Caso Hidroituango: Contraloría confirma fallo fiscal por $4,3 billones

E igual se confirmó la desvinculación de otras pólizas.

"Para la Contraloría, en este caso se produjo una destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de más de $3.1 billones y se originó un lucro cesante superior a $1.1 billones", se lee en el comunicado.

El fallo fue proferido en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018.

El fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.

Las 26 personas naturales y jurídicas responsables fiscales son federico Restrepo, miembro junta directiva; Juan Calle, gerente EPM; Alejandro Granda, miembro junta directiva; Fabio Salazar, ex alcalde de Medellín; Álvaro Villegas, miembro junta directiva; Sergio Betancur, miembro junta directiva; Álvaro Vásquez, miembro junta directiva; Ana Moreno, junta directiva; Iván Pérez, junta directiva; Jesús Aristizábal, junta; Luis Gómez, gerente Hidroituango; John Maya, gerente Hidroituango; Luis Vélez, gerente EPM; María Ramos, junta; Rafael Nanclares, junta; Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia; Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia; Integral, asesores; Integral Ingeniería -que absorvió Solingral- y Camargo Correa, constructores principal; Conconcreto, Coninsa Ramón H, Ferrovial Agroman Chile, constructores túneles; Sainc e Ingetec, interventores y Sedic.

También se confirmó la decisión de fallo sin responsabilidad fiscal a favor de Aníbal Gaviria y Jorge Pérez.

Además, la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria revocó en grado de consulta la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre y, en consecuencia, la declaró como tercero civilmente responsable, haciendo efectiva la Póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362.

Y se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable de Suramericana, haciendo efectiva la Póliza No. 0475631-1 de Responsabilidad Civil para Directivos y Administradores.

"De esta manera, mediante el Auto No. ORD-801119- 263 -2021 de 25 de noviembre de 2021, se resolvió en grado de consulta y apelación la decisión de primera instancia contenida en el Auto No. 1413 de 3 de septiembre de 2021, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción", se lee en el comunicado.

Señaló el ente de control fiscal que "las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que, a través de una sucesión de hechos concatenados, conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado, consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto Hidroituango en cuantía de  $3,1 billones como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público".

Dichas circunstancias, agrega, conllevaron a que se implementaran "planes consecutivos de aceleración, contingencia y/o recuperación de tiempos. lo que a su vez generó mayores inversiones durante el desarrollo de todo el proyecto". 

Del mismo modo, cuestiona, la pérdida de los recursos invertidos en la hidroeléctrica generó una merma en los recursos del Estado, como consecuencia del lucro cesante en cuantía de $1,1 billones por la no entrada en operación en la fecha programada. 

Estas dos cifras sumadas indican que la cuantía total del daño fiscal determinado es de $4,3 billones.