“Ataques a la JEP son para la galería política”
En el foro de Uninorte sobre los 4 años del acuerdo, el expresidente Juan M. Santos dijo que el tribunal de paz no puede ser derogado.
En el marco del seminario “4 años del Acuerdo Final de Paz con las Farc y el Sistema de Justicia Transicional en Colombia”, de la Universidad del Norte, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aseguró ayer que “no es posible derogar el acuerdo de paz ni la JEP” y advirtió que los ataques que le hacen a este tribunal de paz generalmente “son para la galería política”.
“La JEP ha tenido todas las dificultades normales en un proceso de esta naturaleza, para mucha gente es difícil incluso entender el concepto de justicia transicional y muchos con interés político usan eso para socavar la justicia transicional y debilitar el proceso”, dijo el exmandatario al inicio del foro.
“Es muy fácil decir ‘aquí hay impunidad porque los responsables de crímenes atroces no van 40 años a la cárcel’, pero eso niega el propósito de la justicia transicional, entonces el proceso de paz y en especial la JEP han estado sometidos a los ataques y se les olvida que la justicia transicional se creó para resolver los conflictos armados”, consideró.
Santos se pronunció en este sentido un par de semanas después de que el expresidente Álvaro Uribe hubiera publicado un borrador de referendo para reformar aspectos estructurales de la justicia del país y que buscan, entre otros asuntos, acabar con la JEP.
Además, dijo que está de acuerdo con que los exjefes paramilitares, como lo han solicitado, “digan la verdad ante la JEP y ante Colombia, para hacer catarsis”.
Por último, destacó en el actual gobierno la labor del consejero para la Estabilización, Emilio Archila: “Archila ha tenido una buena voluntad de implementar los acuerdos y ahí va a tener el apoyo de todos los colombianos. La implementación de los acuerdos les conviene es a los colombianos, la paz nos conviene a los colombianos”.
“Hay una oportunidad”
En el siguiente panel, Archila reconoció que en los acuerdos hay propósitos “que debieron ser abordados desde hace años con o sin acuerdos”.
Puso de presente que la gestión que se hace de implementación es estatal y no solo gubernamental: “El logo que usamos para los PDET no distingue al Gobierno, sino a todos los que trabajamos para la implementación”.
Señaló el funcionario que “los temas de las víctimas, los excombatientes, los PDET, la sustitución y el desarrollo rural no se van a lograr en cuatro años”, por lo que planteó: “En todos los procesos fracasamos porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo durante el tiempo que se necesitaba. Debe hacerse durante 15 años, tres administraciones presidenciales seguidas, y tenemos una oportunidad como país ahora”.
Advirtió de cara a las elecciones de 2022 que “la campaña presidencial no puede basarse en que ‘estos no lo han hecho y nosotros sí lo vamos a hacer’”.
Y habló de tres temas fundamentales que se abordan en la implementación: “Hemos reiterado en el gobierno del presidente Iván Duque la decisión política de que vamos a cumplir, lo segundo es que el presidente ha pedido que hagamos planeaciones de largo plazo y no de mangos bajitos y necesitamos un número de logros que hagan a diciembre de 2021 que el proceso sea irreversible”.
“Decisiones en 45 días”
En otro aparte del seminario, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, anunció que dentro de los próximos 45 días empezarán a producirse las resoluciones del tribunal de paz estableciendo hechos y conductas perpetradas por los distintos actores del conflicto armado colombiano.
“Con esto el trámite de estos primeros siete macrocasos va a dar cuenta ante el país de una jurisdicción que está en su plenitud”, aseveró.
Se quejó Cifuentes de que la labor de la JEP se pudo ver ralentizada con vaivenes legislativos al comienzo de su operación: “La ausencia de una ley estatutaria afectó a la JEP, las objeciones presidenciales demoraron indebidamente el proceso de alistamiento normativo de la JEP”.
Sin embargo, envió un mensaje de tranquilidad sobre la estabilidad del sistema de justicia transicional: “Aquí confluyen dos vientos buenos que efectivamente hacen que este marco de la JEP pueda avanzar y llegar al puerto que señala su signatura constitucional. El acuerdo de paz refleja el derecho internacional público, y no cabe el menor retroceso, son principios modulares. Frente a eso estas distopías del Centro Democrático no tienen ningún efecto. La segunda corriente está anclada en la Constitución de 1991, que no hizo otra cosa que configurar el bloque de constitucionalidad que señala que hay aspectos de una constitución que son irreformables, como es el derecho y el deber de la paz”.
El seminario
En la instalación del seminario, Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, dijo que “el hecho de que hoy estemos hablando de cuatro años de la firma de los acuerdos de paz me complace mucho, porque tuve dudas de si lo iba a ver algún día. (...) Soy cada vez más pacifista. En la guerra no hay buenos ni malos, esa visión es maniquea: todos los actores violan los derechos humanos y por eso es que no debe haber guerra”.
El foro se desarrolla hasta este miércoles y se realiza en conjunto con Harvard Kennedy School, Carr Center, con debates de figuras nacionales e internacionales.
Los interrogantes que plantea el seminario tienen que ver con el cumplimiento de lo acordado, la implementación de la justicia transicional, la visión de los expertos globales en justicia transicional y de quienes lideran la implementación.
Participan, además, Aníbal Fernández de Soto, ex viceministro; Diana Acosta, de la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard; Esmith Duarte Cano, excombatiente de las Farc; Gabriel Cifuentes, profesor de Derecho de la Uninorte; Humberto De la Calle, exjefe negociador; Laura Gil, analista política; Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la CPI; Óscar Naranjo, exnegociador, y Sandra Ramírez, senadora de la Farc, entre otros.
Tras la columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras publicada en el diario El Tiempo, en la que acepta la petición de perdón de los integrantes de la exguerrilla por los dos atentados en su contra, perpetrados en 2002 y 2005, el líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, exaltó “la grandeza y sentido de patria” del ex vicepresidente al poner “el interés general de todos los colombianos por encima de cualquier pretensión personal”.
En la columna, titulada ‘Las Farc’, Vargas Lleras califica la responsabilidad asumida por las Farc como un acto esclarecedor y de suma relevancia luego de 20 años de incógnitas alrededor. “Yo espero que en mi caso y en los demás se puedan conocer todos los detalles en profundidad. Cómo se decidió, planeó y ejecutó cada atentado”, reiteró, al tiempo que aseguró que será el perdón el único capaz de dejarle pasar la página de la violencia a los colombianos.
Asimismo criticó y señaló como actos en contravía con la aspiración de conocer la verdad los referéndums para eliminar la JEP y destituir al presidente Iván Duque: “No hacen más que seguir polarizando y agudizando tensiones”.
En este sentido, Timochenko planteó en una carta que “atendiendo a su solicitud”, una vez él y otros exguerrilleros sean citados a la JEP “estaremos prestos a entregar todos los detalles que poseemos con relación a los dos atentados de los que usted fuera víctima”.
Asimismo, subrayó que “el proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y tristes verdades de nuestro país. Sin ellas, cómo pretender seguir avanzando hacia nuestra reconciliación”.
La Comisión de la Verdad convocó al expresidente César Gaviria para que dé testimonio voluntario sobre varios temas del conflicto, incluidos el narcotráfico y la Constituyente de 1991.
El organismo señaló en un comunicado que el actual jefe del Partido Liberal aceptó la convocatoria para “contribuir con el proceso de esclarecimiento” en una sesión privada con los comisionados que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre.
La información agregó que durante su contribución se abordarán temas como la Asamblea Constituyente de 1991 y el narcotráfico, que durante la época de su Gobierno tuvo como principales protagonistas a los carteles de Cali y de Medellín.
Igualmente se tratará el “marco jurídico” de las cooperativas de seguridad privada “Convivir”, creadas por su Gobierno y consideradas el germen del paramilitarismo, y la apertura económica, una de las principales políticas que impulsó durante su mandato.
“Este aporte testimonial hace parte de los llamados públicos a contribuir con la verdad que hace la Comisión a diferentes protagonistas de la historia, del orden nacional y territorial. Gaviria es el segundo expresidente que acude a este llamado”, agregó la Comisión.
El 16 de octubre de 2019, el expresidente Ernesto Samper se convirtió en el primer exmandatario en presentarse voluntariamente a la Comisión.
Ese día, Samper expresó que tiene la convicción de que las víctimas del conflicto armado en Colombia necesitan conocer la verdad de lo sucedido e invitó a otros exmandatarios a acudir a la Comisión para dar su versión.
“He venido porque creo que nadie en Colombia tiene derecho a negarles a las víctimas del conflicto la verdad que ellos y nosotros necesitamos para reconciliarnos”, dijo entonces el expresidente liberal.
La Comisión forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye además la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
A ese órgano le corresponde la elaboración del informe final del conflicto, que en 50 años dejó en el país más de 8,5 millones de víctimas entre muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y desplazados que reclaman la verdad.
