La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras una auditoría a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) correspondiente a la vigencia 2024. El organismo de control estableció un hallazgo fiscal por $5.670 millones, luego de comprobar que varios aeropuertos del país operaban sin las licencias ambientales requeridas para garantizar la seguridad de los sistemas de agua potable y residual.
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El informe se centra en el contrato 22001380 02 H3 de 2022, firmado por la Aerocivil para garantizar el mantenimiento y la operación de plantas de tratamiento de agua potable, residual, potable e industrial en distintas terminales aéreas.
Sin embargo, la investigación reveló que este servicio se prestó sin los permisos ni autorizaciones exigidos por las autoridades ambientales competentes, un requisito indispensable en el manejo de recursos hídricos. Esta omisión no solo implica un posible detrimento patrimonial, sino también un riesgo directo para la salud de los usuarios y de las comunidades que habitan cerca de los aeropuertos.
La irregularidad fue detectada en diez terminales aéreos, entre ellos los de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón.
Riesgo para comunidades cercanas
El organismo de control explicó que la ausencia de licencias ambientales genera riesgos de contaminación en fuentes hídricas y afecta a poblaciones cercanas a los aeropuertos.
En el caso de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), es obligatorio contar con una concesión de aguas otorgada por la Corporación Autónoma Regional correspondiente. Lo mismo ocurre con las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que requieren un permiso de vertimientos para operar legalmente.
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Sin estas autorizaciones, la prestación del servicio vulnera la normatividad ambiental y pone en entredicho la salubridad de quienes transitan por las terminales o residen en sus alrededores.
Programas de infraestructura rezagados
La auditoría no solo encontró fallas en el manejo de los contratos ambientales. También identificó un rezago en la ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales en regiones apartadas (ASAES), una iniciativa prioritaria del Gobierno incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.
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El programa, diseñado para fortalecer la conectividad aérea en zonas apartadas, debía finalizar en mayo de 2025. Sin embargo, al cierre de 2024 apenas registraba un avance del 2,31 %, lo que, para la PGN, refleja claramente un bajo nivel de cumplimiento frente a las metas planteadas.
