La sentencia señala uso indebido de medios, recursos públicos y presiones en favor de Maduro, ignorando más de 300 denuncias de irregularidades de Capriles.
La medida, que falta ser aprobada en el Senado, establece la prohibición para cualquier sucesor de Maduro que “no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
“Continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática”, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores.
Así lo dio a entender Nicolás Maduro este miércoles 16 de octubre.
El Gobierno reiteró que “continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad”.