No hay duda de que la saliente alcaldesa Elsa Noguera promovió el impuesto a la telefonía basada en unos argumentos jurídicos. Uno de sus sustentos fue la ley 97 de 1913, que dio autorizaciones al Concejo de Bogotá para crear impuestos al alumbrado público y a los teléfonos urbanos. Contra estas autorizaciones hubo una demanda y en la sentencia de la Corte Constitucional C-504 de 2002 tales autorizaciones fueron consideradas válidas con la tesis de que, en relación con los tributos nacionales, el Congreso goza de poderes plenos y en lo que respecta a los tributos territoriales su competencia es compartida con las asambleas y los concejos.

Sin embargo, en esa sentencia el magistrado Jaime Araujo Rentería dejó claro en su salvamento de voto que esas disposiciones son inconstitucionales habida cuenta la ausencia de una ley orgánica sobre la materia y de elementos mínimos que permitan garantizar los principios de legalidad y de identidad del tributo.

Pero esta discusión va más allá del ámbito jurídico. Este impuesto es inconveniente por razones políticas y económicas. Sancionarlo, considero, fue una mala despedida de la exalcaldesa Noguera. Barranquilla es una ciudad que soporta la doble carga tributaria de sostener al Distrito y la Gobernación, y al primero los contribuyentes lo mantenemos con una pesada variedad de impuestos y contribuciones. Añadir otro impuesto es un atropello al pueblo barranquillero. Y ya sabemos que los descontentos sociales empiezan cuando a la gente le esquilman el bolsillo. De ahí la molestia que hay en las redes sociales. La sensación de muchos barranquilleros es que nos clavaron un impuesto por la espalda. Sin avisarnos. Sin persuadirnos. Sin vaselina. Siguiendo ese chocante principio autoritario de que ‘va porque va’. El Concejo anterior se prestó para esto. Y me parece una inaceptable excusa de los concejales Ospino y Rojano decir que quienes no están de acuerdo con el impuesto defienden a las multinacionales. Los reto a que hagan una encuesta para ver si la mayoría de barranquilleros apoya el gravamen. Uno entiende que la ciudad no se financia del aire pero tampoco se puede abusar de la gente en un momento muy difícil de la economía del país.

Además, si uno mira la destinación que piensan darle al impuesto encuentra que un porcentaje estaría dirigido a pagar a los jubilados de la Telefónica. Una empresa que saquearon y destruyeron las poderosas familias politiqueras de esta ciudad. Ahora pretenden que los marranos paguemos por ese crimen histórico que no cometimos. ¡Qué maravilla! Más bien, y en lugar de exprimir al pueblo barranquillero con nuevos impuestos, la Alcaldía debería dar muestras de mayor racionalidad en el manejo de la plata. No despilfarren y taponen la corrupción.

Mi respetuoso consejo al alcalde Char es: corrija esta equivocación de su antecesora. Envíe al Concejo un proyecto de Acuerdo que derogue el 019 que da vida al ‘muñeco’ del impuesto a la telefonía fija y celular. Me parece que a un alcalde tan popular como Char no le conviene iniciar su gobierno enfrentado al enfado de la ciudad en este tema.

@HoracioBrieva