Un triunfo para las víctimas del genocidio contra la UP
Sectores políticos, militantes de la Unión Patriótica y el Gobierno nacional celebraron la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conozca las sanciones contra Colombia.
La espera por fin terminó. La dolorosa verdad salió a flote desde Costa Rica y muchas víctimas ya respiran aires de justicia. “Te cumplí, te cumplimos”, señaló María Eugenia, viuda de José Antequera, dirigente asesinado el 3 de marzo de 1989, tras recibir la sentencia contra el Estado Colombiano por el genocidio a la Unión Patriótica.
Un exterminio de un partido político de izquierda que representó el asesinato de 2 candidatos presidenciales, 9 parlamentarios, 11 diputados, 70 concejales y cerca de 6.000 dirigentes y activistas asesinados. Uno de los acontecimientos más lamentables y dolorosos de la historia colombiana.
La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, la cual perduró por más de dos décadas y se extendió a gran parte del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados, entre otros.
El Tribunal recordó que la UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno nacional.
En la sentencia indicó que como consecuencia del rápido ascenso en la política nacional, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares y sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la Unión Patriótica.
A partir de entonces, comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la UP.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad.
Así las cosas el Estado fue conminado a realizar una serie de acciones para reparar a las víctimas y honrar la memoria de los dirigentes políticos asesinados.
El Tribunal solicitó efectuar una búsqueda para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce.
También brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten.
Asimismo, el Estado colombiano deberá instaurar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuar actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos; construir un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunciaron que el Gobierno examinará en profundidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH).
“El Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más (...) Este gobierno apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad”, dijo el mandatario.
“Hoy es el día de la Justicia. Recibimos el fallo final de la Corte Interamericana de DD. HH., contra el que no procede apelación. El Estado ha sido condenado por el exterminio de la Unión Patriótica”, dijo Aída Avalla, una de las figuras de la UP más relevante en la política nacional.
También en diálogo con EL HERALDO el senador Iván Cepeda indicó que esta sentencia tiene un carácter histórico. “Se constituye en un triunfo para las víctimas que han peleado por más de tres décadas para lograr que hoy la Corte selle definitivamente con una decisión histórica la responsabilidad del Estado”.
Por su parte, Gabriel Becerra indicó: “Recibimos la gran noticia de la condena del Estado por el genocidio político perpetuado. Seguiremos luchando para que se cumpla lo dictaminado por la Corte IDH en materia de justicia, reparación y no repetición”.
