Las verdades que aún no ha contado ‘Jorge 40’
Rodrigo Tovar Pupo aseguró en dos diligencias con la JEP que su primera colaboración con la AUC fue de $1.500.000. Sin embargo, no entregó detalles de cómo los paras trabajaron de la mano del Estado.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, las víctimas del conflicto armado en Colombia, principalmente en la región Caribe, y -en general- cualquier actor que se interese por conocer la verdad de lo sucedido en los años más sangrientos y oscuros de la guerra en el país sigue a la indignante espera de que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cuente con precisión y nombres propios la horrorosa huella de dolor que en aquellos años dejaron los paramilitares, el Eln, las Farc e integrantes del Ejército Nacional y el Estado como tal.
Jorge 40, quien desde este jueves estuvo en dos diligencias ante la JEP, está obligado a demostrar con un alto estándar probatorio la calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, a partir de su comportamiento como bisagra o punto de contacto entre el aparato oficial y los paramilitares. “Esto último no solo para efectos operacionales, sino, también, para el flujo de información e inteligencia, la entrega de armas y dotación, apoyo logístico, transferencia de recursos económicos, entre otros”, según explicó la Sala.
Sin embargo, Tovar Pupo no ha respondido con firmeza y detalles las preguntas de los magistros, quienes decidieron suspender las audiencias y solicitar que antes del 20 de febrero entregara el material solicitado.
En medio de sus declaraciones, Jorge 40 aseguró que se unió a Salvatore Mancuso luego de que su familia se viera víctima del secuestro en el Cesar.
“A pesar de que pagábamos el impuesto a la guerrilla, mi padre y mi prima fueron secuestrados. Le enviamos una carta al presidente Ernesto Samper denunciando la violencia que se vivía en ese momento en el cesar. Nos encontrábamos de sepelio en sepelio por los muertos que nos iban matando estas organizaciones”, contó.
“No íbamos a las institucionalidades porque todos estaban vendidos, todo sucedía frente al batallón la Popa”, agregó.
Seguidamente, Tovar -que se dedicó a hablar de su juventud y de que es víctima del conflicto- reveló que su primer aporte a las AUC fue de $1.500.000.
“Me reuní tres veces con el señor Luis Ábrego, me decía que era comandante de las Autodefensas de Pailitas, Cesar, y que su jefe era Carlos Castaño, dijo que nos quería ayudar. Tenía que pagar el impuesto a la guerrilla de $1.500.000, pero me dice que mejor se la entregue a ellos. Nos encontramos y Luis Ábrego se llevó los dos guerrilleros, la plata de mi aporte y las armas. Acabas de hacer tu primer aporte a la causa, me dice”, indicó.
“Luego de esto, le digo que quiero conocer al comandante principal. Llego a un hotel y me encuentro con un señor, dice que es la persona encargada porque Carlos Castaño lo había mandado para la expansión de la organización por la Costa Atlántica. Me dice que está buscando colaboradores y le dije yo que estaba dispuesto a colaborarle para quitarnos de la opresión violenta en la zona. Ahí conozco a Salvatore Mancuso en agosto de 1996”, señaló.
Por otro lado, Tovar Pupo que viajó a Estados Unidos a comprar armas para Salvatore Mancuso y que, posteriormente, fueron ingresadas por el puerto de Cartagena. Además, que en 1997 ayudó a comprar botas pantaneras para los paras en Valledupar.
Sin embargo, cuando los magistrados le consultaron sobre los actores involucrados en las masacres y cómo él ayudó en la logística de estos crímenes, Tovar se negó a hablar.
“No voy a entrar aquí a hablar en materia que pueden ser perjudiciales para el otro escenario jurídica que es el que estoy sujeto”, se defendió.
A su paso, la magistrada Sandra Jeanette Castro lo cuestionó.
“Si usted está diciéndonos que sobre ese tema no va a hablar, prácticamente podemos terminar la audiencia", planteó.
Tras ser suspendida la diligencia, la Sala le dio un plazo a Tovar Pupo y a su defensa para que presenten los temas del cuestionario de la Sección de Apelación que ellos consideran que deben ser respondidos pública o reservadamente.
