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Política

Controversia por cambios a la Ley de Garantías

Le reclaman a Duque que cuando era congresista se oponía. Advierten que es una ley estatutaria y debe ir a la Corte. .

Una fuerte controversia ha generado la propuesta de modificar, dentro del proyecto del Presupuesto 2022, la Ley de Garantías para que funcionarios públicos puedan contratar en el periodo electoral de 2022.

La norma establece que “a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Así, argumentando la necesidad de impulsar la reactivación económica, se levantaría la prohibición que hoy en día tienen los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de las entidades, para celebrar dichos convenios en los cuatro meses anteriores a los comicios.

La polémica se ha alimentado por el giro del presidente Iván Duque al respecto, pues en 2015, cuando era congresista, se oponía: “Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”.

Pero el pasado martes afirmó: “En Colombia ya no hay reelección, es una circunstancia distinta”.

Entre tanto, en el Congreso la oposición rechaza la iniciativa: “A todas luces viola la ley porque es una ley estatutaria, porque no puede ser modificada a través de un Presupuesto General de la Nación, que es una ley ordinaria”, advirtió Katherine Miranda, representante verde.

En cambio, en el partido de gobierno respaldan el tema: “La Ley de Garantías no se eliminará, sino que se ajustará para garantizar que no se frene el desarrollo de las regiones. De otra manera, estas administraciones tendrían que tener los convenios interadministrativos antes del 13 de noviembre y después solo se podría con el siguiente gobierno porque la Ley de Garantías se acabaría en junio y el presidente se va en agosto”, indicó el senador uribista Ciro Ramírez.

Entre tanto, el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, explicó que “la Ley de Garantías tiene jerarquía estatutaria. Para modificarla o derogarla no basta la aprobación en el Congreso. Requiere la revisión oficiosa previa de la Corte Constitucional antes de la sanción y promulgación”.

Por su parte, la FCM, FND y Asocapitales reiteraron su solicitud de levantar las restricciones de la Ley de Garantías para que los entes territoriales puedan hacer obras.

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