“El que reclama tierras, recibe plomo”: lucha campesina en Sucre
Un mes después de la masacre de 5 personas en el sur de este departamento, las organizaciones campesinas exigen justicia
El atentado a bala contra el líder campesino Hernando Benítez León, y luego la masacre de cinco hombres, entre ellos un padre y su hijo, ocurrida hace 27 días, mantienen atemorizados a los campesinos de las subregiones San Jorge y Mojana, en el sur de Sucre.
Así lo manifestaron en la segunda sesión de la Mesa Departamental de Tierras que se cumplió el miércoles pasado en el municipio de San Benito Abad, donde aún recuerdan el atroz crimen de dos integrantes de la familia Lambraño, madre e hijo, ocurrido hace más de 10 años en circunstancias parecidas.
La disputa por la tierra, en concreto por los playones, terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos; es un asunto de vieja data, tanto así que José Mieles, uno de los campesinos de la parcela Santo Domingo, relató que siempre ha vivido con angustia a causa de los ganaderos que pretenden apoderarse de las tierras del Estado.
“Llevo 33 años de no tener un rato tranquilo. A esto hay que ponerle mano dura para nosotros poder convivir en nuestros ranchos. También tenemos derecho a vivir, tenemos un buen corazón, como todos los pobres”, sentenció el campesino, que, al igual que muchos otros, le pide a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que actúe con celeridad en los procesos de deslinde que adelanta antes de que los conflictos se sigan agudizando. En Sucre son 120 litigios por estas tierras.
En esta propuesta lo apoya Luis Pardo Gloria, miembro de la comunidad de Cispataca, que en la Mesa Departamental de Tierras le preguntó a las autoridades: “¿Cuánto tiempo más va a pasar para que solucionen el problema de la tenencia de la tierra, y cuántas vidas más se van a perder? Esto se alarga tanto que las esperanzas se pierden”, dijo.
Pardo agregó que mientras ellos esperan por un título, hay otros como un exprocurador agrario de Sucre que ha comprado terrenos en esa zona.
Adonay Acevedo Cárdenas, miembro del Comité Campesino de El Limón, señaló que en Colombia el campesino no tiene garantías ni para exigir lo que le corresponde.
“Mientras los ganaderos van a las fincas con escoltas y armados, nosotros vamos y permanecemos en la tierra sin nada. Tenemos miedo, pero no abandonamos la tierra por la que en mi caso llevo cinco años esperando un título donde cosecho arroz, maíz y plátanos para subsistir”.
“Llevo 33 años de no tener un rato tranquilo. A esto hay que ponerle mano dura para nosotros poder convivir en nuestros ranchos": José Mieles
La lucha de 30 años
Pero el que parece no cansarse es José Eugenio Garavito Rodríguez, quien ha dedicado 30 de sus 75 años de vida a la defensa de Caño Palomo, terreno que la ANT le adjudicó el 11 de marzo pasado a 17 familias, y con el que, transcurridos ocho meses, no ha pasado nada.
“Eso fue una entrega simbólica, porque aún no tenemos esas tierras en nuestro poder para trabajarlas, porque los ganaderos no sacan las reses de allí y nos han amenazado, por eso no vamos allá”, expresó Garavito, que denunció, además, que la Agencia había vinculado en esta resolución de entrega de tierras por 10 años a dos personas que nunca trabajaron por ello. “En Cámara de Comercio solo estamos registradas 15 familias”, subrayó.
José Eugenio forma parte del equipo de trabajo que lidera Hernando Benítez, el líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) de San Benito Abad que ha sobrevivido a tres atentados, el más reciente el lunes 19 de octubre.
Por eso su temple es similar al de él, y no dudó en cuestionar públicamente las actuaciones de las autoridades que poco o nada, a su juicio, han hecho para evitar tantas muertes y amenazas.
Sin vacilar finalizó su intervención en la Mesa suministrando su nombre completo y número de cédula: “Para que el que me vaya a matar, o venga por mí, no se equivoque”.
Con esa sentencia no solo ratificó que quien “reclama tierra recibe plomo”, sino que le da fuerza a los testimonios de los sobrevivientes de la masacre del 25 de octubre en zona rural de San Marcos, que aseguran haberse salvado por mostrar su cédula y demostrar que no eran las personas a las que hombres a bordo de una embarcación llegaron a buscar para asesinarlos.
Allí las víctimas fueron Lácides Cochero, el abogado Arquímedes Centanaro Carriazo, Darwin de Hoyos Madera, Julio y Javier Hoyos.
“Conforme está Colombia lo que se espera es que después de que uno habla y denuncia estas cosas, lo vienen a matar”, añadió José Eugenio, quien rechazó que su amigo y aliado en la defensa de la tierra, Hernando Benítez, tenga que permanecer escondido.
“Le pido al Milagroso (de la Villa) que lo cuide y siempre lo salve”, clamó.
Agregó que esta disputa por la tierra se acaba cuando los ganaderos dejen de ser egoístas, y en esto lo apoyó Luis Pardo Gloria, que le dijo al personero de San Benito Abad que cese sus intenciones de reconciliar a campesinos con ganaderos. “Es que no podemos estar contentos con quienes nos han tumbado los ranchos”, manifestó.
Rodrigo Ramírez Salazar, defensor de derechos humanos que acompaña a los campesinos en esta lucha, y que también es víctima de amenazas, ratificó que en esa incursión armada del 25 de octubre se salvaron los que mostraron la cédula, y denunció, además, que hubo una colecta o ‘vaca’ para que este hecho delictivo se efectuara, por lo que aspira que todo esto sea esclarecido y que pronto se produzcan las primeras capturas.
Ramírez rechazó que de parte de las autoridades, y en especial de la Policía Nacional, exista un lenguaje acusatorio en contra de las víctimas diciendo que eran invasores.
“Tras casi un mes de la masacre, las familias de las víctimas no han recibido las ayudas y afrontan una crisis humanitaria, y de paso el Estado los ha revictimizado porque la Policía a través de un oficio desconoce lo que ocurre en el territorio, y hace afirmaciones que solo le corresponden a la Fiscalía y a la ANT con lo que termina legitimando el discurso violento contra estas comunidades campesinas, tildándolas de invasores y delincuentes. Un mes después de la masacre lo que vemos es que las autoridades siguen legitimando lo que pasó. No se solidarizan en acciones con lo ocurrido”, consideró el defensor de DD. HH.
El lento accionar
Ramírez Salazar les pidió a las autoridades departamentales y municipales de Sucre, así como a la Agencia Nacional de Tierras, que se comprometan con agilizar los procesos de deslinde, y en ese mismo sentido se pronunciaron las procuradoras Regional de Sucre y Agraria, Ambiental y Judicial, Lesvia Montalvo y Gloria Beatriz Hernández, respectivamente, además del alcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrazco Salcedo, quien en desarrollo de la sesión de la Mesa le solicitó a la ANT ser más clara sobre las 55 acciones de deslinde que realiza en esta población.
Uno de los compromisos para la próxima sesión de la Mesa es que la Agencia entregue un balance de resultados, se lo exigieron las demás autoridades, pero el representante de esta, Jesús Sanabria, aseguró que no cuentan con personal suficiente, por lo que hay un compromiso de ayuda y acompañamiento por parte de la Gobernación de Sucre y la Defensoría del Pueblo.
El defensor del Pueblo (e), Óscar Herrera Revollo, se mostró preocupado por lo que él considera un evidente temor por parte de las comunidades campesinas, por lo que demanda de las autoridades una mayor protección para que los campesinos puedan ejercer sus derechos plenamente.
La procuradora regional de Sucre cuestionó que la Fiscalía, la Brigada de Infantería de Marina y la Brigada 11 del Ejército, no estuvieran presentes en el encuentro para que dieran a conocer los avances de la investigación y de las acciones de seguridad. Otra ausente fue la directora de Corpomojana.
“No podemos percibir un avance aún y para la próxima Mesa esperamos establecer fechas concretas para los deslindes en el San Jorge”, reprochó la procuradora regional, al tiempo que invitó a todos a formarse sobre los terrenos baldíos para que todo funcione dentro de la legalidad.
El secretario de Gobierno de Sucre, Víctor Hernández, quien preside la Mesa, ratificó el compromiso que existe de fortalecer las acciones de la ANT para agilizar los procesos del deslinde; mientras que el alcalde de San Benito Abad anotó que el cuello de botella en este proceso de acceso a la tierra ocurre por la demora en los deslindes, que para el caso de este municipio representan más del 50% de los que existen en el departamento.
“El querer es que tanto lo público como lo privado se respeten para que así se acaben los conflictos”, concluyó Hernández.
