Este lunes se cumple el plazo para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dé a conocer la decisión de Washington acerca de si certifica o no al gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de lucha antidrogas, con lo que el país del norte puede limitar o suspender la cooperación y asistencia, restringir créditos y comercio, congelar activos e imponer sanciones, con efectos en riesgo país, inversión, empleo, turismo y desarrollo social.
Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, el turismo podría perder hasta 1.000 millones de dólares anuales en divisas por eventuales alertas de viaje; la cooperación bilateral, que supera los 450 millones de dólares al año, estaría en riesgo de reducción o suspensión; el financiamiento multilateral se vería condicionado por bloqueos hasta el veto estadounidense en organismos multilaterales; y la inversión extranjera enfrentaría un aumento en el riesgo país de 150–200 puntos básicos, encareciendo el endeudamiento externo en 8–10% y presionando la inflación interna.
Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo a los medios en las últimas horas: “Aquí se ha llevado a cabo una lucha contra el narcotráfico de forma fehaciente, clara y transparente. (...) Yo estoy seguro de que tiene que venir la certificación. Si no viene, no es por nosotros. Sería un tema unilateral penoso. Las mafias serían las únicas que ganarían si eso pasara”.
Entre tanto, el representante demócrata de EE. UU., Gregory Meeks, envió una carta a Trump recordándole que Colombia en 2024 incautó casi 1.000 toneladas de cocaína, es decir el 65% de las incautaciones en el mundo: “Una descertificación de Colombia, sin amplias exenciones que permitan la continuidad de la asistencia estadounidense, pondría en peligro la seguridad nacional al fortalecer las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras, e impulsar la producción de coca y la actividad delictiva”.
Por su parte, la exministra de Ambiente y precandidata presidencial del Pacto Histórico, Susana Muhammad, le dijo a EL HERALDO que “evidentemente, tenemos un aumento de los cultivos, pero aquí la política ha cambiado: no se trata de golpear al campesinado, con el cual hay que pactar una transformación y hacer que el Estado Social de Derecho llegue a esos territorios y trabaje con ellos. Por eso necesitamos una fuerza pública aliada del Estado y no que termine corrupta por parte de los mafiosos. Al mismo tiempo, se necesita llegar a las organizaciones criminales. Pregunto: ¿dónde están los capos norteamericanos del narcotráfico?, ¿dónde están los rentistas del narcotráfico?, ¿y cuáles son los resultados en cuanto a la disminución del consumo en Estados Unidos?”.
Y el general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y exvicepresidente, dijo a la emisora W Radio que “estar descertificados significa estar en una lista de observación y habrá que ver cuál es el grado de esta misma; puede ser condicionada, que lo que hace es someter a una especie de monitoreo, de vigilancia y de escrutinio el comportamiento de Colombia, pero no afecta el presupuesto en las áreas sensibles de seguridad y lucha contra el narcotráfico”.
Y concluyó que es cierto que han aumentado las incautaciones, “pero en función del porcentaje de la producción total, está por debajo de lo que fue ese indicador en años anteriores”.
