Las alarmas están encendidas en el país. El sostenido incremento de la demanda de energía en los últimos años, si bien refleja un mayor dinamismo económico y social —porque más familias mejoran su calidad de vida y más empresas e industrias crecen—, en Colombia se ha convertido en motivo de preocupación.
Mientras la demanda en los últimos 25 años creció a un promedio anual del 4,1 %, la capacidad instalada de generación solo aumentó un 2,6 %, es decir que la brecha es cada vez más estrecha.
Para dimensionar este fenómeno, entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, la demanda de energía aumentó cerca de 1,2 gigavatios; este consumo lo podemos comparar con el gasto energético al tiempo de los departamentos del Huila y Arauca.
El año 2025 confirma esta tendencia; de los 316 megavatios (MW) que debían entrar entre enero y mayo, solo se incorporaron 55 MW. Este rezago, sumado al crecimiento sostenido de la demanda en los sectores productivos y el consumo residencial, presiona la capacidad instalada y aumenta la probabilidad de que en 2026 se alcance un punto crítico.
Como consecuencia, el riesgo de un apagón se vuelve más latente a partir de 2026 y 2027, si los proyectos de generación y transmisión no entran en operación a tiempo.
Expertos del sector energético han advertido reiteradamente que la seguridad energética del país está en peligro. Ante este panorama, la Contraloría General exhortó al ministro de Minas y Energía y al Gobierno nacional a actuar con urgencia, reducir los escenarios de riesgo, acelerar la ejecución de proyectos energéticos y garantizar la seguridad del suministro en el país.
En ese sentido, en distintos escenarios, el ente de control ha puesto de presente que el retraso de los proyectos energéticos a causa de los trámites de licenciamientos, así como las dificultades sociales que se presentan en las consultas previas —que en muchas ocasiones se extienden más de lo previsto dentro del cronograma— son algunos cuellos de botella que no permiten el avance de los proyectos en algunas zonas del país.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, alertó que la disminución en la producción de hidrocarburos afecta gravemente las finanzas nacionales: la caída en ingresos y regalías reduce los recursos de la Nación y pone en riesgo a las empresas ante posibles alzas en los combustibles.
Además, la menor producción interna obligaría al país a importar gas y derivados más costosos, incrementando los subsidios y el gasto público.
Al respecto, el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta señaló que Colombia atraviesa una etapa crítica de declinación de sus campos productores y que la falta de nuevas exploraciones pone en riesgo la autosuficiencia energética.
A esto se suma la falta de nuevos contratos de exploración, que debilita la inversión extranjera y la confianza del mercado.
Balances de energía
Aunque el país ha avanzado en la diversificación de su matriz eléctrica con nuevas fuentes solares y eólicas, la generación no ha crecido al mismo ritmo del consumo.
Según el operador del sistema, XM, los balances energéticos son cada vez más estrechos, lo que indica que veremos faltantes de energía desde 2027. En los últimos años ya se observan números negativos que se proyectan en el mediano plazo: –3,4 % en 2026 y hasta –11,3 % en 2030.
En esa misma línea, el experto en temas energéticos César Uparela afirmó que en Colombia la oferta de energía actualmente se ubica en 240 gigavatios hora por día (GWH), mientras que la demanda alcanza los 235 GWH. Esto deja un margen o delta muy reducido, de apenas el 2 %, lo que refleja un equilibrio frágil entre generación y consumo.
El problema, advierte el experto, es que los proyectos de generación adjudicados por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hace cerca de cinco años aún no han entrado en operación en su totalidad, y solo un porcentaje mínimo está aportando al sistema.
“En ese escenario, la oferta está subiendo por una escalera, mientras la demanda sube por un ascensor, una metáfora que ilustra la desigual velocidad entre el crecimiento del consumo y la incorporación de nueva capacidad instalada”, expresó Uparela.
Sostuvo que, aunque los embalses registran actualmente niveles superiores al 80%, la capacidad de generación sigue siendo la misma, ya que depende de la infraestructura existente. Las plantas térmicas, por su parte, operan como respaldo, pero los nuevos proyectos —los de la subasta de la Upme realizada hace cuatro o cinco años— no han podido entrar completamente en operación.
“A mi juicio, si el Gobierno no acelera la entrada en funcionamiento de estos proyectos para ampliar la oferta, la demanda seguirá creciendo y podríamos enfrentar problemas de racionamiento o incluso apagones, similares a los ocurridos a comienzos de la década de los noventa, especialmente con la llegada del fenómeno de El Niño”, advirtió.
Lo anterior se debe a que, ante el déficit de energía, los precios tienden a subir y aumenta la dependencia del respaldo térmico, lo que podría generar restricciones en la atención de la demanda. Por otro lado, aunque la incorporación de nuevas tecnologías resulta esencial para el futuro energético del país, las fuentes firmes de generación, como la hidráulica y la térmica, continúan siendo indispensables para garantizar la confiabilidad del sistema y evitar riesgos en la cobertura.
Los expertos señalan que este año el país ha logrado mantener la estabilidad energética gracias a que Hidroituango aporta cerca de 1.200 megavatios con sus cuatro unidades en operación, y a que la infraestructura de gas cuenta con el respaldo de la regasificadora de Cartagena, actualmente activa.
Además, se espera que la regasificadora de Buenaventura, prevista para entrar en operación en 2026, contribuya significativamente a evitar un posible racionamiento. De esta forma, no se prevén graves restricciones de energía en 2025 ni en 2026, según los especialistas.
Sin embargo, el panorama podría complicarse a partir de 2027, cuando los riesgos aumenten si no se concretan los proyectos de energías renovables adjudicados en las subastas de 2021 y en la de cargo por confiabilidad de 2024, que aún no han entrado en funcionamiento.
¿Riesgo de apagón en 2027?
Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explicó que para 2027, según cálculos de XM, el país presentaría un déficit de energía firme de -3,5 %.
“Este número es especialmente preocupante porque la energía firme refleja la disponibilidad del sistema en el peor escenario posible. Si consideramos que el fenómeno de El Niño ocurre aproximadamente cada cuatro años, es razonable anticipar que podría repetirse en ese periodo. En este caso, según XM, no contaríamos con suficiente energía para atender el consumo, lo que podría traducirse en escenarios de desabastecimiento”, explicó.
La líder gremial también afirmó que les preocupa que, en los últimos 3 años, dos de cada tres megavatios que han ingresado al sistema provengan de fuentes renovables intermitentes, particularmente de tecnología solar.
XM, en su informe al Consejo Nacional de Operación de septiembre de 2024, evaluó un escenario de entrada de 6 GW de proyectos solares en un horizonte de seis años y advirtió un riesgo operativo evidente: 24 de los 25 indicadores de confiabilidad definidos presentaban algún tipo de afectación.
“La energía solar, si bien es necesaria y tiene atributos deseables, no aporta la firmeza de las grandes hidroeléctricas y las térmicas, por lo que tener un crecimiento apalancado solo en dicha tecnología no hace más que incrementar nuestro riesgo”, expresó.
Llamado al Gobierno
Desde Acolgen, otros gremios y sectores la petición es ajustes urgentes en los modelos operativos y de mercado para garantizar un abastecimiento eléctrico seguro, confiable y económicamente eficiente. “De no hacerlo, el país podría enfrentar fallas en el sistema similares a las experimentadas por otros países, como España, ante una incorporación masiva y desordenada de proyectos renovables”, puntualizó.
