Hace varios meses que los habitantes de Punta Roca, en el corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia, siguen en la constante lucha de que alguien les ampare su legítimo derecho a la propiedad privada.
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Y es que en el sector, según denuncian con insistencia, desde un tiempo para acá se vienen instalando varias prácticas nocivas para la comunidad, en especial para su buena convivencia.
Los problemas han transcurrido desde las fiestas con altos decibeles de ruido y pólvora en horas de la madrugada en las casas de eventos aledañas al sector, hasta hurtos debido a la oscuridad y soledad en las vías, pero llegando a lo más preocupante por la invasión de terrenos.
El pasado miércoles 19 de noviembre, la iniciativa ciudadana de la Veeduria ProSabanilla convocó a vecinos, empresarios del sector y representantes de las autoridades policivas y administrativas del departamento para socializar las denuncias de lo que ahí está sucediendo.
José Picalúa Ochoa, presidente de la veeduría y líder social del sector, fue la persona que convocó y citó a la concurrencia, bajo la gran preocupación de que la situación ya comienza a salirse de control.
“Se manifestaron algunos puntos de falencias que está adoleciendo el corregimiento Salgar, Sabanilla, Punta Roca y sus alrededores, entre ellos las invasiones de tierra”, enfatizó.
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El fenómeno de la invasión
El sector de Punta Roca, Sabanilla y Salgar en general es muy atractivo para la construcción de cabañas y conjuntos residenciales pequeños, pues su gran atractivo natural con las playas invita a que sea un espacio de relajación y descanso.
Por eso muchas personas han invertido durante años en terrenos para tenerlos listos cuando llegue la iniciativa de un proyecto, ya sea personal o por parte de una constructora.
Sin embargo, denuncian el actuar sistemático de un grupo de personas con cierto grado de organización y coordinación para entrar a poseer estos terrenos, saltando la valla y violentando candados, para luego iniciar una batalla jurídica.
Picalúa Ochoa explicó dónde podrían encontrar esos apoyos: “Los invasores lo que tratan en un principio es impresionar con documentos espurios, pero esto va asociado con el acompañamiento de funcionarios públicos, puede ser de la misma Administración municipal, inspectores de policía, abogados, terceros que participan en esta actividad delictiva con el propósito de perturbar la posesión y quedar ahí bajo un estatus que otorga el inspector de policía y empezar el litigio para desesperar al propietario del predio”.
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Episodios en aumento
Según los datos que maneja la Veeduría ProSabanilla, el fenómeno de las invasiones se ha disparado, con la complejidad de que hay muchos casos que no se denuncian.
“Este fenómeno se ha incrementado, es una modalidad delictiva que se asienta mucho en el municipio de Puerto Colombia. Hay un inventario bastante crecido, obviamente algunos no cumplen con su propósito porque el propietario le da frente. Que yo tenga conocimiento, hay como 50 aquí en el municipio. Puede haber muchos más que no han salido a la luz pública. Hay personas que no denuncian y prefieren perder”.
Una de las conclusiones llegadas al término de la reunión es que por el tipo de coordinación y capacidad económica para sostener las invasiones es muy posible que estructuras organizadas al margen de la ley estén financiando esta situación.
“Ya no serían personas sin hogar que en su desespero invaden un lote baldío. Yo pienso que son estructuras criminales que tienen músculo financiero y empiezan a ofrecer dinero a funcionarios públicos, a inspectores, y hasta algunos dentro de la misma autoridad de Policía”, apuntó Picalúa.
Daño al manglar
Una de las grandes preocupaciones de la comunidad ha sido que no solo es la invasión de tierras por sí misma, sino el impacto ambiental que adicionalmente se está viendo en la zona.
Uno de los vecinos asistentes, quien por seguridad prefiere no revelar su nombre, comentó: “Los invasores no solo van y se meten al terreno, sino que en su afán de apropiarse terminan talando mangles que nosotros no podemos ni tocar. Eso resulta en un daño grave para el ecosistema, no respetan nada”.
EL HERALDO consultó con Ayari Rojano, subdirectora de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la CRA, para explicaciones sobre el perjuicio de eliminar los árboles de mangle; “el manglar de la ciénaga de Los Manatíes cumple funciones ecológicas esenciales como la protección de la línea de costa frente a la erosión y tormentas, la regulación de la calidad del agua, la captura de carbono azul y el soporte de hábitats para especies marinas y estuarinas, sosteniendo la biodiversidad y los medios de vida de comunidades locales. Su deterioro compromete directamente la resiliencia ambiental y aumenta la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático, lo que hace urgente su conservación y están protegidos de manera general por la Ley 99 de 1993 y la Resolución 1602 de 1995”.
Acciones de la Gobernación
Uno de los invitados a la reunión fue José Antonio Luque, secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, quien tomó nota y se comprometió a iniciar las primeras intervenciones.
“Vamos a ponernos manos a la obra, en articulación con la Policía. Estaremos preparando algunas actividades de impacto a la zona, vamos a meternos con caravanas de seguridad en los próximos días, aprovechando el inicio de las festividades de diciembre y poder dar un impacto importante a través de esta reunión y seguirlas haciendo, que es lo más importante de todo, no quedarnos en la primera reunión, sino seguir haciendo para que en este binomio entre la comunidad y las autoridades podamos sacar estos temas adelante”.
Sobre la problemática ambiental, Luque expresó: “La tala de mangles, efectivamente, hace un daño ambiental increíble que no podemos permitir. Yo me llevo también la información porque de las primeras autoridades que voy a llamar para poder articularnos es con la CRA, para que nos acompañe a realizar las denuncias respectivas y nos acompañe a ver los proyectos ambientales que posiblemente se pueden estar dando en la zona y empezar con un proceso”.
Entre tanto, la comunidad seguirá expectante y en alerta, trabajando el tema de las denuncias y apoyándose en las autoridades para dar celeridad a la respuesta para evitar que todos estos problemas le quiten al brillo a uno de los sectores más hermosos del litoral atlántico.
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