En el marco del seminario '4 años del Acuerdo Final de Paz con las Farc y el Sistema de Justicia Transicional en Colombia', de la Universidad del Norte, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aseguró ayer que 'no es posible derogar el acuerdo de paz ni la JEP' y advirtió que los ataques que le hacen a este tribunal de paz generalmente 'son para la galería política'.
'La JEP ha tenido todas las dificultades normales en un proceso de esta naturaleza, para mucha gente es difícil incluso entender el concepto de justicia transicional y muchos con interés político usan eso para socavar la justicia transicional y debilitar el proceso', dijo el exmandatario al inicio del foro.
'Es muy fácil decir ‘aquí hay impunidad porque los responsables de crímenes atroces no van 40 años a la cárcel’, pero eso niega el propósito de la justicia transicional, entonces el proceso de paz y en especial la JEP han estado sometidos a los ataques y se les olvida que la justicia transicional se creó para resolver los conflictos armados', consideró.
Santos se pronunció en este sentido un par de semanas después de que el expresidente Álvaro Uribe hubiera publicado un borrador de referendo para reformar aspectos estructurales de la justicia del país y que buscan, entre otros asuntos, acabar con la JEP.
Además, dijo que está de acuerdo con que los exjefes paramilitares, como lo han solicitado, 'digan la verdad ante la JEP y ante Colombia, para hacer catarsis'.
Por último, destacó en el actual gobierno la labor del consejero para la Estabilización, Emilio Archila: 'Archila ha tenido una buena voluntad de implementar los acuerdos y ahí va a tener el apoyo de todos los colombianos. La implementación de los acuerdos les conviene es a los colombianos, la paz nos conviene a los colombianos'.
'Hay una oportunidad'
En el siguiente panel, Archila reconoció que en los acuerdos hay propósitos 'que debieron ser abordados desde hace años con o sin acuerdos'.
Puso de presente que la gestión que se hace de implementación es estatal y no solo gubernamental: 'El logo que usamos para los PDET no distingue al Gobierno, sino a todos los que trabajamos para la implementación'.
Señaló el funcionario que 'los temas de las víctimas, los excombatientes, los PDET, la sustitución y el desarrollo rural no se van a lograr en cuatro años', por lo que planteó: 'En todos los procesos fracasamos porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo durante el tiempo que se necesitaba. Debe hacerse durante 15 años, tres administraciones presidenciales seguidas, y tenemos una oportunidad como país ahora'.
Advirtió de cara a las elecciones de 2022 que 'la campaña presidencial no puede basarse en que ‘estos no lo han hecho y nosotros sí lo vamos a hacer’'.
Y habló de tres temas fundamentales que se abordan en la implementación: 'Hemos reiterado en el gobierno del presidente Iván Duque la decisión política de que vamos a cumplir, lo segundo es que el presidente ha pedido que hagamos planeaciones de largo plazo y no de mangos bajitos y necesitamos un número de logros que hagan a diciembre de 2021 que el proceso sea irreversible'.
'Decisiones en 45 días'
En otro aparte del seminario, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, anunció que dentro de los próximos 45 días empezarán a producirse las resoluciones del tribunal de paz estableciendo hechos y conductas perpetradas por los distintos actores del conflicto armado colombiano.
'Con esto el trámite de estos primeros siete macrocasos va a dar cuenta ante el país de una jurisdicción que está en su plenitud', aseveró.
Se quejó Cifuentes de que la labor de la JEP se pudo ver ralentizada con vaivenes legislativos al comienzo de su operación: 'La ausencia de una ley estatutaria afectó a la JEP, las objeciones presidenciales demoraron indebidamente el proceso de alistamiento normativo de la JEP'.
Sin embargo, envió un mensaje de tranquilidad sobre la estabilidad del sistema de justicia transicional: 'Aquí confluyen dos vientos buenos que efectivamente hacen que este marco de la JEP pueda avanzar y llegar al puerto que señala su signatura constitucional. El acuerdo de paz refleja el derecho internacional público, y no cabe el menor retroceso, son principios modulares. Frente a eso estas distopías del Centro Democrático no tienen ningún efecto. La segunda corriente está anclada en la Constitución de 1991, que no hizo otra cosa que configurar el bloque de constitucionalidad que señala que hay aspectos de una constitución que son irreformables, como es el derecho y el deber de la paz'.
El seminario
