El Heraldo
Colombia

Procuraduría pidió que la Fiscalía no le impute cargos a Mario Montoya Uribe

La audiencia realizada en el Tribunal Superior de Bogotá se aplazó para mañana a las 3 de la tarde.

La audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde el magistrado delegado debía decidir si se imputaban cargos al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en al menos 104 casos por los denominados ‘falsos positivos’, fue aplazada para este jueves a las 03:00 de la tarde.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó la imputación desde “cuando el general Mario Montoya ejerció el cargo como comandante entre el periodo de 20 de noviembre de 2007 y 4 de noviembre de 2008. Los hechos tienen que ver con el asesinato de personas reportadas por el ejército como resultados operativos exitosos o ‘falsos positivos’”.

El ente acusador expresó que “al general Mario Montoya no existe un acto de reconocimiento para esos cargos, siguiendo esa línea jurisprudencial debe tener que la Corte Constitucional resaltó que siempre que sea jurídicamente posible mientras la JEP ejerce sus funciones, la Fiscalía desarrolla competencias  complementarias o recurrentes”, agregó que “la Fiscalía no se puede quedar estática, debe continuar cumpliendo el artículo 250 constitucional que es investigar los hechos”.

El fiscal encargado concluyó diciendo que “a la fecha la JEP no ha asumido el conocimiento efectivo de la investigación como tampoco hay autodeterminación de hechos y conductas que verificara el general en la JEP. La Justicia Penal Ordinaria debe continuar con actuaciones procesales previas al juzgamiento, es decir que la Fiscalía debe aplicar la jurisprudencia vigente del máximo tribunal de paz que recoge los desarrollos jurisprudenciales de la corte constitucional”.

Agregó que “la Fiscalía le pide al magistrado que conforme a las normas de competencia en el código 39 de la Corte se permita realizar la imputación a Montoya ya que los hechos fueron realizados mientras era comandante y por lo anterior la competencia del juzgamiento estaría radicada en la Corte”.

Andrés Garzón, defensa del exmilitar, le pidió al magistrado que no se le imputen los cargos impuestos por la Fiscalía General de la Nación debido a que dos jurisdicciones no podrían manejar el mismo proceso y que, en caso dado que se le imputen cargos habría un “conflicto negativo” y que la Corte Constitucional debiera intervenir.

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional compartió los criterios de la sala penal que la Fiscalía no puede citar a miembros que voluntariamente se hayan sometido a la JEP”, dijo.

También agregó que “desde el 17 de julio de 2018 el general Mario Montoya Uribe se presentó voluntariamente a la JEP y firmó su sometimiento a esa jurisdicción. Los sistemas judiciales fueron hechos para que uno no se le atraviese al otro y por ello yo le solicito honorable magistrado se rechace a realización de esta audiencia, pero si usted considera que no debe rechazarla, desde ya le planteo que debe existir un conflicto de jurisdicciones, el cual debe ser resuelto por la Corte Constitucional”.

Por su parte, los representantes de las víctimas pidieron que el magistrado aceptara la solicitud realizada por el fiscal y que este detallara con mayor amplitud las razones de la imputación.

El abogado Germán Romero expresó que “este caso tiene antecedentes muy valiosos e importantes que tiene que ver con la violación de derechos humanos” y que “la JEP no ha hecho la tarea y ha mantenido un profundo silencio”. Además, manifestó que la aceptación de la imputación de los cargos no solamente la estarían esperando las familias de los 104 fallecidos sino todo el país.

La procuradora Martha Reyes manifestó que hay un “limbo jurídico” debido a que Montoya ya ha firmado las actas de acogimiento y ha asistido a todas las diligencias a las que ha sido convocado por la JEP.

Por lo anterior, afirmó que “el Ministerio Público considera que la competencia no está en cabeza de la Fiscalía, tampoco en cabeza de su señoría, y como se ha manifestado en esta audiencia, nos podríamos encontrar ante un conflicto de jurisdicciones”.

Reyes concluyó que el magistrado no debería acceder a las peticiones realizadas por la Fiscalía General de la Nación ni por las víctimas.

Finalmente, el magistrado Fabio David Bernal Suárez aplazó la audiencia en la que se resolverá si el Tribunal accede o no a la imputación de cargos.

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