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Colombia

“Lo mejor es que al señor Tapia se le traslade a una cárcel”: juez

El juez 53 penal con funciones de control de garantías de Bogotá anunció que negará las solicitudes de beneficios para el condenado empresario.

En el marco del escándalo del Mintic, el juez 53 penal con funciones de control de garantías de Bogotá anunció este viernes que enviará a la cárcel a Emilio Tapia, empresario que actualmente paga condena por el 'carrusel de la contratación'.

"Voy a negar las solicitudes de la defensa del señor Tapia porque los temas de seguridad son hechos de 2014 o 2016, es decir ya han pasado más de cinco años. ¿Si en una cárcel no lo pueden cuidar, en la casa sí lo cuidan? Lo mejor debería ser que se le traslade a un establecimiento de reclusión", advirtió el togado ante las solicitudes de la defensa de Tapia, que había pedido tener consideraciones con el contratista debido a que, afirmó, tiene amenazas en su contra por haber sido delator en la corruptela de la contratación en la capital del país de años atrás.

Y agregó el operador judicial en los argumentos previos a su resolución: "No considero que los batallones militares sean sitios de reclusión, no soy del criterio que se usen los batallones para cuidar reclusos, porque estos sitios tienen otra función constitucional".

"Al señor Uribe Noguera no le ha pasado nada en la cárcel", concluyó.

Frente a los alegatos de los otros capturados, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan Laverde, directivo de Rave Seguros, acerca de que son víctimas y no victimarios en el caso de corrupción, criticó el juez: "Apenas Emilio Tapia les dijo 'soy Emilio Tapia', ya uno sabe con quién está hablando. Ahora que no vengan a decir Laverde y Duque que no sabían. Y el hecho de que el señor 'Alfredito' Amín haya radicado las garantías, y no ellos, no quiere decir que los demás no se hayan beneficiado del contrato".

El juez también ordenó investigar penal y disciplinariamente a Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general Mintic y a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual de la cartera de las TIC, al considerar que es clave entender si las dos funcionarias incurrieron en una falta penal o disciplinaria al no revisar todos los documentos presentados por Centros Poblados.

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