‘Jorge 40’ sale este domingo de la cárcel en Estados Unidos
Rodrigo Tovar queda en manos de las autoridades migratorias. El ex-AUC no ha contado la verdad a las víctimas y quiere ir a la JEP
El Gobierno solicitó esta semana la deportación a Colombia del exjefe del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien en teoría este domingo cumplirá su pena de 12 años por cargos de narcotráfico en los EE. UU.
Tovar Pupo, expulsado de Justicia y Paz en 2015 por no contar la verdad y condenado a 26 años por el crimen del profesor Alfredo Correa de Andreis y por el asesinato de 21 personas en Atlántico, por ejemplo, es reclamado por la Cancillería para que se guarden los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El ex-AUC, quien queda en manos de las autoridades migratorias estadounidenses, no ha sido aceptado en la JEP y su caso quedaría en la justicia ordinaria.
El eventual retorno de ‘Jorge 40’ se esperaría para el próximo mes de octubre, toda vez que los viajes de deportados desde el país norteamericano salen cada mes.
Mientras tanto, estará bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Tovar, extraditado el 13 de mayo de 2008, cumplió el pasado 9 de diciembre su condena, pero la resolución de su situación se habría retrasado por la pandemia del coronavirus.
El desmovilizado pidió ser admitido en el tribunal de paz, pero en enero pasado fue rechazado. No obstante existe aún la posibilidad de que sea recibido como tercero financiador del conflicto antes de hacer parte de las filas de las AUC.
Confesión | 22 crímenes en Atlántico
El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla condenó en 2011 a ‘Jorge 40’ a 26 años de cárcel por 22 homicidios perpetrados en Atlántico entre 2004 y 2005. Estos homicidios fueron confesados por Tovar y se acogió a sentencia anticipada por ellos.
Las víctimas:
Adán Pacheco, sindicalista.
Juan Carlos Miranda Páez, tendero.
Orlando Londoño, sindicalista.
Aníbal Salas.
Roberto Rivera.
Isacio Palacio, mayorista.
Luis Carlos Torres.
Darío Ravelo Parra. Carlos Camargo.
Kelly Leones.
María Chávez.
Jesús Caballero.
Faustino Altahona.
Walter Púa Blanco.
Sergio Cuesta Parra.
David Aleán.
Fredy Torres.
Jhon Mejía Batista.
Ricardo Soto.
Jesús Cardona.
Manuel Patiño.
Dairo Mendoza.
El Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó en 2011 a 26 años de cárcel a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, por el crimen del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andréis, perpetrado en septiembre de 2004 en Barranquilla.
El asesinato fue el resultado de “una tenebrosa alianza criminal entre funcionarios del DAS y miembros de las Auc”, cuando el exdirector del extinto DAS Jorge Noguera le suministró informes de inteligencia a paramilitares del Bloque Norte para que asesinaran a sindicalistas o personas de izquierda.
El exjefe paramilitar deberá pagar además una multa de 2 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes por el asesinato del académico.
Tovar aceptó lo cargos y por ello se emitió esa condena de sentencia anticipada.
Correa de Andréis y su escolta Edelberto Ochoa fueron asesinados el 17 de septiembre de 2004, cuando circulaban por una vía de Barranquilla y fueron interceptados por un sujeto que los atacó con arma de fuego.
El exjefe del Frente José Pablo Díaz, que delinquía en Atlántico, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, dijo que en su computador tenía guardado el listado de las personas a asesinar y señaló a alias Jorge 40 como autor directo de estos homicidios.
Así mismo, en el computador incautado la Fiscalía encontró que la muerte del sociólogo fue reportada directamente a Tovar Pupo.
En el fallo se lee entonces sobre el papel de ‘Jorge 40’, que “de acuerdo con ello (el material probatorio) podríamos calificar jurídicamente la participación de Rodrigo Tovar Pupo como la de un autor mediato que se vale de toda una estructura a su disposición.
Maribeth Escorcia, representante de víctimas de ‘Jorge 40’ en Atlántico, le dijo a este diario que ella no estuvo de acuerdo con que lo expulsaran de Justicia y Paz, porque las víctimas se quedarían sin conocer los hechos.
“Cuando al señor lo iban a sacar del proceso de Justicia y Paz fui una de las abogadas que no estuvo de acuerdo, pero el hombre no le colaboró a las víctimas. Entonces este era el espacio donde él debía manifestar con respecto a ese andar de ellos, de sus delitos; debía manifestar qué personas tuvieron que ver con el actuar delictivo de ellos, donde se dice que había políticos: los nombres de ellos, los nombres de coroneles, de ganaderos”, advierte la jurista.
Así mismo, indica Escorcia que sería importante conocer las acciones por las cuales “los paramilitares de ‘Jorge 40’ obligaban a las personas a que vendieran las tierras a terceras personas, porque conocemos por ejemplo el caso del señor Octavio Ropaín, en el Magdalena, de donde se llevaron más de 800 reses y lo que quería ‘Jorge 40’ era que pasara las escrituras y los asesinaron porque el señor no quiso dejar a sus hijos desamparados”.
Frente a la posibilidad de que Tovar cuente la verdad, cuestiona que “hasta el momento no vemos claridad, a menos que él decida hablar. La justicia ordinaria es la única donde él puede llegar y la ley no permite que vuelva a Justicia y Paz, porque él tenía su momento para postularse, pero no colaboró con las víctimas”.
En 2012, el segundo jefe político de las AUC en Atlántico, Mario Marenco, alias El Gordo, dijo a la Corte Suprema que ‘Jorge 40’ y otros exjefes paramilitares configuraron el “Plan Caribe”, que consistía en que el entonces alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, supuestamente apoyaría a candidatos al Congreso como Álvaro Araújo, Dieb Maloof y Álvaro Ashton, entre otros, a quienes les garantizaría una participación burocrática en la Alcaldía y un porcentaje de la contratación de la ciudad tendría que ser pagado a las AUC.
Según el exparamilitar, los políticos cobrarían una comisión por aprobar proyectos que favorecieran a la empresa Métodos y Sistemas, que recaudaba los impuestos de Barranquilla.
En el acuerdo, agregó El Gordo, el entonces alcalde se habría comprometido a darles un porcentaje del valor de los contratos de obras públicas a los paramilitares y a los políticos.
"Cuando un senador negocia con un alcalde un cargo burocrático, negocia una cartera. Puede ser educación, obras públicas o salud. El meollo del asunto es que si a usted le dan una participación política cualquiera, tiene acceso a la contratación y los recursos que genera. El alcalde le está pagando al senador o a la organización”, dijo Marenco.
Sobre Maloof, indicó el desmovilizado, que presuntamente pretendía que las AUC le dieran dineros a través de contratos y cargos burocráticos del Hospital Materno Infantil de Soledad. Y también sobre Ashton señaló que habría tenido contratos y burocracia en el Materno Infantil.
Rodrigo Tovar Pupo, perteneciente a una familia prestante de la capital del Cesar, tuvo un solo empleo antes de entrar a las AUC: fue inspector de pesos y medidas en la Alcaldía de Valledupar.
Entró a los paramilitares en 1996, cuando un general del Ejército reunió a familias importantes de la región para defenderse de la guerrilla. Un año después viajó a Córdoba junto con otros jóvenes dirigentes de la zona y se reunió con Salvatore Mancuso.
Después de ese encuentro se convirtió en comandante del Bloque Norte, con influencia en el Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander. En el 2000, para expandir su facción, entró en guerra con Hernán Giraldo, temible exparamilitar de la Sierra Nevada, por las rutas del narcotráfico del oriente del Caribe, y la ganó.
Tras las negociaciones de Ralito se resistía a dejar las armas, pero finalmente se desmovilizó en 2006 y, por no querer contar la verdad, fue extraditado a EE. UU. en 2008. Alcanzó a confesar unos 600 crímenes a la justicia, por línea de mando. Y la Fiscalía señaló al Bloque Norte de casi 800 desapariciones forzadas en la región. Y él entregó cuatro inmuebles urbanos y cinco rurales.
Nunca ha contado los detalles de los hechos delictivos de las AUC, pero en 2008 le incautaron una USB en la que había un texto de 152 páginas titulado Mi vida como autodefensa y mi participación como miembro del Bloque Norte. En el documento cuenta, por ejemplo, cómo el coronel de la Policía Danilo González conocía que en la finca de Carlos Castaño se reunieron en 1997 los principales comandantes para crear las AUC en 1997. Y al actual embajador de Colombia en EE. UU., Francisco ‘Pacho’ Santos, le dedica unas 15 páginas, en las que cuenta, por ejemplo, que buscó respaldo de los paramilitares en 1996 para gestionar la liberación de unos secuestrados a través de su fundación País Libre.
