Human Rights Watch fue una de las tantas organizaciones que se pronunciaron sobre el ‘decretazo’ de la consulta popular y lo calificó de “inconstitucional”.
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“La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del Senado es inconstitucional. Confiamos en las instituciones —Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría— que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo”, señaló en un comunicado, Juanita Goebertus, la directora de la organización para las Américas.
Ante esto, el presidente Gustavo Petro lanzó un duro cuestionamiento contra HRW rechazando su injerencia en el concepto constitucional del decreto.
“Oigan, respeten. La constitucionalidad, o no, es la decisión de una nación y un pueblo soberano, no de una organización extranjera”, aseveró el jefe de Estado.
Por su parte, Goebertus, en diálogo con Blu Radio, respondió que un acto inconstitucional “viola una obligación internacional de Colombia”, defendiendo el papel de HRW.
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En ese sentido explicó que “el presidente, con la firma de sus ministros, puede convocar una consulta pero debe tener el concepto previo favorable del Senado(...) serán las cortes quienes tomen una decisión, pero el llamado es que un acto abiertamente contrario a la Constitución colombiana es un atentado contra el Estado de Derecho y viola una obligación internacional de Colombia, en materia de separación de poderes y de garantía de la independencia judicial”.
Así mismo, la directora de la organización recordó que “Colombia está sometido a las obligaciones básicas de derechos humanos y ha participado en el desarrollo de derecho internacional basado en un estado de derecho que cree en la separación de poderes”.
