La Fiscalía embargó y entregó este martes al Estado dos oficinas en Bogotá de una petrolera de origen francés acusada de financiar a grupos paramilitares a cambio de brindarles seguridad en sus pozos de extracción de crudo en el departamento de Casanare, en el este del país.
(Le puede interesar: Juicio Uribe: concluye la etapa de alegatos; veredicto se conocerá el 28 de julio)
Aunque la Fiscalía no reveló el nombre de la empresa, EFE pudo confirmar que se trata de Perenco, una compañía anglo-francesa del sector de hidrocarburos con presencia en 14 países, incluida Colombia desde 1993.
La Fiscalía informó en un comunicado que obtuvo ante un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre las dos oficinas, ubicadas en el centro financiero de la capital colombiana y valoradas en unos 10 millones de dólares.
(Vea aquí: Cancillería inicia proceso de empalme entre Laura Sarabia y Yolanda Villavicencio)
Los inmuebles fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, que los administrará con el fin de destinarlos a la indemnización de las personas afectadas por la violencia paramilitar en Casanare.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos tres exparamilitares desmovilizados del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia —una coalición de grupos armados de ultraderecha que entre 1997 y 2006 combatió a las guerrillas— señalaron a la empresa de haber financiado sus operaciones ilegales en la región.
(Lea también: ‘Inyectar recursos al sistema no es la gran solución’: superintendente de Salud)
La investigación señala que la compañía entregaba dinero, combustible, alimentos y transporte a los paramilitares a cambio de servicios de seguridad en sus pozos petroleros, lo que le habría permitido aumentar su patrimonio.
Para identificar los bienes embargados, la Fiscalía contó con información sobre la estructura y el control corporativo de la empresa, obtenida a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), de la cual Colombia hace parte.
(Le sugerimos: Cancillería admite que nuevo modelo de pasaportes no podrá iniciar el 1 de septiembre)
Las autoridades también aplicaron técnicas de análisis criminal y reunieron pruebas que, según el comunicado, demuestran que la financiación ilegal fue autorizada por las máximas instancias de la compañía.
Además, la Fiscalía recopiló información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de la empresa, material clave para sustentar la solicitud de medidas cautelares, que fue aprobada por el Tribunal Superior de Bogotá.
