El Heraldo
Colombia

Regresa la discusión: ¿regular la protesta social?

Esta semana volvieron a radicar un proyecto de ley en el Congreso que busca regular las manifestaciones. Sindicalistas se oponen.

Esta semana radicaron en el Senado de la República un proyecto de ley que busca “regular, garantizar y proteger el derecho a la manifestación, movilización y reunión social  pacífica”.  

La iniciativa, de autoría del senador conservador Juan Diego Gómez , ya había sido presentada en la pasada legislatura, pero no alcanzó a superar el trámite requerido para un proyecto de ley estatutaria. 

La discusión se vuelve a abrir porque el proyecto de ley comenzará un nuevo trámite en este periodo legislativo. Y, aunque ya no contempla aspectos como la exigencia de una póliza por parte de los convocantes, mantiene otras restricciones que son rechazadas por las organizaciones sociales y sindicales. 

Claves del proyecto

Entre las principales prohibiciones del proyecto de ley en cuestión (060 de 2020) se resalta que no se permitirá el desarrollo de movilizaciones o manifestaciones pacíficas en una distancia menor de 500 metros a hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos, terminales de transporte público y bienes considerados patrimonio cultural.

Además, se prohibirá toda manifestación o movilización que tenga como fin o efecto la interrupción del acceso de trabajadores y usuarios a sus residencias o lugares de trabajo. Así como tampoco se podrá emplear cualquier mecanismo para marcar, escribir o destruir los bienes de carácter público y privado.

La obstrucción de la vía pública de manera prolongada, por un término superior a 10 horas, o el empleo de actos violentos para tal fin tampoco serán permitidos. 

Así mismo, no se podrá convocar marchas que persigan como fin último “la propaganda a la guerra, la apología al odio, la violencia y el delito; la pornografía infantil y la instigación pública y directa a cometer delitos”. Y los encapuchados no podrán participar. 

Por su parte, el Estado tendrá la obligación de emplear cámaras o cualquier mecanismo de vigilancia en el espacio público y privado para la plena identificación de quienes desarrollen actos de violencia o vandalismo en desarrollo de las movilizaciones. 

Fajardo recalcó que Barranquilla, históricamente, ha registrado comportamientos “relativamente tranquilos” durante las manifestaciones y que seguirán siendo garantes de que “este tipo de actividades se desarrollen, así ocurran de manera programada o espontánea”.

Durante las manifestaciones sociales, el Estado deberá garantizar una ambulancia por cada 300 miembros de la fuerza pública que deban intervenir y un equipo de bomberos contra incendio por cada 500 miembros de la fuerza pública.

Y se creará un fondo para la democracia que tendrá como fin indemnizar a los afectados por los daños físicos y patrimoniales durante el desarrollo de una manifestación social.
rechazo social

Diferentes organizaciones sociales y sindicalistas han rechazado los intentos para regular la protesta social. En común, todos destacaron que es un derecho constitucional y legítimo. 

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, refirió que   hay “infinidades de fallos de las altas cortes que ratifican este derecho legítimo y constitucional” y que por tal motivo “no se puede restringir” la protesta.

Si bien resaltó que ellos llaman a la protesta social pacífica, considera que al escogerse un escenario para realizar la manifestación lo que se busca es llamar la atención para que el Gobierno escuche al pueblo.

“No es que queramos afectar el transporte de otros que vayan a trabajar, es que marchamos para que se generen políticas que beneficien a todos y tenemos el libre derecho de realizar protestas por las vías y parques principales”, señaló. 

Por su parte, Hamilton Barreto, presidente de Sintraelecol Atlántico, resaltó que la región necesita la protesta social. 

“Es un exabrupto tratar de regular o pretender regular la protesta social. Después de que vieron que lo único que pudo detener las movilizaciones  fue la pandemia, este proyecto es una forma muy hábil para detenernos”, manifestó.

Así mismo, Julio Roberto Gómez,  presidente de la  Confederación General del Trabajo (CGT), expuso que reglamentar la protesta es coartar. “Nosotros no tenemos culpa que grupos de encapuchados se infiltren en las protestas, claro que deben judicializar a quienes cometan actos vandálicos, pero no por ello deben restringir el derecho de la sociedad civil”.

El presidente de la CGT añadió que no hay ninguna novedad en la prohibición de encapuchados en las protestas sociales, ya que aseguró que desde las distintas organizaciones sociales se rechaza la presencia de los mismos. 

Javier Bermúdez Gómez, presidente de la seccional Atlántico de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), refirió que “lo que se quiere es violar la democracia y la Constitución al querer reglamentar este derecho”.

El presidente de la CUT Atlántico cuestionó que el Congreso vuelva a tener una discusión sobre un proyecto para regular las manifestaciones sociales “en vez de dedicarse a proponer políticas sociales para que no existan levantamientos del pueblo por la inequidad y desigualdad que existe en el país.”

“El Congreso debe apuntarle a diseñar una mejor salud que nos favorezca a todos, una mejor educación y no a tratar de poner tropiezos para que el pueblo se levante”, insistió.

A su vez, José David Morales, líder en el Atlántico de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), puso de presente que la manifestación social ha sido importante en el avance de los Derechos Humanos.

“En la movilización del 21N, la misma ciudadanía impidió que infiltrados hicieran daños aquí en el departamento, la misma gente que sale a marchar regula. Rechazamos la violencia, pero insistiremos en la protesta como un medio necesario para demostrar los inconformismos”, reiteró. 

Carácter jurídico

El profesor de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe Andrés Ramos si bien aclaró que toda protesta o manifestación social es pacífica, porque de lo contrario no podría llamarse como tal, recordó que durante estas han muerto personas tras las acciones por parte del Estado para limitar dicha violencia. 

Y, anotó, esto ha permitido que tal regulación quede en manos del Código Nacional de Policía. “Ellos no tienen la suficiente competencia para abordar el tema, se debe llevar a cabo una ley estatutaria”. 

Sobre el proyecto de ley en cuestión, manifestó estar de acuerdo con que no se permitan encapuchados. “La persona que está en una manifestación debe protestar con su nombre”.

Sobre la prohibición de manifestarse cerca a hospitales, indicó que por la situación actual de la pandemia le parece pertinente.

No obstante, rechazó que se prohíba marchar alrededor de lugares con bienes de interés cultural, ya que “la mayoría de protestas comienzan o terminan en plazas públicas que están rodeadas de estos bienes. Por ejemplo, en Bogotá, de aprobarse eso, ya no podrían realizarse manifestaciones en la Plaza Simón Bolívar”. 

En general, sobre el hecho de que se busque regular la protesta, señaló: “Se puede adelantar una ley estatutaria, pero igual esta debe tener la observancia de la Corte Constitucional, ya que la protesta social es un derecho fundamental que debe ser progresivo y no restringido y las leyes deben ir en vía de lo consagrado en los Derechos Humanos, los tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad”. 

Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad del Norte Gabriel Cifuentes manifestó: “Desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta la Constitución colombiana, la declaración de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los proyectos dirigidos a limitar ese núcleo esencial de derechos fundamentales contenidos en la protesta pacífica pueden considerarse como leyes regresivas  en materia de protección de los mismos, en el marco de un Estado social de derecho y de una democracia”.

El profesor detalló que la libertad de expresión, de asociación y locomoción son algunos de los derechos que hacen parte de ese núcleo esencial.

Además, Cifuentes puso de presente que las manifestaciones buscan llamar la atención y que por eso pueden darse distintas maneras de protestar de manera pacífica. 

“Impedirles que puedan expresarse en algún determinado lugar del espacio público y reunirse o asociarse, desde mi concepto jurídico, afecta el núcleo esencial de este derecho. Se puede protestar desde las terrazas con cacerolazos, pero también es legítimo ocupar el espacio público, siempre que no se ocasionen daños y sea de manera pacífica”, explicó. 

Protocolos

El doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad del Atlántico Alejandro Blanco recordó que las protestas en Colombia han sido estigmatizadas como guerrilleras o terroristas. “Por tanto, una apuesta por construir cultura de paz pasa por tratar la protesta social a partir de mecanismos de resolución pacífica de conflictos”.

En este sentido, calificó como un triunfo que en ciudades como Barranquilla y Bogotá existan protocolos para garantizar este derecho.

El secretario de Gobierno Distrital, Clemente Fajardo, explicó que este protocolo, que se instauró desde el 10 de diciembre de 2019, se activa de manera inmediata al recibir las comunicaciones sobre la realización de una protesta pacífica y permite que toda movilización cuente con un Puesto de Mando Unificado.

Fajardo recalcó que Barranquilla, históricamente, ha registrado comportamientos “relativamente tranquilos” durante las manifestaciones y que seguirán siendo garantes de que “este tipo de actividades se desarrollen, así ocurran de manera programada o espontánea”.

Van 52 protestas en el Atlántico

Según la Policía del Atlántico, se han registrado 52 acciones de protesta en lo que va del año. De las cuales 9 fueron en los primeros 85 días del año y 43 se dieron en el marco de la pandemia por la COVID-19 (25 de marzo de 2020 cuando se decretó el aislamiento). 

“Contrario a lo que nos podría decir la intuición, para el periodo de aislamiento por la pandemia, en el territorio atlanticense se dio un incremento representado en cinco casos más que en el mismo periodo del año pasado, al pasar de 38 a 43 casos”, según el SIES del Observatorio del Delito de la Secretaría de Interior del Atlántico. 

Pese a ello, si se tiene en cuenta todos los meses de lo que va del año, con respecto a 2019, ha habido una disminución del 16%, de 62 a 43 casos. 

El secretario del Interior del Atlántico, Yesid Turbay, dijo que el mayor número de manifestaciones sociales se dan en Barranquilla. “En los municipios es muy poca la actividad que se presenta y estas se enmarcan en situaciones puntuales como problemas con el servicio de electricidad”. (Ver gráficos)

De hecho, el 100% de las manifestaciones durante los primeros 85 días del 2020, según la Policía del Atlántico, fueron motivadas por falencias en la prestación de los servicios públicos de luz y agua. 

Durante la pandemia, en cambio, el 98% de los casos se basan en exigencias de ayudas humanitarias relacionadas con el impacto de la COVID-19. 

“El día de mayor afectación es el martes, seguido los lunes, miércoles y sábado cada uno con siete (7) acciones y sobre la modalidad de protesta, el 74% fueron concentraciones y el 26% bloqueos”, aseguró la Deata. 

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