¿Es viable la propuesta de conciliación judicial del gobierno?
EL HERALDO consultó penalistas, sociólogos, constitucionalistas y analistas de seguridad sobre la propuesta del nuevo minjusticia.
Con la mirada puesta en la posibilidad de reducir el hacinamiento carcelario y descongestionar el sistema judicial del país, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, planteó esta semana la posibilidad de aplicar la conciliación judicial sobre delitos menores entre víctimas y victimario, con el fin de hacer primar un tipo de justicia restaurativa.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el hacinamiento carcelario ronda el 20 % y donde la cantidad de jueces se estima en 5 mil, es decir, en promedio, 11 por cada 100 mil habitantes cuando debería estar en 65, teniendo en cuenta la población del país (50 millones de personas).
Sin embargo, la propuesta abrió un gran debate en el país, pues varios sectores consideran que la iniciativa se ve “como una burla” para las víctimas, mientras que otros ven en este recurso jurídico la posibilidad de que la Fiscalía pueda concentrarse en los delitos más graves, y lograr que los afectados puedan acceder a tener una reparación más expedita.
Para Carlos Charry, doctor en sociología y catedrático de la Universidad del Rosario, consultado por EL HERALDO sobre la propuesta de la “reconciliación judicial” , advirtió que “si bien las declaraciones del ministro tienen un fondo de buenas intenciones y están dentro del marco de dar mayor celeridad a la justicia, hay que decir que lejos está de ser una propuesta clara, objetiva y precisa que permita a la opinión pública construir un debate más especializado, técnico, y se trata más bien de una idea y de una opinión al respecto”.
No obstante, observa el investigador que sí se puede llegar a tener un tipo de justicia más conciliadora para delitos menores, y pone de presente que de hecho el sistema jurídico colombiano contempla la posibilidad de que las partes en conflicto concilien, pero hay delitos en los cuales eso no puede lograrse, por lo que, advierte, habría que tener claro en qué niveles y bajo qué perspectivas es posible su implementación.
“Por otro lado, creería que si el objetivo es descongestionar la justicia, lo que se debe hacer principalmente es tener una política muy fuerte de prevención del delito y sobre eso ni este ministro de Justicia ni los anteriores han hablado”.
“Tiene enorme potencial”
El doctor en estudios de paz y conflicto e investigador de la Universidad Externado, Andrés Macías, en diálogo con este medio, dijo por el contrario que el planteamiento se enfoca en un concepto de justicia restaurativa, que tiene “un potencial enorme”.
Para el experto en seguridad, esto puede descongestionar los despachos judiciales, porque son muchos los delitos menores que terminan aquí, “pero llevarlo a la práctica puede ser muy complejo, porque las víctimas están acostumbradas a otro tipo de justicia y habría que tener un cambio cultural en la forma como las propias víctimas esperan que se haga justicia, porque es importante entender que se puede hacer justicia cuando el victimario restaura a la víctima”.
¿Pagos y cara a cara?
Macías también llama la atención acerca de que hay que tener en cuenta cómo se va a restaurar: “Un delincuente que robó un celular, por ejemplo, para poder resarcir el daño tendrá que restaurar el celular, pero si no es el mismo porque ya lo vendió o no existe, ¿cómo va a hacer ese delincuente para pagar un celular? Y ahí tenemos un elemento de puesta en práctica que puede ser muy complejo, porque si es un delincuente que no tiene cómo generar ingresos, ¿de dónde va a sacar los recursos para pagar ese celular?”.
Finalmente, advierte el internacionalista que el ejercicio en el que la víctima y el victimario se vean cara a cara “puede llegar a ser muy complejo”, porque implica que la víctima reconoce quién es el victimario y viceversa: “Y el victimario podría saber el nombre, datos personales de la víctima, y eso podría poner en riesgo en un futuro cercano o a mediano plazo su bienestar”, lo que puede que no le resulte muy motivador al afectado para afrontar estos procesos.
“Terapias para el delincuente”
El abogado penalista Juan José Castro, magíster en derecho línea de investigación en derecho procesal penal, opinó para este diario que la justicia restaurativa “ya está regulada en nuestro procedimiento penal, y este tipo de justicia trata de primar el acuerdo, la conciliación, la posibilidad de las partes de dialogar y llegar a un acuerdo sobre una indemnización, que puede ser -como en la gran mayoría de los casos- económica, pero que no solamente vincula este tema, sino que pueden ser también actos de perdón, de disculpas públicas, y hay algunos países en los que pueden tomarse terapias, en fin”.
Para el jurista, si se amplía el régimen actual, si se le dan más herramientas, si se vinculan más delitos, “hay una posibilidad de que exista una descongestión judicial en fiscalías, despachos y en establecimientos carcelarios” y añade que “dependiendo de los delitos que se vinculen se podrían proyectar cuántas personas podrían salir de las cárceles y cuántos procesos dejarían de llevarse por lo penal”.
“Cárcel por reincidir”
Luisa Fernanda Caldas, coordinadora del Departamento de Derecho Penal del Externado, explicó a este medio que la justicia restaurativa y las penas alternativas a la prisión “son indispensables en un sistema de derecho penal, debido a que la reparación también es un fin legítimo del proceso penal y, en consecuencia, un fin legítimo de la sanción penal. Adicionalmente, es una herramienta necesaria para la descongestión de los centros carcelarios”.
No obstante, es importante establecer, resaltó la abogada penalista, "para qué delitos concretos opera esta sanción, porque normalmente es para aquellos que afectan de forma leve los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, y también determinar cuál sería el catálogo de sanciones de esta clase aplicables en el sistema penal colombiano".
¿Resocialización, descongestión, impunidad?
Luisa Fernanda García, abogada constitucionalista, comentó en EL HERALDO que lo que se busca, ante todo, es descongestionar el aparato judicial “porque obviamente vemos que hay una gran saturación no solamente de los procesos, sino también de las cárceles por este tipo de delitos contra el patrimonio económico”, pero advierte que en este mismo camino “habría que plantear una política encaminada a que haya una compensación económica, una especie de trabajo comunitario o una contraprestación por parte del victimario para resarcir a la víctima, pero sobre todo para que no se reproduzca, porque efectivamente el problema fundamental es que son personas reincidentes a los que el Estado o el sistema no les proporciona otras alternativas”.
Por ello, la doctora en derecho y catedrática de la Universidad del Rosario dijo que más que buscar una conciliación “lo que debería propender además es por darles otras opciones para que se dediquen a actividades, aprendan un oficio y en ese sentido podamos resocializar a estas personas”.
De otro lado, para el penalista Juan José Castro aventurarse a afirmar que esta propuesta acrecentaría la inseguridad en las calles “es bastante hipotético, no existe forma de medirlo, salvo que se hagan mediciones posteriores a la ley sobre reincidencias: normalmente estos proyectos de justicia restaurativa se caracterizan por evitar que los reincidentes puedan aplicar”.
Sin embargo, considera, “el principal problema no está en eso, sino en la impunidad propiamente”, entre otras cosas “por la gigantesca congestión que tienen las cárceles, pero la impunidad es que ni se investigue ni se juzgue: cuando uno tiene la posibilidad de sentar a dos partes y una de ellas reconoce su responsabilidad y tiene unas obligaciones especiales de reparación, ya no existe impunidad; ese es uno de los principales puntos que se resolvió dentro de un concepto de justicia diferente a la retributiva”.
Es un complemento a lo tradicional: Néstor Osuna
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo esta semana desde Barranquilla que su propuesta era “una cosa progresiva” en la medida en que la sociedad lo vaya permitiendo: “Uno no puede hacer cambios al sistema penal de ese calado en contra de la sociedad. Si la sociedad lo asume como algo inviable, ridículo, como algo que no repara, no lo logramos”.
Como ejemplo aludió a la discusión que había “hace 20 años, cuando las autoridades nos decían que había que bajarse del carro privado y había que utilizar el transporte público, y otros respondían que estaban locos, primero que hagan metros, sistemas maravillosos, y poco a poco la gente ha ido diciendo: pues sí, tiene sentido. Sin embargo, el carro privado no se abandona”.
Con la justicia restaurativa, explicó, “tiene que ser lo mismo, tienen que ser medidas legítimas para que las víctimas sientan que la sanción los reparó. Si no lo sienten, fracasamos. Por lo tanto, hay que comenzar por delitos menores: el hurto sin violencia, la inasistencia alimentaria, las injurias. Si eso va siendo exitoso seguimos aumentando a más delitos”.
En este sentido, el constitucionalista concluyó que la justicia restaurativa no reemplaza la penal tradicional, “la complementa, y por tanto sí puede traer una disminución de la pena, y cuando la pena es pequeña a lo mejor implica que no haya prisión, pero siempre que haya reparación a la víctima y garantías de que no haya reincidencia, en ese sentido queremos movernos”.
