Gobierno dice a Farc que precise en la JEP atentados a Vargas Lleras
Así lo advirtió el comisionado de paz. Procurador pidió que “dejen trabajar a la JEP en paz”.
El comisionado de paz, Miguel Ceballos, respondió a las Farc que deben precisar ante la JEP los detalles sobre los atentados que habrían perpetrado contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
"Instamos a las Farc y a todos los responsables de este acto criminal, para que reconozcan la verdad ante la JEP, de manera individual y concreta", dijo el funcionario sobre la carta de Rodrigo Londoño, Timochenko, al expresidente Juan Manuel Santos, donde aceptan la autoría de atentados contra Vargas Lleras.
"Las comunicaciones informales dirigidas a terceras personas que no hacen parte de la JEP de ninguna manera satisfacen el derecho que tienen las víctimas a la verdad ni cumplen con los compromisos y obligaciones del Acuerdo de Paz", agregó Ceballos.
La antigua guerrilla se atribuyó la planeación y ejecución de dos atentados con explosivos contra el exvicepresidente, que también fue candidato presidencial en 2010 y 2018 por el Partido Cambio Radical.
Vargas Lleras combatió desde la política a las Farc como guerrilla y siendo senador denunció los abusos que cometían en la zona de distensión creada en el sur del país para los fallidos diálogos de paz con el expresidente Andrés Pastrana.
Por eso fue víctima de dos ataques terroristas, uno de ellos el 13 de diciembre de 2002 con un libro-bomba que le amputó varios dedos de la mano izquierda y otro el 10 de octubre de 2005 con un carro bomba del que salió ileso aunque la explosión dejó nueve heridos.
"Pese a previsibles consecuencias, reconocimos el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado y otros colombianos caídos durante el conflicto. Asimismo reconoceremos ante las instancias de verdad, los dos atentados que las Farc planearon y ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras", señala la carta a Santos firmada por el jefe del partido Farc.
Esa guerrilla, que dejó las armas en 2016 tras firmar un acuerdo de paz con el Gobierno de Santos, aseguró que pedirá "perdón con humildad" a Vargas Lleras, "así como a todos aquellos que resultaron afectados de algún modo por ello".
Aunque los atentados, ocurridos durante el primer Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se atribuyeron a las Farc, Vargas Lleras, entonces senador, pidió investigar otras posibilidades y apuntó que el Gobierno se apresuró a atribuir la acción a la guerrilla de las que era un fuerte crítico.
Tras el ataque de 2005, el entonces jefe de la Policía Judicial y de Investigación, Dijín, el coronel Óscar Naranjo, descartó una "alianza" entre narcotraficantes y políticos para asesinar a Vargas Lleras y señaló que los indicios apuntaban hacia las Farc.
Esa hipótesis nunca convenció a Vargas Lleras, quien sospechó en varias ocasiones del papel que pudo haber tenido en ese ataque la desarticulada agencia estatal de inteligencia Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
El reconocimiento de las Farc ocurre un mes después de que la misma guerrilla se atribuyera el asesinato del líder conservador y excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado hace 25 años, así como el de otros cinco crímenes políticos cometidos en el país entre 1987 y 2002.
"La paz es el bien más valioso de cualquier nación, vale jugársela todo por ella", subrayó Londoño en la carta enviada a Santos en la que recuerda que 236 de los firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados desde 2016.
La Farc destacó que a pese a esos homicidios los exguerrilleros han comparecido "honradamente" ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad y que están reconociendo responsabilidades "conforme a la palabra empeñada".
"Falta le hace al país que los otros actores del conflicto también aporten verdad al sistema. Nosotros también tenemos una deuda con usted y su Gobierno; desde que firmamos el acuerdo sabíamos que llegaría este momento y vamos a saldarla en aras del cumplimiento del mismo", señala Londoño.
En una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos, las Farc admitieron su responsabilidad en los atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurridos en 2003 (libro-bomba) y 2005 (carro-bomba).
“Pese a previsibles consecuencias, reconocimos el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado y otros colombianos caídos durante el conflicto. Asimismo, reconoceremos ante las instancias de verdad los dos atentados que las Farc-EP planearon y ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien también pediremos perdón con humildad”, dice la misiva firmada por Rodrigo Londoño, Timochenko, y que tiene fecha del 2 de noviembre.
Londoño Echeverri elogió el papel del expresidente Santos en la defensa del proceso de paz.
Timochenko añadió que al país le “hace falta que los otros actores del conflicto también aporten verdad al sistema”.
Y advierte que coincidente con la Peregrinación por la Vida y por la Paz que se ha tomado Bogotá esta semana “el país oye de un proyecto de referendo que pretende hacer trizas los acuerdos de paz”, a lo que contraponen que están compareciendo ante la JEP y la Comisión de la Verdad, en donde “estamos reconociendo responsabilidades conforme a la palabra empeñada”.
Frente al asesinato de 236 excombatientes, Timochenko fijó en su perfil de Twitter la carta que envió el pasado 2 de febrero al presidente Iván Duque, en la que le dice: “A veces he pensado que usted no es completamente consciente de la dirección que quieren imprimirle al país los sectores que rabian con la paz”.
Vestidos de blanco, con banderas de Colombia y carteles con los nombres de sus compañeros asesinados, desmovilizados de las Farc se manifestaron este lunes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, por segundo día consecutivo, para pedir al Gobierno que cumpla la totalidad del acuerdo de paz y les brinde mayor seguridad.
Los exguerrilleros llegaron a la plaza y levantaron sus carteles sin decir palabra.
En cartulinas blancas y escritos en diferentes colores estaban los nombres de Carlos Alberto, Jesús, Rulber, John y Holman, que hacen parte de los 236 desmovilizados asesinados en diferentes lugares del país desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.
Además de esta actividad, los exguerrilleros también hicieron presentaciones musicales de ritmos como vallenato y rap.
La decisión de la Farc de marchar hacia Bogotá para exigir protección se tomó luego del asesinato, el pasado 16 de octubre en Mesetas, Meta, del exguerrillero Juan de Jesús Monroy, líder de la reincorporación en esa región, y de su escolta, Luis Alexander Largo.
El representante a la Cámara por el partido FARC Luis Alberto Albán dijo que el balance de la peregrinación “ha sido bueno”, teniendo en cuenta que los desmovilizados llegaron a Bogotá el domingo desde los 24 antiguos ETCR de diferentes partes del país.
El pasado fin de semana el expresidente Álvaro Uribe publicó el borrador del referendo para reformar aspectos estructurales del sistema judicial colombiano.
En el borrador se propone ajustar con inflación la nómina total y los gastos de funcionamiento del sector público, precisando que “para aumentarle más a unos servidores habría que tener ahorros compensatorios”.
Trae el documento además un punto que plantea que para mayor inversión social los egresos estatales en nómina directa o indirecta se congelarán en términos reales durante seis años.
“El Estado apoyará con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad, nadie estará por debajo de la línea de pobreza monetaria”, indica el documento.
De igual forma, propone, en cambio de las altas cortes, “establecer una o dos altas corporaciones judiciales, sin funciones electorales. Elección de magistrados con edad mínima de 55 años, para períodos de 12 años o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio, elegidos por cooptación” y “crear un Tribunal de Aforados que dé independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados, el cual garantice imparcialidad, verdad y justicia”.
Se plantea luego derogar la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y que sus funciones se trasladen a la jurisdicción ordinaria, manteniendo los beneficios judiciales o la reducción de los períodos de los actuales magistrados.
Así como se habla en la propuesta de la creación de una sala especial para los miembros de la fuerza pública, con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales. Y se plantea que los miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, al cumplir cinco años de condena, podrán solicitar la libertad condicional. Aquí se exceptúan delitos sexuales, secuestro, entre otros.
“Las personas responsables de delitos de lesa humanidad no podrán ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular”, se lee por último en el borrador.
El procurador Fernando Carrillo pidió que “dejen trabajar a la JEP en paz”, en respuesta al borrador de referendo que presentó el fin de semana el expresidente Álvaro Uribe y que tiene como columna vertebral la idea de derogar este tribunal de paz.
En el marco de la rendición de cuentas de la exdirectora de la JEP, la magistrada Patricia Linares, el jefe del Ministerio Público señaló: “Alguien decía que si la JEP no existiera habría que inventarla, pero aquí está no solo inventada, sino consagrada en la Constitución. Algunos quieren destruirla, arrasando de paso con otro par de cortes. Gran paradoja, cuando en este momento lo que Colombia necesita es más justicia”.
Hizo alusión Carrillo a la propuesta lanzada por Uribe, que plantea derogar la JEP, convertir las altas cortes en una o dos cortes y reducir en 30% el tamaño del Congreso.
“La reforma de la justicia no puede consistir en la demolición del estado de derecho. Hoy Colombia necesita más justicia y no menos justicia. Colombia necesita más jueces, más desconcentración judicial, más descentralización, más acceso a la justicia, más justicia local y por supuesto más recursos”, señaló el titular del ente de control.
Defendió así mismo la labor que el tribunal de paz ha cumplido hasta ahora: “La JEP le está cumpliendo a la paz, pese a muchas dificultades, y ha hecho en tres años en materia de esclarecimiento de la verdad mucho más de lo que hizo la justicia ordinaria en 50 años. Sin la JEP, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas la paz estaría coja”.
Por ello, concluyó solicitando dejar a la JEP “en paz”: “Con la autoridad que nos da el no haber compartido algunas decisiones de la JEP y haber sido críticos leales de algunas de sus acciones, termino pidiéndole al país desde este escenario que deje trabajar a la JEP en paz”.
Y añadió: “Lo mínimo que se les puede exigir a los contradictores de la jurisdicción es lealtad en el argumento y no acudir a esos lenguajes bélicos del debate político que muchas veces han querido lesionar la integridad de la JEP”.
Un total de 12.617 personas, entre ellas exguerrilleros de las Farc, miembros de la fuerza pública y terceros se han sometido a la JEP, cuyo balance de tres años de gestión fue presentado a la Procuraduría.
En ese periodo la JEP ha tomado más de 33.400 decisiones judiciales y acreditado a 308.000 víctimas del conflicto armado, señaló en su balance la magistrada Patricia Linares, saliente presidenta de la JEP, cargo en el que la reemplazará Eduardo Cifuentes.
Linares entregó a la Procuraduría un documento con los avances que pese a las “dificultades” y “campañas de desprestigio” ha logrado el tribunal, creado por el acuerdo de paz.
“Nuestra tarea ha sido materializar y darle vía a una forma de justicia inédita en el mundo, tan esperanzadora como difícil y compleja”, dijo Linares sobre la JEP que desde 2018 ha abierto siete macrocasos sobre graves violaciones a los derechos humanos durante más de 50 años de conflicto armado.
La JEP además ha recibido las versiones de 736 comparecientes, de quienes Linares aseguró que esperan “una verdad plena que deberá ser detallada, exhaustiva, minuciosa, pródiga en detalles que alivie el dolor de las víctimas y dé vía a las certezas de una sociedad que ha vivido en las penumbras de la impunidad”.
Además de las 308.000 víctimas que se han acreditado en los siete macrocasos, la JEP ha recibido 463 informes sobre violaciones a los derechos humanos y al DIH.
