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Hospital Materno Infantil de Costa Hermosa, Soledad.
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Colombia

El rastro paramilitar en los hospitales del Caribe

Víctimas del gremio de la salud esperan que se cuente la verdad sobre la desviación de recursos y alianzas políticas que le segaron la vida a muchos.

En el 98, las convivir visitaron San Onofre, cuando no sabíamos quiénes eran. Eran personas que no se metían con nadie, pero no sabíamos que eso era un estudio. Más tarde es cuando aparecen las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

Una enfermera, que no quiso identificarse, contó ante la Comisión de la Verdad que las autodefensas habían tomado el mando del Hospital de San Onofre. Para aquella época, agregó, los recursos que llegaban a la entidad de salud dejaron de ser entregados a los trabajadores y se convirtieron  en una inyección de la organización paramilitar.

Según cifras recopiladas por la Comisión de la Verdad, más de 27 instituciones, entre secretarías de salud, empresas promotoras de salud y hospitales estuvieron en manos de las autodefensas y de sus aliados políticos.

El rastro paramilitar en los hospitales del Caribe conllevó a una crisis hospitalaria, despojó a cientos de niños y niñas y de personas en general del derecho a la salud. Bañó con sangre la región y fue borrando del mapa a los promotores de salud y a funcionarios que hacían control del sistema.

Fue quedando así, en los departamentos de la Costa, una huella paramilitar. Alias Jorge 40 fue el principal comandante responsable de la alianza parapolítica que intercambiaba votos y puestos gerenciales en los hospitales del Caribe.

También suenan en estos casos  alias El Médico y alias Juancho Dique. Y la lista de políticos, aliados del paramilitarismo, incluye personas como Álvaro Ahston,  Álvaro Araujo Noguera y Dieb Maloof Cusse. De igual forma, este pacto se selló con el sector empresarial. Uno de los nombres más sonados es el de Enilse López Romero, ‘La Gata’, la exempresaria de apuestas. 

Desviación de recursos

En el marco de un acto de reconocimiento por el impacto del conflicto armado en la salud, la Comisión de la Verdad documentó que diferentes partidos políticos han sido relacionados con el uso de recursos de salud para la guerra. “Esto incluye la compra de votos y la apropiación de cargos públicos”.

La Comisión de la Verdad precisó, en este sentido, que casos como el Hospital Materno Infantil de Soledad vincularon a alcaldes, congresistas y paramilitares del Frente José Pablo Díaz de las AUC, lo que constituyó un hecho emblemático “que el país debe conocer a profundidad”.

“La salud en el Materno Infantil, por ejemplo, no tiene contabilidad del 2004 hacia abajo. O sea, ellos inmediatamente ingresaron al departamento y se acentuaron en el municipio de Soledad empezaron a hacer y deshacer con la renta del Estado”, indicó Javier Bermúdez, líder sindical y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) seccional Atlántico, durante el acto de reconocimiento que se llevó a cabo el pasado jueves.

Miguel Serna, quien fue promotor de Salud en el municipio Agustín Codazzi (Cesar), refirió que los paramilitares llegaron a ocupar puestos públicos en secretarías de salud, así como en hospitales, por la alianza estratégica que tenían con políticos de la región.

“De pronto, llevábamos a nuestros enfermos y decían que no podían trasladarlos porque su EPS o carné no lo cubría y nos tocaba regresarnos con ellos a la casa. No daban los recursos, le llamaban el paseo de la muerte porque incluso se morían dentro de la ambulancia”, lamentó.

La Comisión de la Verdad detalló que, entre el 2000 y el 2010, los siete departamentos de la Región Caribe fueron sometidos por la parapolítica “que usó los recursos de la salud para la compra de votos y el fortalecimiento de los actores armados con dinero y  cargos públicos en hospitales”.

“Cuando venía la plata que nosotros pensábamos que supuestamente nos iban a pagar, llegaban a recogerla en una mochila y todos mirábamos que ya el dinero iba para una organización. Nosotros nos quedábamos ahí. Pasaba un mes, pasaba otro mes, hasta siete y ocho meses sin pagarnos un peso”, denunció otra enfermera, que no quiso dar su nombre, ante el ente del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La persecución

Contra la Misión Médica en el Caribe, entre 1977 y 2019, se registraron 298 infracciones; 214 casos de violencia sociopolítica en salud, que incluye afectaciones a promotores rurales en salud y solo la violencia antisindical dejó un  saldo de 141 casos, según información recopilada por la comisión.

Cesar es el departamento con mayor número de infracciones a la Misión Médica, con 87 casos, y le sigue Atlántico con 60l, Magdalena, con 51, Sucre con 36, Córdoba con 32, Bolívar con 20, y La Guajira con 12.

Así mismo, entre 2001 y 2006 se evidenciaron amenazas contra la vida y la integridad personal contra 99 miembros de equipos directivos de instituciones de salud.

12 asesores, afiliados, directivos y colaboradores de esta organización (Sena) fueron asesinados durante la expansión paramilitar en el Caribe porque ellos descubrieron esos mecanismos de financiación de los paramilitares”, aseguró Hernán Pedraza, odontólogo y entonces director del Fondo de Empleados del Sena.

Sumado a ello, el personal de la salud también fue víctima de la violencia sociopolítica y antisindical. En total, se registraron 192 casos en la región, entre 1977 y 2019. De estos, 141 fueron ataques dirigidos en contra de los sindicatos de la salud.

“La violencia sindical del periodo, que según la Escuela Nacional Sindical concentró el mayor número de homicidios y amenazas contra la vida en trabajadores sindicalizados de Atlántico  y  Bolívar, entre 2001 y 2006,  se da en un momento en el que el sindicalismo está reclamando por las reformas de los hospitales del ISS, y otros hospitales, como el de San Onofre, y por las denuncias respecto del uso de los recursos para la salud”, especificó la Comisión de la Verdad.

Pedraza mencionó a Luis Torres y Óscar Santiago, quienes fueron asesinados en Barranquilla, ambos eran colaboradores del Fondo de Empleados del Sena y pertenecían al sindicato Anthoc.

“Del Sena fueron asesinados Carlos Peralta y Hugo Palacios; Nelson Cotes, de la Dian; Rubén Serje Thomas, de la Contraloría. Fueron asesinados porque, en razón de sus funciones, en sus entidades fueron enviados a hacer una auditoría y controles de impuestos a entidades que terminaron siendo empresas de fachada del Bloque Norte. Por eso los asesinaron”, anotó.

Siguen esperando verdad

Las heridas del rastro de la parapolítica en el Caribe siguen sin sanar. Como en casi todos los hechos victimizantes, quienes los sufrieron piden verdad, justicia y garantías de no repetición.

Con el acto del pasado jueves, la Comisión de la Verdad reconoció los impactos que la guerra le propinó al gremio de la salud.

Pero Miguel Serna, por ejemplo, le reclama a los victimarios el respeto que merecen como personas. A este promotor de la salud le tocó huir del territorio, fue amenazado, a su madre la golpearon y ultrajaron y el proyecto de promoción  de la salud terminó.

“No odio a nadie, pero merecemos respeto. Es muy triste vivir así, todo se acabó, esta es la experiencia más triste que le puede pasar a un promotor de salud. Con estas lágrimas, les digo que hay un perdón, cometieron errores porque le quitaron el proyecto de vida a muchas familias y la paz no se construye quitando, se construye dando”, expresó.

Por su parte, el presidente de la CUT Atlántico señaló que alias Don Antonio y la estructura del Frente José Pablo Díaz no han dicho ni siquiera el 10% de la verdad frente al tema del Materno Infantil y de las muertes y masacres. Él sigue esperando que el país conozca la verdad de lo que ocurrió y se sepa todo lo relacionado con la “peor masacre” que propició la parapolítica en el Caribe: quitarle a la comunidad los recursos de la renta del Estado y a los niños los recursos de la salud. “Eso es un delito de lesa humanidad”, sentenció.

Se estima, según datos recopilados por la Comisión de la Verdad, que entre el 2000 y 2010 unos 530 mil millones de pesos, de recursos asignados para la salud, quedaron en manos de los paramilitares.

Hoy muchas de esas comunidades a las que les negaron el derecho a la salud, por la violencia paramilitar, desconocen lo que sucedía en el interior de estas entidades de salud.  El rastro paramilitar también mató a muchas personas que jamás fueron atendidas y que, de no contarse la verdad, sus familias jamás se enterarán de que la parapolítica fue quien les segó la vida.

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