Al cierre de cada año, en todos los sectores las evaluaciones son obligatorias. Si bien en el 2013 la salud se mantuvo todo el año en la agenda del país y en el imaginario de los colombianos, sobre todo al completarse 22 años de vida de la actual Constitución, que definió la salud como derecho fundamental de todos los ciudadanos de este país, los resultados en este sector no fueron los mejores.
El año se inició en medio de anuncios reformistas por parte del Gobierno, anuncios que se completaron presentando y radicando el ejecutivo en el Congreso de la República sendos proyectos de ley para “definirle el ámbito del derecho a la salud en Colombia” y “ponerle orden al sistema de salud”. Para el primer tema presentó un proyecto de ley estatutaria, y para el segundo, uno de tipo ordinario. Al final del año, el proyecto de ley estatutaria aún sigue en estudio por parte de la Corte Constitucional, después de haberse aprobado en el primer semestre por el legislativo, a pesar de los serios reparos a su contenido por parte de la Contraloría General de la República, y el que propone la ley ordinaria venía cumpliendo su trámite en la Cámara de Representantes, pero por tanta reacción de rechazo colectivo y masivo por parte de la sociedad tuvo que aplazarse su discusión para la próxima legislatura.
En medio de ese fallido proceso reformista, la Defensoría del Pueblo anunció los resultados del estudio sobre tutelas en salud que demuestra que los colombianos deben recurrir cada vez más a esa herramienta constitucional para defender este derecho fundamental, y lo más grave es que la gran mayoría de esas tutelas corresponden a servicios que ya hacen parte del plan de beneficios del sistema, motivadas por la negación o dilación para autorizarlos por parte de quienes tienen la responsabilidad justamente de garantizar el acceso y la prestación de dichos servicios.
El 2013 también fue el año de las contradicciones del Gobierno en el sector salud: mientras que el Ministerio negaba la existencia de la epidemia del dengue en el país, el Instituto Nacional de Salud –con los muertos y los casos por esta enfermedad que triplicaron las cifras del año anterior– anunció que efectivamente el dengue alcanzó el nivel de epidemia en Colombia; de igual forma, mientras que este año la Superintendencia de Salud anunciaba que Caprecom EPS estaba en causal de liquidación desde el 2010, al final, en vez de proceder como lo define el ordenamiento jurídico, este ente de control solo le aplicó un plan de mejoramiento que durará un largo año, exponiendo a la pérdida billonarios recursos de la salud que en este período “de mejoramiento” se le darán a dicha EPS.
Este año cierra con el fallo de primera instancia del proceso de responsabilidad fiscal más grande en la historia de Colombia, por 1,4 billones de pesos, justamente en el sector salud y correspondiente a una cooperativa que funge como agencia del aseguramiento del régimen contributivo. El 2014 se inicia con la expectativa reformista inconclusa en el 2013, con la entrada en vigencia de tardías medidas de control de precios de medicamentos y un nuevo POS con las tecnologías y servicios que el Gobierno ha anunciado como inclusiones y nuevos derechos en salud de los colombianos desde el primer día del nuevo año. Mientras tanto, solo resta decir que en el 2013, en Colombia, la salud siguió enferma.
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