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Todos y todas a votar con igualdad y sin discriminación

Colombia se convierte en el segundo país de América Latina en regular un protocolo para garantizar el derecho al voto.

Otra vez esa mirada. La había sentido muchas veces, pero nunca iba a acostumbrarse a ella. En algunos era la mirada de la curiosidad, en otros la de la desaprobación, y en muchos la de la incomodidad de no saber si llamarle “él” o “ella”, pero en todas esas miradas se encerraba una sola cosa: el recelo hacia lo nuevo y lo desconocido.

Mi nombre es Nathalia y soy una mujer”, fue su única respuesta.

Engorrosa. Así fue la experiencia de Nathalia Orozco, una mujer trans de Cartagena, en las pasadas elecciones cuando se disponía a ejercer su derecho al voto y por un error de la Registraduría fue sometida a lo que ella considera “una exposición pública”.

Nathalia nació varón, pero se siente e identifica como mujer, por eso a lo largo de todo el proceso que ha adelantado en la construcción de su propia identidad, decidió realizar los trámites para cambiar su nombre y sexo. Legalmente, su nombre es Nathalia y es una mujer. Sin embargo, el 27 de octubre del pasado año, al llegar al puesto de votación que le correspondía, entregó su documento de identidad, pero en la planilla aparecía con su anterior nombre y sexo.

“Fue un momento incómodo. Tuvo que intervenir la Policía, porque asumieron que el documento era falso, la mayoría de las personas trataron de amortiguar la situación con una pedagogía errónea con frases como ‘pero es que él ya se cambió de nombre’, me llamaban como él, me tocaba corregir constantemente y eso se convirtió en una onda magnética, porque todo el que estaba en el recinto se dio cuenta y se enteró de cuál era mi anterior nombre”, narró Nathalia a este medio de comunicación.

“Eso a mí me generó un impacto. Yo no quiero pasar por este tipo de situaciones. Para unas próximas elecciones preferiría no ejercer mi derecho al voto”.

Otros hechos similares

Esa violencia simbólica que vivió Nathalia a la hora de votar es más común de lo que parece. Según registros de la organización Caribe Afirmativo, en el proceso electoral del 2019 se registraron hechos similares contra personas trans en los departamentos de Nariño, Córdoba, Tolima y Bolívar. “En algunos de los casos no se les permitió ejercer el derecho al voto, en otros les obligaron a hacer la fila de hombres a mujeres trans e incluso les insinuaron que se desvistieran para comprobar su género/sexo”, afirma la organización en un comunicado.

“Para las personas LGBTI, el proceso electoral deja de ser incluyente y plural cuando, por ejemplo, se limita su participación y libertades políticas a partir de la aplicación de criterios prejuiciosos en razón de su orientación sexual e identidad de género (…) esta no es una situación que se registre únicamente en Colombia, por lo que algunas autoridades de administración y justicia electoral de América Latina han avanzado en el desarrollo de acciones intersectoriales para proteger los derechos políticos y electorales de las personas trans.

En México, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en diciembre de 2017 un protocolo, el primero en Latinoamérica, a través del cual se adoptaron medidas que incluyen desde estrategias de formación hasta lineamientos específicos que deben ser aplicados durante la jornada electoral para garantizar el ejercicio del voto y promover la participación ciudadana de ese sector social”, informa la Misión de Observación Electoral (MOE).

Desde 2017 el Instituto Nacional Electoral aprobó un protocolo para garantizar el derecho a la igualdad de las personas trans a la hora de votar, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en adoptar medidas incluyentes en los comicios.

La propuesta en Colombia

Desde junio de este año, la MOE, Caribe Afirmativo y la fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) iniciaron la elaboración de una propuesta de protocolo que incorpora medidas para que personas de esta minoría “no sean violentadas” en los puestos de votación durante cada proceso electoral.

El protocolo que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado martes,  plantea cuatro acciones que buscan garantizar los derechos democráticos de estas personas. Con este aval, Colombia se convierte en el segundo país de América Latina, después de México,  en adoptar este tipo de lineamientos para comicios electorales.

La primera acción se refiere a las acciones que se deben emplear durante la jornada electoral para que los actores que hacen presencia en los lugares de votación “se abstengan” de aplicar procedimientos discriminatorios. La segunda contempla la coordinación interinstitucional para que se realicen procesos de capacitación y sensibilización, al interior de las entidades, sobre las garantías para el ejercicio del derecho al voto de las personas trans. La tercera busca promover los procesos de identificación y conformación del censo electoral de las personas trans. La cuarta pretende la aplicación efectiva del protocolo a través del desarrollo de alianzas estratégicas para su divulgación e incorporación”, sostiene un comunicado divulgado por las organizaciones intervinientes.

“La idea nace porque la participación política de las personas LGBTI es minúscula en comparación con el resto de la población del país,  tanto en el derecho de elegir como de ser elegidos.  Solo en 1997  se registró en el país la victoria de un candidato con orientación sexual diversa. El año pasado 24 candidatos y candidatas abiertamente LGBTI fueron elegidas a cargos de elección popular, de las cuales solo dos se autoreconocen como mujeres trans”, afirma César Badillo, coordinador de incidencia política de Caribe Afirmativo.

“El protocolo se hizo escuchando las voces, nace realmente desde la necesidad de las personas trans, quién más que ellas y ellos para decir cuáles son sus necesidades a la hora de votar. Eso es lo bonito, que esto no nace del escritorio, sino de quienes realmente han sufrido la vulneración de sus derechos”, agrega Badillo.

Para Laura Weinsteins, miembro de la fundación GAAT, este protocolo permitirá que la población trans empiece a hacer uso no solo del derecho a elegir, sino del derecho a ser elegido. “Esto permitirá avanzar, es un reto enorme poderlo implementar, lo más importante es hacer pedagogía, seguimiento y evaluación (…) Es un avance importante. Es disminuir esa violencia sistemática y reconocer que hay una población que existe y que necesita garantías. No creemos que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, pero trabajaremos más fuerte para lograr la igualdad y avanzar en el objetivo sostenible que tenemos: que nadie se quede atrás”, explica  Weinsteins

Ahora, las organizaciones representativas de las personas trans, articuladas en una mesa internacional, trabajan en conjunto para que la experiencia de México y Colombia sirva para hacer un protocolo modelo en Latinoamérica. De darse todo el proceso y ejecución de esta política, al menos como se plantea en el papel, Nathalia Orozco ejercerá su derecho al voto como mujer trans con la tranquilidad y libertad que manda la Constitución.

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