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Colombia

Judicializados alcaldes por contratos de pandemia

Se trata de los mandatarios de Calarcá, Quindío y La Palma, Cundinamarca, junto con los respectivos contratistas de los mercados.

La Fiscalía informó este jueves que esta semana fueron judicializados los alcaldes y contratistas de La Palma, Cundinamarca y Calarcá, Quindío, por presuntas anomalías en los contratos de la emergencia sanitaria.

El primer caso fue contra del alcalde de La Palma, John Jairo Pulido Pulgarín, y el contratista José Raúl Cruz Quintero, como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en el contrato 073 del 30 de marzo 2020 para el suministro de productos de consumo básico y de aseo a la población vulnerable durante la pandemia.

El ente acusador imputó al alcalde Pulido Pulgarín y a Cruz Quintero, en calidad de coautor e interviniente, respectivamente, los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en la modalidad de tentativa y falsedad ideológica en documento público.

"El precio del contrato ascendió a $65 millones por los posibles sobrecostos facturados en los productos. Se evidenció que el mandatario local y el contratista, al parecer, no documentaron el cómo, cuándo, dónde y a quiénes específicamente se entregaron los mercados, los kits de aseo y de seguridad personal, que debían ser destinados a las familias afectadas por la emergencia sanitaria en el municipio", advierte la Fiscalía.

Para la fiscal del caso, el diseño del contrato y su adjudicación no se ajustan a los requerimientos que exige la ley en estos casos: "Desde un principio, al alcalde Pulido Pulgarín le asistía un interés por adjudicarle a este empresario el contrato, como lo hizo saber públicamente varias veces en los medios de comunicación; incluso, en entregarle la administración de un parque automotor del municipio, dinero que no alcanzó a salir de las arcas de la población".

En el otro caso, fueron judicializados el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras, y dos personas más, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para el suministro de mercados a la comunidad afectada por la emergencia sanitaria.

El ente investigador formuló cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra el alcalde Balsero Contreras y el secretario del municipio, José Winser Garzón Tobarías, en calidad de coautores; y contra Natalia Vanessa Castillo Martínez, contratista, en calidad de interviniente. Ninguno de los imputados aceptó su responsabilidad.

"Los hoy judicializados, al parecer, habrían tramitado y celebrado el contrato 007 del 2020 destinado al suministro de mercados para grupos vulnerables en el marco de la pandemia por más de $390 millones, el cual se había acordado inicialmente e identificado como Contrato 005 de 2020, por un valor de $15 millones. El 8 de abril de 2020 se habría suscrito el Contrato 005, con Inversiones Echeverry Trujillo SAS de Calarcá. Sin embargo, los documentos y las firmas destinados para el mismo, presuntamente, se habrían utilizado para suscribir el contrato 007, modificando el valor, el número del contrato y la fecha de suscripción de este", se lee en el comunicado.

Concluye el organismo acusador que la contratista Castillo Martínez, supuestamente, fue quien solicitó los documentos que soportaban el trámite de la contratación inicial y habría sido quien sugirió el uso de las firmas, a través de escáner, para suscribir el nuevo contrato con la sociedad.

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