Esta vaina de la política tiene que ser el mejor negocio ilícito que se hace abiertamente en Colombia o tenemos el peor sistema democrático del mundo. De lo contrario, ¿cómo explicar que para 166 vacantes en la Cámara de Representantes se hayan presentado 1.602 candidatos y para los 102 cupos que existen en el Senado se hayan inscrito 806 interesados? Hasta los indígenas y las negritudes ya se dejaron contagiar de la fiebre.
Según el reporte entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los comicios del 9 de marzo del año entrante vamos a encontrar un tarjetón con 2.438 personas aspirando al Congreso. Una cosa de locos. Ya entiendo por qué una campaña política de estas puede costar entre los 1.500 y 5.000 millones de pesos.
Para asegurar una curul al Senado deben conseguirse alrededor de unos 35.000 votos y el tope máximo de gasto permitido por el Consejo Nacional Electoral es de 675 millones de pesos, pero en el mercado negro el voto está a cien mil pesos cada uno, lo que exige un presupuesto de 3.500 millones de pesos. Los tenientes o líderes electorales de pueblo cobran una comisión por cada lote de votantes, que son organizados en los traspatios de sus casas y los ponen a votar de cinco en cinco. Las tulas con el dinero deben llegar con un día de anticipación a las elecciones. Sacando las cuentas, si el sueldo promedio de un congresista es de 24 millones de pesos mensuales, en cuatro años obtienen un ingreso de $1.152 millones. Ya se imaginarán cómo van a recuperar la diferencia.
Se preguntarán ustedes ¿y de dónde sacan tanto dinero para financiar una campaña política? Pues hay muchas formas. La mermelada que les reparte el Gobierno es una de ellas. Un caso patético es el que han denunciado varios medios de comunicación con respecto a los nombramientos que hizo recientemente el Gobierno en el Banco Agrario, ICA e Incoder. Supuestamente los designados son fichas de unos senadores conservadores. Los presupuestos de contratos y asesorías de esas entidades superan los 1.6 billones de pesos al año, además de un número importante de empleados votantes. Otras modalidades de financiación son el contrabando, el narcotráfico y la hipoteca de sus propiedades a contratistas del Estado.
Claramente, los traficantes de la política son los que tienen a este país en una hecatombe institucional. El espectáculo de la conformación de las listas al Congreso de los partidos de La U y Conservador dejaron un manto de dudas sobre muchos candidatos cuyos familiares han estado vinculados con estas prácticas clientelistas e ilícitas. A esos cargos, como los de elección popular de alcaldes y gobernadores, están llegando muchas personas mediocres, sin ningún mérito y sin las competencias para ejercer dichas dignidades. El progreso de sus regiones y su gente les importa un pepino y solo piensan en incrementar el patrimonio de su familia.
Las listas están inscritas y todos sabemos quiénes son los traficantes de votos. Si queremos que este país mejore en algo, no venda el suyo.
@indadangond
