El sistema de salud en Colombia atraviesa una profunda crisis que se refleja con claridad en la falta de medicamentos, un vacío que convierte la atención médica en un recorrido lleno de incertidumbre y angustia. Cada día, decenas de pacientes llegan a los centros de salud con la esperanza de recibir el tratamiento que les permita vivir con dignidad, pero se encuentran con estantes vacíos y formulas incompletas.
En las zonas rurales, el acceso a la salud se transforma en una prueba de resistencia. Los caminos son largos, los traslados costosos y, al llegar al centro médico, los pacientes se enfrentan a la ausencia de los medicamentos que podrían aliviar su dolor o controlar sus enfermedades.
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Lo que debería ser un derecho garantizado se convierte en un desafío que muchas familias deben enfrentar con sus propios recursos, o en la amarga renuncia a recibir una atención completa.
La escasez de medicamentos impacta directamente la vida cotidiana: tratamientos interrumpidos, enfermedades crónicas que se agravan y una sensación constante de vulnerabilidad frente a un sistema que no cumple con su función más básica. El acceso universal a la salud parece haberse transformado en una carrera por sobrevivir, donde la desigualdad se profundiza y los más vulnerables son quienes más sufren.
En el departamento del Atlántico, el impacto va más allá de la atención médica inmediata. La falta de medicamentos erosiona la confianza en las instituciones, limita las posibilidades de recuperación y prolonga el sufrimiento de quienes esperan lo que debería ser seguro y constante. Esta crisis evidencia que la verdadera urgencia del sistema no radica únicamente en las citas o las instalaciones, sino en garantizar que cada paciente reciba el tratamiento que necesita, sin importar dónde viva o cuánto pueda pagar.
El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, informó que el departamento cuenta con 86 puntos de atención entre puestos de salud y hospitales, aunque reconoció que existen deficiencias en el suministro. “Hay personas que deben desplazarse hasta 20 kilómetros para acceder a los tratamientos, y cuando llegan les entregan los medicamentos de forma fragmentada o incompleta, en dosis de 4, 5 o 6 unidades, lo cual resulta insuficiente”, explicó.
Asimismo, el funcionario señaló que las familias más vulnerables deben asumir costos adicionales para poder acceder al servicio. “Actualmente, muchas personas gastan hasta 12 mil pesos en transporte en mototaxi solo para buscar medicamentos. En promedio, los centros de salud se encuentran a entre 2 y 4 kilómetros de las viviendas, pero hay usuarios que viven a casi 20 kilómetros de los puntos de atención. Es urgente implementar soluciones que garanticen un acceso real y eficiente a los medicamentos”, añadió.
Por su parte, el personero distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, reveló que al cierre de octubre de este año la Personería Distrital ha recibido cerca de 10 mil quejas relacionadas con la deficiente prestación del servicio de salud y la vulneración de los derechos de los ciudadanos en la capital del Atlántico.
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Según el funcionario, la coordinación jurídica del área de salud ha tenido que interponer más de 500 acciones de tutela ante la negativa de algunas EPS a suministrar medicamentos, autorizar citas médicas o realizar procedimientos quirúrgicos.
“Hay algo que está ocurriendo con las EPS y considero que es de mucha gravedad. Están eludiendo los desacatos cambiando a los gerentes para no cumplir con las medidas cautelares que expiden los jueces en favor de los usuarios”, advirtió Álzate.
Una mirada nacional
A nivel nacional, el exministro Augusto Galán Sarmiento señaló que las consecuencias de la desfinanciación del sistema y de las malas decisiones administrativas se reflejan en la escasez de medicamentos esenciales, la negación de tratamientos y el aumento de tutelas interpuestas por los ciudadanos para reclamar su derecho a la salud.
“El acceso a los medicamentos se ha vuelto una odisea para miles de pacientes. Cada vez son más las personas que deben pagar de su propio bolsillo lo que antes cubría el sistema. La Defensoría del Pueblo ha reportado que cerca del 90 % de los usuarios ha tenido que incurrir en gastos directos para obtener los fármacos que necesita”, afirmó Galán.
El exministro propuso como medidas urgentes la inyección de recursos, la garantía de sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento en salud, aprovechando la colaboración entre los sectores público y privado.
“La solución no pasa necesariamente por una reforma total, sino por mejorar la gestión, la regulación y la administración de los recursos. Se necesita eficiencia y voluntad política para asegurar el acceso real a los medicamentos”, destacó.
Asimismo, Galán recordó que a través de una misiva firmada por exministros y viceministros de salud se advirtieron las consecuencias que están enfrentando los usuarios en todo el territorio nacional. “La situación se ha agravado a pesar de los esfuerzos de distintos sectores —asociaciones de usuarios, gremios médicos y centros de pensamiento— por buscar soluciones concertadas. El Gobierno ha desoído los llamados y persiste en imponer reformas por vías que consideramos ilegales e inconstitucionales”, puntualizó.
La agonía de los usuarios
En el municipio de Luruaco, casos como el de Humberto Currea, afiliado a la Nueva EPS, evidencian la gravedad de la situación. “A veces no hay sistema, se cae el internet o simplemente no entregan. Uno pierde el viaje y debe comprar los medicamentos por su cuenta para no afectar la salud”, relató.
Currea explicó que la situación es aún más crítica para los adultos mayores y los pacientes con enfermedades crónicas, quienes deben desplazarse a otros municipios como Sabanalarga para reclamar productos de primera necesidad, como pañales o suplementos nutricionales que no se entregan en Luruaco.
“Hay personas que gastan más en el pasaje que en el valor del medicamento. Por eso muchos desisten de reclamarlo”, afirmó.
El ciudadano advirtió además que la deficiencia en la entrega de insumos y medicamentos pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades graves como VIH o patologías huérfanas. “Hay casos de personas que fallecen por falta de medicamentos vitales o por la demora en los tratamientos”, agregó.
Por su parte, Rubén Alberto Moreno, presidente de la Veeduría Ciudadana del Caribe, aseguró que las quejas de los usuarios se han incrementado de manera preocupante. “Recibimos a diario reportes de pacientes que esperan meses por una cita o una orden médica. En algunos casos, las EPS entregan los medicamentos de forma parcial o tardía, cuando el paciente ya está en estado crítico”, denunció.
Moreno añadió que las EPS incumplen la obligación de entregar medicamentos a domicilio a personas mayores, embarazadas o con discapacidad, como lo exige la ley. “No quieren asumir el costo del transporte, y eso constituye una violación directa al derecho a la salud”, enfatizó.
La Defensoría advierte retrocesos
Recientemente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dio a conocer que tras una investigación se logró constatar que existe un aumento significativo de quejas en la Defensoría del Pueblo, de acciones de tutela ante la Corte Constitucional y de reclamos ante la Superintendencia de Salud por los problemas en entrega de fórmulas.
“El número de personas afectadas por la falta de entrega de medicamentos ha aumentado en los últimos cinco años: del 20 % en 2020-2021 al 40 % actualmente. Para ponerlo en perspectiva, en 2008, cuando la Corte intervino estructuralmente en este tema, el 37 % de la población tenía problemas de acceso. La situación ha empeorado notablemente”, dijo Marín.
