El Heraldo
Ejército y Policía custodian las vías de departamentos de la zona norte del país para garantizar la seguridad. Cortesía
Colombia

¿Son efectivas las acciones para poner fin al paro armado?

El Gobierno anunció una serie de medidas para ponerle fin al paro armado impulsado por el Clan del Golfo.  Expertos analizan la estrategia.  Sigue la alerta por la crisis.

Desde hace cinco días el paro armado continúa sembrando el terror en los territorios de la región Caribe, donde la dificultad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas de conflicto ha dado paso a que el Clan del Golfo imponga su ley.

La situación es tan delicada que la fuerza pública, en las vías que atraviesan esas poblaciones, está escoltando a caravanas de vehículos para evitar que sean incinerados o tiroteados por esa banda dedicada al narcotráfico, extorsiones y minería ilegal.

Y es que esas regiones, ubicadas en Antioquia, sur de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y Bajo Cauca, suponen el mayor bastión de ese grupo armado organizado y las acciones terroristas (más de 170 en los últimos cinco días) se desataron desde que su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue extraditado el pasado miércoles a EE. UU.

Diversos organismos como la Defensoría, la ONU, OEA y HRW han advertido que los grupos armados han restringido el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías o a quienes salgan de sus hogares en horarios no permitidos.

Pese a la ofensiva anunciada por las autoridades, que ya dejan 92 capturados, el fin de estas acciones no se contemplan en el escenario próximo, pues, las arremetidas se han ido exacerbando como una contra respuesta.

La noche del sábado el presidente Iván Duque anunció la creación de un bloque de búsqueda especializado, el despliegue de 52 mil efectivos de la fuerza pública y recompensa de $5 mil millones por ‘Siopas’ y ‘Chiquito Malo’, con la intención de que “el Clan del Golfo caiga por completo”.

¿Cómo se frena esta situación?

EL HERALDO consultó a varios expertos en seguridad para analizar las acciones desplegadas por el Gobierno y ver si estas, de alguna manera, podrán desmontar o frenar la represalia de este grupo armado. 

Carlos Charry, Ph.D en sociología, docente universitario e investigador del Observatorio del Conflicto Social, señaló que el actual paro armado ha demostrado que esas estructuras “están muy mimetizadas” dentro de la sociedad y en determinadas regiones del país, pues estas no solo manejan temas de narcotráfico y microtráfico, sino que también están asociadas a las extorsiones y a la delincuencia común.

“Estamos entendiendo solamente el problema desde la punta del iceberg y no estamos viendo lo que está debajo de esa punta;  sin embargo, hay que continuar la lucha contra estas organizaciones y especialmente contra los tentáculos que estas tienen en la sociedad. Esto no se trata de solo capturar a los líderes y satisfacer con esto a la opinión pública y a los Estados Unidos, sino ir trabajando en el desmonte de las estructuras desde abajo hacia arriba”, manifestó Charry.

El director del área de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jorge Mantilla, considera que una de las fallas más importantes del Estado y la sociedad ante la actual situación por la que atraviesa el país va relacionada con “una mala lectura de lo que es el fenómeno del Clan del Golfo”.

“No hemos sabido entender los balances entre sus diferentes expresiones: bandas locales de microtráfico, con el formato que maneja el suroeste de Antioquia, su posición como  un Ejército de ocupación en el caso del Chocó, y esa red o conglomerado de narcotraficantes, un poco de bajo perfil, que gestionan y manejan toda esa capacidad transnacional para exportar cocaína a diferentes países”, manifiesta el académico.

Lo anterior, a criterio de Mantilla, ha hecho que haya “un segundo error de lectura” que tiene que ver con la estrategia del Gobierno en términos de utilizar esta política de descabezamiento o política de golpear objetivos de alto valor, como el caso de la captura de ‘Otoniel’, que en últimas, no se traducen en una disminución de la violencia o en una mejora de los índices de seguridad.

“Esos dos aspectos han permitido que el Clan del Golfo se consolide en los últimos catorce años, sobre todo en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó y partes de Sucre, en donde han logrado consolidar un control territorial y social bastante estricto”, explicó el miembro de la FIP.

Mantilla añadió que esos factores han llevado a una incapacidad, por parte de las autoridades, “para leer y entender la amenaza”.  “También hay una incapacidad para desarrollar un enfoque apropiado y diferenciado para responder a esa amenaza”, dijo.

Por otra parte, en el informe ‘Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque’, publicado el mes pasado  por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señala que pese a la detención de ‘Otoniel’, en octubre pasado, el Clan del Golfo tiene presencia en 241 municipios de Colombia.

“Con la captura de ‘Otoniel’ el Clan del Golfo no se vio afectado de manera estructural, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional”, dice el documento.

Varias personas en Tierralta se abastecen de alimentos en una tienda de cadena.
Estado de conmoción

Entre las tensiones ocasionadas en todo el territorio nacional por el paro armado, el ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció ante la peticiones de varios alcaldes de Antioquia, de si se ha considerado decretar estado de conmoción.

“Esa es una medida que nosotros no hemos considerado hasta el momento y por supuesto lo importante es responder con seguridad que es lo que necesitan los ciudadanos, con presencia y pie de fuerza”, dijo el ministro.

Frente a la propuesta de la iglesia Católica sobre la apertura de un diálogo con el Clan del Golfo, el ministro mencionó que “con el terrorismo y con el crimen no se dialoga, se le somete y se le lleva a la justicia”.

Por otra parte, 19 alcaldes de la Subregión del Occidente Antioquia, enviaron una carta al presidente Duque en la que le expusieron que los habitantes de más de 30 municipios del Chocó y 11 del Urabá “están confinados”.

“El territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables. Los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas están sin atención médica; las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar; nuestros campesinos y productores no pueden comercializar sus productos, ya hay desabastecimiento, tenemos cadáveres sin tratamiento, debido a los bloqueos de las vías; los cuerpos de bomberos y defensa civil locales no pueden atender emergencias de orden público y, desde el nivel nacional, no recibimos respuesta ni apoyo.

Doble homicidio

Las autoridades investigan si el doble homicidio registrado la tarde del sábado en la vía que de Sitionuevo conduce a Remolino, en Magdalena, estaría relacionado con el paro armado.

Los familiares de Manuel Torres Charris y Orangel Rosellón indicaron que el crimen se registró luego de estas personas terminaran de cumplir con una jornada laboral.

Un allegado de Torres Charris, quien pidió no ser identificado, señaló que los dos hombres trabajaban lavando buses en la compañía de transporte público urbano Embusa, con sede en el sector de Barranquillita, y hacia las 2:00 de la tarde se dirigían en moto hacia Remolino, población en donde residían.

Las autoridades señalaron que las víctimas fueron interceptadas por desconocidos en el puente Aguas Negras, de la vía antes mencionada, y luego terminaron asesinadas con impactos de bala en la cabeza. Detallaron, además, que la motocicleta en la que se transportaban fue incinerada.

 

Piden a las autoridades proteger a dos millones estudiantes durante paro armado

Cuatro plataformas que agrupan a más de 200 organizaciones sociales pidieron este domingo a las autoridades proteger a más de dos millones de estudiantes de seis departamentos que están en peligro por las acciones del paro armado del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

“Las autoridades respectivas deben tomar medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación. Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques”, señalaron las plataformas en un comunicado.

El documento fue firmado por la Alianza por la Niñez Colombiana, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), Niñez Ya y Movilizatorio.

Según la Defensoría del Pueblo, citada por estas plataformas, hay más de dos millones de estudiantes de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Sucre, Chocó y Magdalena que “corren peligro por las acciones violentas que están ocurriendo en sus territorios, razón por la cual sus colegios han sido cerrados”.

Un ejemplo de eso ocurrió en la Institución Educativa 24 de Mayo del municipio de Cereté, en Córdoba, donde los estudiantes estuvieron en riesgo por disparos, amenazas con armas e intimidación por actores armados.

Es por ello que las plataformas piden a las autoridades “medidas inmediatas para proteger a niñas, niños y adolescentes de estos departamentos que están viendo afectados sus derechos a la integridad personal y a la educación”.

“Los actores armados, por su parte, deben dejar fuera del conflicto a la niñez, que es víctima permanente de sus ataques”, agregaron.

También pidieron al Gobierno firmar la Declaración de Escuelas Seguras, que ha sido suscrita por 80 países para proteger estudiantes, profesores, escuelas y universidades de los peores efectos del conflicto armado.

Por otra parte, Lina María Arbeláez, directora del ICBF, señaló en su cuenta de Twitter, que el paro armado también “ha obligado a cerrar Unidades de Servicio del ICBF en varias regiones del país”. “Esto es una violación a los derechos de la niñez.  Condenamos como país estos actos criminales y exigimos que se respete su vida e integridad”, dijo.

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