El Heraldo
Política

La minticpolítica: el nuevo escándalo del congreso

EL HERALDO habló con denunciantes, señalados, penalistas y analistas políticos sobre la minticpolítica, el capítulo de los congresistas en el caso Mintic.

El escándalo del contrato por más de $1 billón entre el Mintic y la UT Centros Poblados, adjudicado tras la presentación de garantías bancarias aparentemente falsas, con una dudosa ejecución de 1.002 centros digitales –de 1.545 que debían tener instalados en agosto, de un total de 7 mil a mayo de 2022– y la gran incógnita de qué se hicieron los $70 mil millones del anticipo, llegó hasta el Capitolio.

La  Corte Suprema abrió esta semana una indagación preliminar contra los senadores Armando Benedetti, de la Colombia Humana; Antonio Zabaraín y Daira Galvis, de Cambio Radical, y Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, luego de que Henry Anaya, de la veeduría Bien Común, y Pablo Bustos, de la veeduría Red Ver, presentaran sendas denuncias.

Daira Galvis

Bustos le dijo a EL HERALDO que lo que vincularía supuestamente a Galvis con el caso es “la cercanía de una exdependiente suya” con la UT.
Se refiere el veedor a Karín Estefanía Pupo, quien es presuntamente la exrepresentante legal suplente de ICM Ingenieros –una de las empresas de la UT– y quien fue integrante de la UTL de Galvis.

Al respecto, la senadora respondió que Pupo laboró para su UTL en 2018, pero aseguró: “Ignoro totalmente sus vínculos y relaciones con las personas o empresas que hacen parte del consorcio”.

Y añadió: “Jamás hice llamadas ni he ejercido presiones a la exministra Karen Abudinen, y mucho menos a ningún otro funcionario del Estado para abogar o defender el entuerto”.

Armando Benedetti

El veedor aseguró que el opositor “cuando señala que no hay pruebas olvida por completo que quien le endilga su intervención es nada menos que una exministra, quien estuvo al frente del proceso contractual como ordenadora del gasto, y que está ante un proceso judicial, donde para el delito de tráfico de influencias solo bastaba llamar y pedir la no declaratoria de caducidad”.

Al respecto, el penalista Juan José Castro le explicó a EL HERALDO: “Por supuesto que el testimonio de la exministra puede ser utilizado como prueba, no existe ninguna causal que pueda excluirlo para ser valorado”.

También se le cuestiona a Benedetti haber hecho campaña en 2018 con la excongresista Muriel Benito Revollo, madre de Pupo y cercana a Inocencio Meléndez, condenado por el ‘carrusel’ de la contratación y de cuyo correo se habría supuestamente enviado un documento de la UT.

Sin embargo, Benedetti ha asegurado que no tiene ninguna relación con la excongresista ni con su hija y en su momento aseveró a este diario: “No conozco a nadie de Centros Poblados. Las únicas llamadas que tuve con Abudinen fue para recriminarle su actuar como ministra, no recomendé la cesión del contrato, no tengo nada que ver con contratos de internet. Es explícito que quieren desviar la atención, entonces me cogen a mí, (Jaime) Lombana convence a Abudinen de que hay que atacarme a mí y salen y hacen esta estupidez. En este país se roban la licitación y dicen ahora que es la oposición”.

Mauricio Gómez

De acuerdo con Bustos, “Gómez es el único que se ha comportado como un servidor público respetable, ha dicho que no tiene nada que ver de manera decente y, más aún, nos ha ofrecido ir al polígrafo para demostrarlo antes de que las largas investigaciones de la Corte definan su situación judicial. Es muy probable que aceptemos este ofrecimiento formal”.

A su vez, el liberal le dijo a EL HERALDO: “Lastimosamente estoy en la mitad de un tema de homónimos, hubo un Alfredo Amín nombrado y yo tengo un tío que se llama igual, había un Mauricio que se demoraron cinco días en decir que era Mauricio Galofre Nule y había un Robert Gómez, que es el testigo. Me voy a presentar ante la Corte, creo en la justicia de este país. No tengo nada que ver con Centros Poblados, no conozco a ninguno, nunca he hablado con ellos, nunca me he reunido y nunca he hablado con la ministra sobre la caducidad del contrato”.

Antonio Zabaraín

Bustos, al ser preguntado por este medio qué vincularía a Zabaraín al caso, advirtió: "Se ha mencionado que algunos congresistas se reunieron con unos señores de Centros Poblados, que le estaban haciendo algún lobby a la UT”.

Zabaraín fue el ponente de la Ley TIC, también denominada Ley Zabaraín, que es la que dispone la instalación entre 2021 y 2023 de los más de 10 mil centros digitales en colegios públicos tras una inversión de más de $2 billones.

No obstante, el senador ha afirmado: “Jamás me he reunido ni he tenido ninguna conversación con ninguno de los integrantes de Centros Poblados, jamás y nunca llamé o me reuní con la ministra para que no declararan la caducidad. Para mí esto es una denuncia mediática y la verdad saldrá a la luz”.

Lo que derivaría en la minticpolítica

El analista político Carlos Arias le dijo a EL HERALDO que este es un caso que le afecta directamente la reputación y la gobernabilidad al presidente Iván Duque, “y esto ha hecho que el Gobierno tenga que emplearse a fondo en cubrir cuotas burocráticas y favores políticos de diferentes bancadas” para pasar sus reformas en el Congreso. 

En cuanto a la política regional advierte el experto en opinión pública que Agrega Arias que en el proceso falta mucha más tela por cortar y que Tapia es un “pillo zorro que ha demostrado que puede salirse y que puede escurrirse de todo tipo de implicaciones” y, por ahora, los señalamientos que hay contra los políticos son asociados a llamadas que le han hecho a la ministra, “pero que no comprometen en términos judiciales directamente a los implicados: el tema es cómo se confirma”.

Y concluye que se hace complicado creer que la exministra Karen Abudinen no tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando con este contrato de estas dimensiones. 
Advirtió que es lamentable lo que sucedió con la cartera de tecnologías de la información y comunicaciones que estaba dando un salto cualitativo y cuantitativo en su labor institucional.

Del ‘carrusel’ al caso Mintic

Uno de los asuntos más sorprendentes de este caso de Centros Poblados es que hay detrás nombres de condenados hace ya algunos años por el ‘carrusel’ de la contratación.

El principal nombre repetido entre uno y otro escándalo es el de Emilio Tapia, quien además fue recapturado y cobijado con medida carcelaria, al ser señalado del poder a la sombra de ICM y de la estructuración de la propuesta y la presentación de las pólizas falsas.

Guido Nule es señalado de haber participado en la estructuración, pero en una carta pública lo negó. Inocencio Meléndez, ex-IDU, es señalado de haber asesorado a la UT; Mauricio Galofre es señalado de apoyar en la búsqueda de respaldo financiero; Álvaro Cruz, ex gobernador de Cundinamarca, habría vendido ICM a dos aparentes testaferros de Tapia; y Miguel Ángel Moralesrussi, ex contralor de Bogotá, es señalado de haber asesorado a ICM.

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