Las organizaciones Transparencia por Colombia y Dejusticia pidieron en una misiva al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, declararse impedido para supervisar la investigación penal relacionada con las denuncias de presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Iván Duque.

Así mismo, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia designar a un fiscal ad hoc que lidere estas investigaciones, "a partir de una terna que el presidente Duque elabore con personas que no hayan tenido relación con su campaña presidencial ni con su gobierno".

El designado, señalan, "debe contar con la independencia y capacidades suficientes para adelantar de manera ágil y eficiente la labor encomendada".

Estas organizaciones advierten que la petición la hacen por "la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente Iván Duque y el hoy fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, las cuales configuran un conflicto de interés para el fiscal Barbosa".

Agregan que la medida se hace aún más necesaria teniendo en cuenta que el jefe de Estado derogó el decreto 450 de 2016 que contribuía a hacer visibles ante la ciudadanía los posibles conflictos de interés de las personas ternadas por el Ejecutivo para el cargo de fiscal general de la Nación.

"Al hacerlo, no fue posible realizar un debate público en esta materia, fomentando la opacidad en el poder. Además, la declaración de conflicto de interés publicada por el fiscal Barbosa —según lo requerido por la ley 2013 de 2019—, tampoco hace referencia a su relación previa con el presidente de la República", critican.

Para Transparencia por Colombia y Dejusticia es "preocupante" que la existencia de una relación personal constituya una de las circunstancias en las que se presenta conflicto de interés, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Aunque Barbosa ordenó compulsar copias de estas denuncias al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Corte Suprema de Justicia, "esto no es suficiente", advierten, pues "la Fiscalía General de la

Nación tiene la facultad de investigar la comisión de delitos y esto incluye los delitos electorales. (...) Por lo tanto, es este órgano el que debe mantener un rol activo en las indagaciones de individuos que aún recaen sobre su competencia".