificadoras costeñas a la Houston Industries y a la Electricidad de Caracas. El Gobierno Nacional creyó que así se arreglaba el problema de corruptela de las electrificadoras, y resulta que la medicina terminó siendo peor que la enfermedad.

La cosa se agravó a partir del 2000, cuando Unión Fenosa (hoy Gas Natural) les compró los activos a los inversionistas mencionados y se creó una sola empresa: Electricaribe. Fenosa había sido echada de Guatemala por abuso con los usuarios y excesos en las tarifas, y al gerente de allá, José García Sanleandro, nos lo mandaron para acá. Desde entonces, tenemos 16 años de estar soportando a Electricaribe. Nunca ha garantizado la continuidad, calidad y regularidad del servicio, como lo dice el artículo 63 de la Ley 143 de 1994. Lo que ha brindado son apagones continuos e indiscriminados. Todos hemos llevado del bulto. Y esta ineficiencia el Estado la ha premiado con planes de inversión, como el Plan5Caribe, y con los fondos que alimentan las finanzas de la empresa. Además, esta controla un mercado regional cautivo, y presta el servicio sin contrato de concesión como lo exige la Ley 143 en el artículo 55.

La ineficiencia de Electricaribe y las periódicas perturbaciones de orden público que genera son razones suficientes para contemplar una recompra de los activos de esta empresa con arreglo a un inventario. Para esto, los departamentos, municipios y distritos costeños deberían unirse al Gobierno Nacional. La energía eléctrica es un bien estratégico que debe estar en manos del Estado. Sin embargo, no parece fácil esto dada la tendencia colombiana a vender los activos energéticos estatales, de lo cual Isagén es un reciente y desagradable ejemplo.

No podemos quedarnos en las simples explosiones de descontento sin considerar alternativas. Decimos que “estamos mamados de Electricaribe”, pero continuamos haciéndole planes de inversiones con la plata de nosotros para que usufructúe esos activos sin remuneración alguna al Estado; aguantándonos una ineficiencia que la Creg premia con resoluciones que facultan aumentos tarifarios, y soportándonos que esta empresa no invierta ni siquiera en prevención de daños.

Es hora de examinar las salidas que ofrece la Ley 143. El artículo 57 concede competencia a los departamentos y municipios para otorgar contratos de concesión. Recuperados los activos de Electricaribe, deberíamos promover una asociación de estos entes territoriales, y de los distritos actuales, convocar una licitación y contratar a un nuevo operador que se sujete a un contrato de concesión en los términos del artículo 58 de la citada Ley. ¿O estamos esperando un levantamiento popular que rebase las protestas ocurridas hasta hoy?

@HoracioBrieva