La Registraduría y el DANE, mediante las circulares conjuntas 001, 002 y 003 de 2025, autorizaron a parteras y parteros en algunos municipios de Nariño, así como a autoridades indígenas de ciertas comunidades del Amazonas, Magdalena y La Guajira para certificar los nacimientos ocurridos en sus territorios.
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“Mediante estas autorizaciones eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil”, explicó la directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
La idea es continuar garantizando el derecho a la identidad de personas pertenecientes a grupos étnicos, salvaguardar los saberes ancestrales asociados a la partería afro del Pacífico y reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del país.
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“En Nariño, las parteras y los parteros inscritos en la Asociación de Parteras La Cigüeña, de las veredas y comunidades de los municipios de Tumaco, La Tola, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco, podrán certificar los nacimientos que atiendan utilizando el formato de notificación de nacimiento para personas pertenecientes a grupos étnicos, expedido por el DANE con fines estadísticos y registrales”, se lee en el comunicado.
Así mismo, señala el reporte que “en Amazonas, la autorización fue otorgada a las autoridades indígenas de las comunidades adscritas al Consejo Indígena Territorio Mirití Amazonas (Citma): Santa Isabel, Jariyé, Mamura, Bellavista, Puerto Libre, Wakaya, Puerto Guayabo, Puerto Nuevo, Oiyacá, Puerto Castaño, Villanueva, Quebrada Negra y Puerto Lago, habitadas por las etnias indígenas yukuna, matapi, tikuna, letuama, tanimuka, makuna cabillari y yauna”.
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Y, finalmente, “las autoridades indígenas de la Organización Indígena Wiwa Golkushe Tayrona, de los departamentos de Magdalena y La Guajira, podrán certificar los nacimientos que tengan lugar en la comunidad a través del mencionado formato. Este documento acredita el nacimiento de una persona viva y sirve como antecedente para la inscripción en el registro civil durante los dos años siguientes al hecho”.
Manzano concluyó que “de esta manera, estas poblaciones podrán acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado”.
