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La ley de paz total, como rebautizó el Gobierno a la prórroga de la ley de orden público, fundamentalmente le permite al presidente Gustavo Petro negociar o someter a grupos guerrilleros, disidencias y bandas criminales.

{"titulo":"Ley de Orden Público: el marco legal para la política de paz total","enlace":"https://www.elheraldo.co/politica/ley-de-orden-publico-el-marco-legal-para-la-politica-de-paz-total-950017"}

El proyecto aprobado la semana pasada en el Congreso, para poder llegar a la sanción como ley en la Casa de Nariño, deberá primero conciliarse entre ambas cámaras la semana entrante, sobre todo, frente al punto del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar, que la Cámara aprobó pero el Senado no.

Política de Estado

El texto de la norma consta de 20 artículos, encabezados por el 1 y el 3, que establecen la paz total como política de Estado en temas relacionados con la convivencia, la justicia, y el servicio social para la paz.

El 2 determina que la seguridad humana es el eje de la política de paz: 'Se buscarán acuerdos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley, y sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto'; el 4 indica que se incluirá en el PND y en los planes de desarrollo territoriales un capítulo de proyectos para la construcción de paz.

Diálogo y sometimiento

El 5 avala al Gobierno para que pueda realizar diálogos con estructuras de crimen organizado de alto impacto, sometimiento a la justicia, grupos armados organizados al margen de la ley, con verificación nacional e internacional, y además para que puedan alcanzar 'acuerdos parciales que se deben ajustar a los deberes constitucionales del Estado y leyes vigentes'.

En el 6 se crea el gabinete de paz, para que todos los ministerios definan su política de paz; el 7 constituye las regiones de paz, en las que se priorizarán los PDET, las Zomac y los territorios étnicos, con comisionados regionales de paz y que 'no serán zonas de despeje'; el 8 tiene que ver con la garantía en los procesos de paz de los enfoques étnicos, participativo, de género, ambiental, de libertad religiosa y diferencial, con el principio de centralidad de las víctimas.

{"titulo":"'Con este proyecto convertimos la política de paz en política de Estado'","enlace":"https://www.elheraldo.co/politica/mininterior-radica-proyecto-de-prorroga-de-la-ley-de-orden-publico-934401"}

Los artículos nuevos

El primero de los tres artículos nuevos garantizará la priorización de planes territoriales y nacionales con enfoque de desminado humanitario en todo el territorio, y la cooperación de todos los grupos ilegales en la identificación de áreas minadas.

Otro indica que la paz total incluye la paz con la naturaleza: 'Acuerdos de paz o términos de sometimiento a la justicia podrán contener como medida de reparación la reconciliación con la naturaleza'; y uno más establece la ubicación de documentos en fases precontractual, contractual y poscontractual que se realicen en el marco de la negociación o implementación de los acuerdos de paz, con independencia del régimen de contratación, en lo que la Procuraduría y la Contraloría realizarán vigilancia.

A favor

El representante ponente Alirio Uribe, del Pacto Histórico, le dijo a EL HERALDO frente a la disyuntiva de la negociación o el sometimiento con distintos grupos que en el articulado 'se le dan facultades por los cuatro años al Gobierno para que adelante procesos de paz en dos formas: procesos de paz con grupos armados irregulares, ilegales, de naturaleza política, como el Eln, para que adelante los diálogos, los acercamientos, para que nombre voceros y representantes y firme si es del caso un acuerdo y también se autoriza que se adelanten diálogos y acercamientos con grupos armados irregulares de alto impacto, no para hacer acuerdos de paz sino para sometimientos a la justicia: en este caso las facultades están delimitadas para que estas personas comparezcan ante la justicia y desmonten estas estructuras criminales normalmente asociadas a economías ilegales de narcotráfico, minería ilegal u otro tipo de actividades ilegales'.

Y explica que el servicio social para la paz 'es un complemento al servicio militar obligatorio, para que los jóvenes puedan prestar el servicio social en varias modalidades: la educación digital, acompañar el cumplimiento de acuerdos, las políticas de convivencia, los temas de medio ambiente, víctimas o en situaciones vulnerables, para que los jóvenes puedan optar'.

{"titulo":"Avanzó Ley de Orden Público sin servicio social para la paz","enlace":"https://www.elheraldo.co/politica/sin-servicio-social-para-la-paz-avanzo-ley-de-orden-publico-949121"}

En contra

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó en EL HERALDO que 'lo que causa mucha curiosidad de esta ley son los ‘micos’ que le meten: ¿Qué tiene que ver con esta ley en su naturaleza acabar con el servicio militar e inventarse el servicio social? Eso es darle contentillo a quienes quieren que les firmen, me parece que ahí no tiene la naturaleza del espíritu de la norma. Y además es de rango constitucional, o sea que esta ley estaría siendo inexequible, porque no cabe reformar un artículo de la Constitución con una ley ordinaria'.

Así mismo, critica la legisladora opositora 'el afán por meter a las disidencias: ellos te prohíben cambiar una coma al acuerdo de paz, y ahora sí vale violar el acuerdo, porque ellos dicen que es todo o nada, paz total, o entran todos o no entra nadie'.

Y advirtió en este sentido Cabal: 'Quiero saber cómo va a quedar la ley en la conciliación, porque habían dicho que tenían que pagar cárcel efectiva los disidentes'.

Sí, pero no así

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, afirmó a EL HERALDO que el proyecto 'tuvo más tranquilidad que preocupaciones', y destaca que 'es vital que el Gobierno tenga como prioridad en su agenda lograr acuerdos de paz con los grupos armados. La paz no es solo una salida, es la única', pero señala que su 'preocupación siempre ha sido que, cuando hubo una paz total, con garantías, muchos fueron desertores. Una paz parcial sería muy riesgosa. También me preocupa que los desertores de acuerdos puedan acogerse a un nuevo acuerdo. Por fortuna mi proposición quedó avalada en la plenaria de la Cámara, porque no sería un buen mensaje para la ciudadanía'.

Proyecto de paz total, a un paso de llegar a la sanción

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, quien confirmó que será uno de los senadores a cargo de la conciliación, indicó que este proyecto tiene dos características: 'Por un lado, desactivar actores armados ilegales y esto solo se entiende cuando uno va a región. Por ejemplo, cuando uno está en la Costa Pacífica nariñense, hay 17 organizaciones criminales allá, por lo que hacer un proceso solo con el Eln no nos va a solucionar nada. Por eso debe intentar hacer sometimiento a la justicia con otras organizaciones criminales. Y, bueno, lo segundo se trata de una paz social que es que la ciudadanía aprenda a tramitar los conflictos de forma pacífica'.

Explicó en este sentido que una de las novedades que incorpora la ley es la posibilidad de ir realizando los llamados acuerdos parciales, tema que han criticado desde la oposición. 'Con los acuerdos parciales lo primero que se permite es un cese al fuego multilateral. Miremos el bajo Cauca antioqueño, en donde está el Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta, las disidencias de las Farc y el Eln. Un cese al fuego en esa región nos permite disminuir los niveles de violencia, de homicidio, entonces para eso es el acuerdo parcial. Cabe recordar que con las Farc se tenía un modelo que rezaba ‘nada está acordado hasta que todo está acordado’; aquí dependiendo del ritmo de las negociaciones se puede ir acordando en una región y no en otra', dijo.

El proyecto de prórroga de la Ley de Orden Público ya pasó sus cuatro debates en el Congreso y el próximo martes o miércoles, según el Ministerio del Interior, será conciliado por ambas cámaras y así pasará a sanción presidencial de Gustavo Petro para convertirse en una realidad.

El servicio militar lo están pagando los jóvenes más pobres de este país: Humberto De la Calle

Otro de los proyectos que cursa en el Congreso y que pretende crear una gradualidad en la eliminación del servicio militar obligatorio es el de la autoría del senador Humberto De la Calle, quien explicó a EL HERALDO que con este proyecto lo que se pretende es que haya más equidad en el sistema.

'El servicio militar en la práctica solo cobija a los jóvenes de los estratos más pobres. En los estratos 6, 5 y 4 solo corresponde el 2 % de los inscritos. Esta es una estructura extraordinariamente inequitativa', dijo, y agregó que, por ello, 'lo que queremos es que cada joven se apropie de las decisiones de su vida. También queremos abrir opciones, servicios sociales y ecológicos'.

La iniciativa modifica el artículo 216 de la Constitución, el cual quedará así: 'La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Solo se permitirá el servicio militar obligatorio en casos de guerra exterior o conmoción interna'.

{"titulo":"Oposición denuncia 'mico' en la ley de Orden Público","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/polemica-de-senadores-por-el-proyecto-de-ley-de-orden-publico-947605"}

Y se adiciona que será un desmonte gradual que quedará eliminado por completo en el 2030, cuando los autores de la iniciativa esperan que la fuerza pública sea profesionalizada y el Gobierno implemente el servicio social para la paz.

Frente al futuro de la libreta militar el senador indicó que 'en el proceso de gradualidad habría conversaciones con el Ministerio para ajustar esos detalles. Pero esas decisiones se toman posterior a la aprobación del acto legislativo'.

El general (r) del Ejército, Juvenal Díaz Mateus, indicó que la eliminación del servicio militar obligatorio 'es un atentado contra la seguridad nacional. ¿Quieren que no sea obligatorio? Perfecto, páguenles 1.600.000 pesos a los soldados regulares, es más justo que 800.000 pesos a un criminal. Es tiempo de incentivar la legalidad',

Frente a las críticas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, mencionó: 'La iniciativa de paz total no pone en riesgo la seguridad ni tampoco es cierto que vaya a rebajar el número de soldados. Vamos hacia la profesionalización como lo reclamaban algunos y esa es una propuesta que el Gobierno ha hecho desde la campaña. (...) Aún vigente el servicio militar obligatorio va a empezar un proceso de incremento en el número de soldados profesionales, de manera que se haga gradualmente el incremento de soldados profesionales que implicaría una reducción de soldados regulares'.

La iniciativa debe pasar ocho debates y va por el tercero en la Cámara de Representantes.