Colombia

No compartimos los criterios de la Corte pero acataremos las órdenes: Archila

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, respondió ante la declaratoria del estado de cosas inconstitucional por los crímenes contra ex-FARC.

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dijo este viernes en rueda de prensa en la Casa de Nariño que aunque el Gobierno no comparte los "criterios" de la Corte Constitucional al declarar el pasado jueves el estado de cosas inconstitucional por los crímenes contra los desmovilizados de las antiguas Farc, sí acatará las "órdenes" del alto tribunal guardián de la Carta Política.

"El compromiso del Gobierno con el proceso de implementación y con la seguridad de los excombatientes ha estado desde el primer día y es un esfuerzo en el que no nos vamos a fatigar. Ese proceso se viene adelantando y debía darse con la existencia del Clan del Golfo, el Eln, Los Pelusos y Los Caparros, Todos estos grupos preexistían a la firma del acuerdo, así que administrar ese procedimiento es lo que hemos venido realizando", señaló el funcionario.

Reiteró que el de La Habana es el proceso de desarme donde menos afectaciones ha habido por cada mil personas reincorporadas: "En el proceso de paz con las AUC ha habido 11 muertos por cada mil personas y en este caso ha habido 2 de ellos por cada mil personas, aunque deberían ser cero. Desde 2018 hemos reducido en un 30% las afectaciones que hay contra los excombatientes y nuestro objetivo es cero".

Por ello advirtió Archila: "No compartimos los criterios que han llevado a la Corte" a tomar la decisión anunciada el pasado jueves con una votación de cinco a cuatro magistrados, tras el estudio de cinco tutelas de desmovilizados.

Agregó el consejero que Colombia "no es un país que tolere la impunidad y la unidad de la Fiscalía que investiga los crímenes contra los excombatientes es 50% más efectiva que el resto de las unidades de la Fiscalía: hay más de 50 sentencias condenatorias y hay 171 personas condenadas como autores materiales e intelectuales".

Frente a la solicitud expresa del alto tribunal de aumentar el presupuesto de la protección para los exguerrilleros, afirmó que "en la UNP pasamos en tres años de $55 mil millones en la protección de los excombatientes a más de $250 mil millones anuales, y pasamos de 600 hombres a más de 1.800 de estos esquemas".

No obstante, garantizó Archila que "serán acatadas juiciosamente las órdenes de la Corte".

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