En La Guajira y Cesar hubo 538 casos de “falsos positivos”: JEP
En el Caribe el tribunal identificó el 7,3 % de las 6.402 víctimas que dejaron los casos ocurridos entre 2002 y 2008.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) determinó que por lo menos 6.402 fueron las víctimas de “falsos positivos” en el país entre los años 2002 y 2008, periodo en el que se reportó el 78% de los crímenes de este tipo ocurridos en el marco del conflicto.
La cifra fue revelada en medio del anuncio que hizo el tribunal de priorizar el caso 03 que trata sobre ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’ y que detalla que los crímenes se redujeron “drásticamente” en el 2009, pues se registraron 122 casos ese año, frente a las 792 víctimas reportadas en 2008.
Según la JEP, el 66% del total nacional de víctimas se concentraron en 10 departamentos, pero dio prioridad a la primera fase de la investigación en Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
A diferencia de otros casos investigados por la JEP, en el caso 03 la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba”, es decir, primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.
En la segunda fase de la investigación, la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
En la Costa
En la región Caribe la JEP identificó el 7,3% de los casos y tendrá prioridad la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el Cesar y el sur de La Guajira, “que corresponden a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa”. Aunque en total del período de tiempo priorizado (2002-2008) en ambos departamentos se registraron 538 casos.
El auto de la JEP señala que el análisis y la contrastación de los informes recibidos, relacionados con el caso 03 en Cesar y La Guajira, “le permitió a la Sala, en una primera fase, identificar las unidades militares involucradas en los hechos y las principales características de las víctimas”.
Según lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en su informe entregado a la JEP, Cesar es el tercer lugar de incidencia en la victimización del país, con un 7,7% de los casos analizados (correspondiente a 173 bajas cuestionadas) y La Guajira el noveno con 90 muertes cuestionadas, equivalentes a un 4%.
“La Primera División registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional y dentro de esta el Batallón de Artillería No. 2 concentró la mayor cantidad de casos investigados (166), que representan el 51% del total de la División, ocupando el puesto del batallón con mayor número de casos investigados en Ley 600 ante la Fiscalía, seguido por el Grupo Mecanizado Juan José Rondón con el 24% de las muertes”, dice la JEP.
El Batallón de Artillería No. 2 La Popa tiene jurisdicción en Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar y municipios del norte del Cesar.
Mientras que el Grupo Mecanizado Juan José Rondón tiene jurisdicción sobre los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, así como las zonas fronterizas de Maicao y Uribia en La Guajira.
Las víctimas
Destaca el tribunal que la Fiscalía pudo identificar 41 víctimas indígenas a nivel nacional, que corresponden al 2% de la totalidad de las víctimas. Sin embargo, 22 personas pertenecientes a las etnias kankuama, wiwa y wayuu, más de la mitad de las víctimas identificadas, fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado Juan José Rondón.
Asimismo, la Primera División reportó a la JEP que un 6% de las víctimas identificadas tenían alguna condición de discapacidad física o cognitiva.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el Grupo Mecanizado Juan José Rondón registra un alto número de víctimas mujeres con un 9% del total investigado.
“Los hechos presentados por las unidades adscritas a la Primera División relacionados con muertes ilegítimamente ocurridas en Cesar han llevado a la Fiscalía a adelantar 74 investigaciones contra 472 miembros de dichas unidades”, destaca el auto del tribunal.
Los “falsos positivos” son uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en el país, pues involucran a unos 1.500 militares, según la JEP, que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, reconocimientos y otros beneficios.
La JEP abrió el caso 03 después de recibir numerosos informes de fuentes como la Fiscalía, que había determinado que este fenómeno aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 en el que se determinó que las víctimas fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.
Por Miguel Barrios
Denys Pabón, madre de una de las víctimas de los ‘falsos positivos’ en el Cesar, indicó que con la prioridad que la JEP le va a dar a estos casos, espera que se sepa toda la verdad alrededor de este capítulo del conflicto en la región.
“A mi hijo lo mataron, le pusieron una reata, unas botas y un revólver, cuando nunca había tocado un arma; luego dijeron que fue asesinado por soldados en la margen derecha del río Guatapurí”, contó la mujer, al señalar que de aquello ya han pasado 13 años.
Sostuvo que su hijo Esneider Jair Pabón tenía 24 años cuando lo asesinaron. “Él salió de la casa el 7 de febrero de 2008, a trabajar como cobrador de una buseta de servicio público, pero no regresó. Después empecé a buscarlo por todos lados, hasta que me guiaron hasta donde un muchacho que lo había visto, le mostré la foto y me dijo búsquelo en la morgue. Me fui para allá, buscaron en un computador y me mostraron la fotografía de mi hijo muerto”.
“Fui al Batallón La Popa, hice todo lo posible, puse abogados; me reconocieron un pago, pero nada me devuelve a mi hijo, solo quiero que se diga la verdad de lo que pasó con él, era un muchacho sano, trabajador, y nos lo arrebataron”, precisó.
Ante la JEP fue presentado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ un informe que documenta 164 casos de ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008 en el Cesar.
El expresidente Álvaro Uribe respondió al anunció de la JEP y aseguró “que nunca ha eludido a la justicia”, por el contrario aseguró que durante su gobierno “se tomaron decisiones” para impedir que se siguieran presentando estos delitos.
“Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo de alguien dado de baja en combate permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FF. AA. y se esperara la llegada del representante del CTI de la Fiscalía”, aseguró el expresidente en un comunicado que difundió a través de su cuenta de Twitter.
Uribe destacó que “la Seguridad Democrática se hizo inobjetable a medida que acreditaba que protegía a todos los colombianos sin importar consideración diferente a la de ser ciudadano” y destacó: “No hay un solo militar que pueda decir que recibió de mi parte mal ejemplo o indebida insinuación”.
