El Heraldo
Colombia

El ‘patatús’, la curiosa enfermedad que surge tras una orden de captura

Varias personas sufrieron desvanecimientos cuando iban a ser arrestadas, al ser señaladas de la comisión de diferentes delitos. Abogados dan sus conceptos sobre el caso.  

Se ha vuelto casi costumbre que políticos, jueces y congresistas, entre otros funcionarios y particulares que se han visto inmersos en la presunta comisión de delitos como prevaricato, abuso de confianza, homicidio o corrupción, entre otros, se enfermen al momento de sus capturas y tengan que ser llevados, no a establecimientos de reclusión, sino a centros de salud.

Al momento de hacer efectivas las órdenes judiciales, los agentes de Policía Judicial, tanto del CTI como de la Sijín, se han encontrado con que a los sindicados les ha dado lo que popularmente se conoce como un ‘patatús’, que casi siempre es un desvanecimiento.

Si bien hay quienes consideran que se trata de una estrategia para evadir los barrotes de una celda, los señalados y sus defensores dicen que se trata de una consecuencia normal, previsible del procedimiento judicial.

El más reciente caso es el del abogado sucreño Emilio Tapia, capturado este lunes por el escándalo de contratos de 70 mil millones de pesos en Mintic.

Tapia ingresó a la urgencia de la Clínica Misericordia, la tarde de este domingo por una crisis de hipertensión. 

Estos son algunos de los casos más sonados en el país.

Juan Gómez Cerchar 

Conocido como ‘Kiko’ Gómez, el exgobernador del departamento de La Guajira fue capturado el 11 de octubre en Barrancas, La Guajira, su pueblo natal, durante la celebración del Festival y Reinado del Carbón.

El día de su captura hubo revuelo en esa población guajira, ya que unos 150 seguidores intentaron evitar el arresto del entonces gobernador, ayudados por varios policías. Tras ser detenido, ‘Kiko’ Gómez fue trasladado en una ambulancia hasta Valledupar, donde fue recluido en una clínica por supuestos quebrantos de salud.

Dos días después fue trasladado a Bogotá, donde fue procesado por el delito de concierto para delinquir agravado.

En su momento, la Fiscalía informó que la orden de captura se tomó con base en suficientes indicios para establecer la relación de Gómez Cerchar con la banda criminal dirigida por Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, y el desaparecido Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, dirigido por alias Jorge 40 y Salvatore Mancuso.

‘Kiko’ Gómez se encuentra pagando una condena de 55 años de prisión por los homicidios de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz, y su conductor, Wilfredo Fonseca, pena que le impuso el juez 8 Especializado de Bogotá en enero de 2017.

Abelardo Andrade Meriño

El exjuez 22 civil municipal de Barranquilla Abelardo Tercero Andrade Meriño fue vinculado a una investigación por la libertad que concedió el 13 de abril de 2015 mediante un hábeas corpus al exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar. 

Según el fallo de Andrade, Gómez estuvo detenido durante 198 días en la cárcel La Picota, en Bogotá, por lo que se vencieron los términos (120 días) para que la Fiscalía definiera su situación jurídica. 

El 23 de abril del mismo año, Andrade fue capturado por agentes del CTI en el barrio Betania, en el norte de Barranquilla, señalado por la fiscal de liderar un ‘cartel de libertades’. Tras su detención, el entonces juez fue trasladado en ambulancia por agentes del CTI a la Clínica Jaller, por presentar problemas cardíacos.

Allí un fiscal legalizó su captura y le imputó los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública, y un juez le dictó medida de detención domiciliaria. Posteriormente Andrade Meriño fue remitido a la Clínica Iberoamericana, donde le fue practicado un cateterismo.

El 6 de mayo del mismo año Andrade Meriño salió de la clínica, luego de recibir el alta médico.

Empero, en junio de 2015, el entonces juez fue condenado a 10 años de cárcel por la sala penal del Tribunal Superior de Barranquilla,por las irregularidades que cometió al ordenar un embargo de $329 millones al Instituto de Seguros Sociales (ISS) en liquidación.

Posteriormente, en julio de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años y 3 meses de prisión al entonces juez  22 civil municipal, Abelardo Tercero Andrade Meriño, por fallar una tutela contra la Dian que era improcedente. Meriño fue hallado penalmente responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.

Levith Rúa Rodríguez

El 15 de diciembre de 2017 el Atlántico y el país entero se conmovieron con la noticia del hallazgo del cuerpo decapitado de la joven estudiante del Sena Gabriela Andrea Romero Cabarcas, de 18 años, quien se encontraba desaparecida desde el 24 de noviembre del mismo año.

El cuerpo de la joven fue hallado por las autoridades en una trocha de Malambo, en avanzado estado de descomposición. 

Por el hecho y tras labores de investigación, un día antes había sido capturado en un centro comercial del sur de Barranquilla, el expolicía Levith Aldemar Rúa Rodríguez, quien según investigadores judiciales, habría citado a la estudiante del Sena, el día de su desaparición,  con el pretexto de ofrecerle un trabajo.

Tras el arresto, la ‘Bestia del Matadero’, como se le conoce a Rúa Rodríguez, manifestó sentirse mal y se desplomó en el piso, como si se hubiera desmayado. 

El expolicía fue trasladado a un centro asistencial cercano. Allí un médico lo valoró y descartó que presentara cualquier afección, y diagnosticó que se encontraba en perfectas condiciones de salud.

Tras ser presentado en audiencia un juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.

En marzo de 2019, el Juzgado Primero de Conocimiento de Causas Mixtas condenó a Lebith Aldemar Rúa Rodríguez a 37 años de prisión, tras hallarlo responsable de los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y hurto calificado agravado.

Rafael Uribe Noguera
 
El 4 de diciembre de 2016 Yuliana Samboní, de 7 años, fue raptada en una camioneta frente a su vivienda ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Tras analizar los videos de las cámaras del lugar donde fue raptada la pequeña Yuliana, las autoridades lograron dar con el paradero del cuerpo de la niña, el cual fue hallado horas más tarde en un apartamento en el edificio Equus 66, en el barrio Nueva Granada, en el norte de Bogotá.

La Policía estableció que el apartamento estaba a nombre del arquitecto Rafael Uribe Noguera. De acuerdo con la Fiscalía, Uribe Noguera habría consumido una alta dosis de drogas y alcohol, al parecer tras cometer el homicidio de la menor y con el fin de ser internado en un centro clínico psiquiátrico, con el objetivo de evadir a las autoridades.

Luego de evaluar su estado de salud, los médicos diagnosticaron que Uribe Noguera no atravesaba ningún episodio psicótico.

Un juez lo condenó inicialmente a 51 años y nueve meses de prisión, pero el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena a 58 años y le ordenó cancelar 200 millones de pesos a la Nación como reparación a las víctimas.

Aida Merlano 

El 11 de marzo de 2018, agentes de la Sijín allanaron la sede política de la congresista por el Partido Conservador Aida Merlano Rebolledo, luego de recibir denuncias por supuesta compra y venta de votos.

El operativo de allanamiento se llevó a cabo en horas de la tarde en la calle 81B con carrera 64, barrio El Golf. Los uniformados incautaron nueve computadores, dos revólveres, una escopeta y una pistola; una sola arma de fuego contaba con el permiso para portarla.

También hallaron $268 millones. Según la Fiscalía, durante toda la campaña se habrían repartido más de $6.000 millones.

Asimismo decomisaron certificados electorales, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto y organigramas detallados de seguimiento y operación.

Tras analizar los elementos incautados, la Corte Suprema de Justicia ordenó capturar a Merlano, quien es investigada por los delitos como concierto para delinquir, corrupción al sufragante agravado, retención y posesión ilícita de cédula, y porte ilegal de armas.

Merlano se entregó a las autoridades el 9 de abril del mismo año. Dos días después se realizó la audiencia de indagatoria, la cual fue suspendida ya que la congresista aseguró que padecía de depresión y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Días después, el 19 de abril, la Sala de Instrucción 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviarla al centro de reclusión para mujeres El Buen Pastor.

El primero de octubre de 2019, la excongresista barranquillera se escapó del consultorio 318 del Centro Médico de la Sabana, en el norte de la capital del país, donde recibía un tratamiento de diseño de sonrisa.

Posteriormente, el 28 de enero de 2020, la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) capturó a Merlano en el sector de El Milagro, en Maracaibo, Venezuela, donde actualmente se encuentra.

El 29 de mayo de 2020, en decisión de segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia le rebajó la condena a la excongresista Aida Merlano, del Partido Conservador, de 15 a 11 años y cuatro meses, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Silvia Gette Ponce 

El 24 de agosto de 2015, el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá condenó a seis años y cinco meses de prisión a Silvia Betariz Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, por el delito de soborno, que le impuso en primera instancia, 

Según la Fiscalía, Gette y su entonces abogado Arcadio Martínez, condenado a la misma pena, le ofrecieron 500 millones de pesos al exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, para que cambiara la declaración en la que incriminó en 2011 a Gette Ponce en el homicidio del ganadero Fernando Cepeda e inculpara a su esposa María Paulina Ceballos como determinadora del hecho criminal.

En marzo de 2013 Gette Ponce tuvo que ser ingresada a la clínica La Asunción debido a una crisis hipertensiva, dificultad respiratoria y un cuadro cardíaco severo que sufrió al conocer que un juez le había revocado el beneficio de casa por cárcel que otro togado le había concedido con el argumento de que era cabeza de familia.

En abril del mismo año y tras encontrarse en la cárcel para mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, Gette Ponce fue trasladada a una clínica de Bogotá por presentar, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec  un “dolor opresivo en el pecho”.

Nuevamente en junio del mismo año la exrectora de la universidad Autónoma del Caribe fue internada en la clínica siquiátrica Santo Tomás, de Bogotá, debido a un estado de depresión aguda que sufrió.

Hay que recordar que el 29 de mayo de 2019, el Juzgado 11 Penal del Circuito de Barranquilla condenó a Gette Ponce a nueve años de prisión al hallarla penalmente responsable del delito de abuso de confianza calificado y agravado.

La investigación contra la exrectora inició luego de que las directivas de la universidad la denunciaran por apropiarse en 2007 de un millón de dólares que salieron de las arcas de ese centro de educación superior.

Desde mediados de 2020, Gette Ponce goza del beneficio de prisión domiciliaria,  la medida, en principio, se debió al estado antinatural de la covid-19, que está padeciendo todo el mundo, hecho que ha generado expedición normas en busca de garantizar el derecho a la vida de todas las personas.

En cuanto a la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, en la que concedió por vía de ‘Habeas Corpus’ un derecho de la libertad y mantenerla en prisión domiciliaria, por el proceso del crimen del ganadero Fernando Cepeda Vargas, en agosto de 2003, la defensa sostiene que  “es un derecho que se da por haber transcurrido el término señalado por ley para empezar el juicio oral. Situación jurídica indiscutible dentro de tal proceso”.

Gustavo Malo 

El 13 de agosto pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de cárcel al exmagistrado Gustavo Malo Fernández, quien era procesado por el escándalo de corrupción denominado como ‘Cartel de la toga’, del que Malo hizo parte, de acuerdo con las autoridades.

Malo Fernández era investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes luego de las declaraciones del senador Musa Besaile, quien dijo haber pagado al abogado y al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, para frenar una orden de captura en su contra.

Desde el 27 de septiembre de 2017, el exmagistrado malo dejó de asistir a la Corte Suprema de Justicia e incluso presentó seis incapacidades médicas, argumentando problemas de salud.

La primera la presentó el 30 de noviembre de 2017 cuando estuvo incapacitado por el término de 20 días a causa de una hernia. El 13 de enero de 2018, regresando de la vacancia judicial, llegó a la Corte la segunda incapacidad médica por psiquiatría con trastornos de adaptación. El 2 de febrero de 2018 la EPS Colsanitas volvió a concederle una incapacidad por 20 días por el mismo síntoma.

El 27 de febrero del mismo año, nuevamente la Corte Suprema de Justicia recibió una nueva incapacidad por otros 20 días debido a un “episodio depresivo moderado” que padecía el exmagistrado Gustavo Malo.

A dichas incapacidades se suma una licencia no remunerada que Malo solicitó el primero de octubre de 2017 y un permiso para una cita médica del 23 de febrero del mismo año.

Finalmente, el exmagistrado Gustavo Malo se presentó a la audiencia el pasado 2 de abril de 2018 y la Sala Extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia lo suspendió del cargo mientras se avanzaba en el proceso en su contra.

Enilce López

En 2013, pocos meses después de que Enilce López fuera condenada a pagar 37 años de cárcel por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, la exempresaria del chance comenzó a sufrir supuestos quebrantos de salud que no le permitían ingerir alimentos. Sus abogados denunciaron en su momento que López pesaba 38 kilos. 

A raíz de esto, un informe de Medicina Legal le permitió pagar la condena desde su lujosa casa en el norte de Barranquilla. Además podía transportarse hasta clínicas de la ciudad a recibir tratamientos por la presunta desnutrición y depresión que la aquejaba. Este beneficio le fue revocado posteriormente y López estuvo recluida en una habitación del Cari en Barranquilla durante más de dos años.

La saga por el lugar donde debe pagar la condena Enilce López continúa, ya que el pasado diciembre, un juez de ejecución de penas tomó la decisión, basándose en un dictamen de Medicina Legal, de enviar nuevamente a López a pagar la condena en su casa.

“Entran en una depresión de forma inmediata”

Abogados penalistas consultados por EL HERALDO, señalaron al respecto que cuando suceden estos casos siempre debe estar presente Medicina Legal, entidad que debe decir cuál es el dictamen de la persona, si padece o no algún tipo de enfermedad.“Todo eso es emotivo, hay que entender que de pronto una persona comete un delito y puede tener una actitud completamente diferente al momento de ser capturada, entra en una depresión de forma inmediata”.

Según los expertos, “hay muchas veces que el sistema se presta para que los que hacen las cosas conscientemente se aprovechen de situaciones para salir libres”.

“Esa es la peculiaridad, pero nosotros, como no somos médicos sino abogados, tomamos bajo guía el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal que dice que la medida intramural podrá sustituirse en el lugar de su residencia cuando la persona esté enferma, previo dictamen oficial, es decir, que Medicina Legal, mediante una valoración diga si la enfermedad que tiene esa persona es compatible o no con la medida intramural”.

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