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Colombia

Mindefensa no se disculpa y enciende la controversia

Penalistas, sectores políticos y sociales dividen opiniones frente a la reacción del Ejecutivo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la garantía de la protesta en el país, que señala evidencias de “excesos sistemáticos” de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones.

El ministro afirmó que la manifestación o protesta pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política. “La fuerza pública cuenta con los protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen”, explicó Trujillo.

La Corte Suprema indicó en su providencia que después de aplicar un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela que produjo la providencia, encontró “elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones”.

Las disculpas

En el punto cuatro de la sentencia, la Corte ordenó al ministro de Defensa pedir disculpas, en un plazo de 48 horas contadas a partir del pasado martes, por los excesos de la fuerza pública, en especial, aquellos cometidos por el Esmad durante las protestas desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019.

Refiriéndose a este punto de la sentencia, el jefe de la cartera ministerial no presentó excusas. Sin embargo, precisó: “La fuerza pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la fuerza pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos”.

Trujillo agregó que tales comportamientos individuales son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, “quienes serán las llamadas a establecer o no la responsabilidad individual”.

Seguimiento

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también anunció que la entidad creará un grupo para verificar que se cumpla el fallo del máximo tribunal de la justicia ordinaria.

Así mismo, dijo, “he dispuesto reforzar el sistema para la recepción de quejas y denuncias por parte de los ciudadanos que se sientan presuntamente vulnerados en sus derechos”.

“Desacato”

El procurador Fernando Carrillo advirtió horas después del pronunciamiento gubernamental que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático”.

Dijo que las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que revise las disposiciones impartidas, “pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”.

Anunció que el Ministerio Público cumplirá lo ordenado por la Corte y exhortó a las demás autoridades a hacer lo propio, y agregó que trabajará, junto con la Policía y la Fiscalía, en un protocolo “que permita a los ciudadanos, organizaciones y la ONU realizar verificaciones en capturas durante el desarrollo de cualquier clase de ‘meeting’, reunión o protesta”.

¿La Corte se excedió o demostró que abusos del Esmad son sistemáticos?

“Puede haber uso de fuerza”

El penalista Ricardo Ordóñez le dijo a EL HERALDO que “el fallo busca ir más allá de lo que realmente se intentó tutelar. Creo que el fallo trata de buscar una responsabilidad  estatal y trata de indicar que hay una sistematicidad por parte del Estado a la hora de reprimir protestas y señala el exceso de fuerza que ha habido en varias, particularmente las que se han desatado desde el año pasado. El fallo se excede, va mas allá de una garantía de derechos constitucionales, creo que la Corte desconoce la división de poderes y el tema de pesos y contrapesos al tratar de institucionalizar un comportamiento individual como si fuera una política estatal, y aquí el tema es que no se pueden achacar responsabilidades individuales a un comportamiento institucional. La Sala Civil se excedió, desconoce el sistema de pesos y contrapesos propio del sistema constitucional y trata de volver general unas situaciones muy particulares que son propias de las protestas. De hecho, si uno revisa la Convención Europea de Derechos Humanos, sí se pueden reprimir protestas, sí puede haber uso de fuerza en las protestas cuando estas amenazan derechos de otros o hay una grave afectación del orden público”.

“Otras manzanas podridas”

La abogada del Cajar, Jomary Ortegón, indicó a EL HERALDO que “la decisión de la Corte es estudiada, responsable y estructural. A partir de casos concretos, refleja una situación que califica como ‘reiterada, constante y sistemática’. Establece medidas que son preventivas de violaciones a DD.HH. como la obligación de no estigmatizar las protestas, suspender el uso de una escopeta y adoptar protocolos para prevenir abusos. Es dignificante porque reconoce la versión y testimonios de las víctimas y ordena al ministro de Defensa pedir perdón por las actuaciones policiales. De hecho, el ministro desconoció la sentencia. Si bien es cierto que el Gobierno puede solicitar la revisión de la Corte Constitucional, esta es facultativa. El fallo ya hizo tránsito a cosa juzgada y debe cumplirse. De otro lado, refiere actuaciones individuales: de nuevo la historia de las ‘manzanas podridas’. Uno de los aciertos de la sentencia es justamente demostrar con ejemplos fehacientes que las actuaciones policiales abusivas y violatorias de los derechos humanos son sistemáticas, no aisladas”.

Sectores políticos y sociales: divididos

Las redes sociales no se hicieron esperar para manifestar su espaldarazo o su descontento con la reacción del Gobierno frente al fallo de la Corte.

El economista Sergio Rodríguez opinó: “Yo sí creo que debe haber una clara reforma a la Policía y al Esmad. Deben dárseles mejores armas, más garantías, aumentar sus salarios, darles más entrenamiento y sobre todo apoyarlos en sus actos defendiendo al pueblo del terrorismo”.

Por su parte, el investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, señaló: “El Gobierno puede pedir que Corte Constitucional revise la tutela sobre la protesta de la Corte Suprema. Pero esa solicitud no lo autoriza a incumplir las órdenes de la tutela, que está en firme y debe ser cumplida”.

El concejal de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, del Centro Democrático, consideró: “Al Esmad hay que fortalecerlo, no atacarlo. De su valeroso trabajo depende la protección de la vida, honra, bienes, creencias y libertades de los colombianos de bien conforme a nuestra Constitución”.

Y el senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, ‘trinó’: “Dictadura. Si el Gobierno no respeta el fallo de la Corte simplemente delinque. A Duque le solicito usar su salida por televisión para acatar el fallo”.

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