El Heraldo
José Manuel Restrepo, designado ministro de Hacienda y Crédito Público. Cortesía
Política

“No podemos quedarnos quietos ante una realidad social que no da espera”

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advierte que el vandalismo genera destrucción y caída en el crecimiento económico.

José Manuel Restrepo, designado ministro de Hacienda, economista bogotano, exmincomercio, exrector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, asegura que la nueva iniciativa de financiamiento social y estabilidad fiscal, en la que se buscan consensos con los actores sociales, económicos y políticos, busca atender la misma problemática que ha desatado la legítima protesta social en el país.

P.

En medio de la actual tensión social que afronta el país, ¿en qué estado se encuentra la iniciativa de reforma tributaria del Gobierno?

R.

Lo primero es considerar cuáles son los propósitos del proyecto de financiamiento social y estabilidad fiscal. El primero y más importante es lograr financiar programas sociales para atender a quienes quedaron en situación de vulnerabilidad por la pandemia. Entre ellos, informales que perdieron su oportunidad laboral y que necesitan una renta básica de emergencia o un ingreso adicional para satisfacer sus necesidades, jóvenes que aspiran a su primer empleo y tienen dificultades para encontrarlo, mujeres mayores de cuarenta años que perdieron su trabajo, personas en situación de discapacidad o miles de micros y pequeñas empresas que necesitan liquidez. Por eso, la necesidad de un subsidio de nómina, de gratuidad para la educación superior de jóvenes vulnerables, y de una devolución del IVA para millones de colombianos pobres. Hay que contribuir a encontrar fuentes de financiación para la prioridad social que hoy tenemos, y de estabilidad fiscal para enviar un mensaje a los mercados internacionales, claves para la atracción de inversión.

P.

¿Persiste entonces el Gobierno en este proyecto?

R.

Persistimos en el interés de lograr consensos con los distintos sectores alrededor de un programa de gasto social y con el debido financiamiento que tenga además un propósito de estabilidad fiscal. En ese esfuerzo he adelantado acercamientos con actores sociales, políticos, empresariales, académicos, de las entidades territoriales y de las finanzas públicas.

P.

¿Cómo construir consensos en este momento de enorme conflictividad social?

R.

Con sentido solidario. En el primer diálogo que adelantó el presidente Duque con los empresarios dijeron estar dispuestos a contribuir porque tenían la capacidad para encontrar fuentes de recursos para favorecer a sectores vulnerables de la sociedad. Lo mismo se pudiera señalar de lo expresado por quienes tienen más. Así que tiene que ser un esfuerzo originado en aquellos que tienen más recursos para atender a los más afectados por la pandemia, y lograr la estabilidad fiscal.

P.

¿Esa búsqueda de consensos en el caso de la tributaria será paralela a los espacios de diálogo abiertos por el presidente Duque para escuchar a la ciudadanía, o serán aparte?

R.

El presidente ha fijado una agenda de varios puntos en el diálogo y entre ellos ha incluido el tema de financiamiento social y estabilidad fiscal. En mi caso, he venido haciendo la misma claridad de alcanzar consensos con sentido solidario y señalando que cualquier propuesta que surja debe tener como propósito central atender a los más vulnerables; sin afectar, y repito eso en mayúscula, sin afectar a la clase media.

P.

¿Esos serían los principios para construir el consenso?

R.

Así es. El primero, es que sea una iniciativa que tenga como foco a los más vulnerables, jóvenes, mujeres mayores de cuarenta años que perdieron su empleo, micro y pequeños empresarios e informales. El segundo principio, es que no puede afectar la clase media que debemos preservar y cuidar porque ha sufrido mucho en la pandemia. Lo tercero, es que los más pudientes con sentido solidario contribuyan, y el cuarto principio, es que se actúe con grandeza, es decir, que seamos capaces de construir eventuales consensos alrededor de los usos y las fuentes de recursos para lograr financiación social y estabilidad fiscal.

P.

Usted es más aterrizado que su antecesor y redujo la meta de recaudo de $ 23 a $ 14 billones, pero ¿de dónde va a salir la plata?

R.

Allí es donde aparece el sentido solidario de los empresarios. Por ejemplo, con instrumentos como sobretasa en renta para el sector empresarial, prórroga del impuesto al patrimonio por un periodo de tiempo, incremento al impuesto a dividendos altos de forma transitoria y eventualmente algún componente sobre tasa en renta a personas de más altos ingresos. Hay que buscar los recursos en los que más tienen.

P.

¿Cuáles son las líneas rojas del Gobierno o las suyas ministro, de cara a este proyecto?

R.

Esta estrategia de financiamiento social y estabilidad fiscal tiene que centrarse en apoyar a los más vulnerables. Es nuestro objetivo prioritario porque no podemos de ninguna manera eximirnos de la responsabilidad social que tenemos en este contexto que se vive. Segunda línea roja, no tocar a la clase media que está renovando su actividad emprendedora y recuperando sus empresas. Todo esto tiene que acompañarse en un esfuerzo de austeridad en el gasto y de lucha contra la evasión que son importantísimos para lograr los recursos permanentes y transitorios suficientes que envíen un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales por la vía de la estabilidad en el marco fiscal. 

P.

¿No tocar a la clase media significa que definitivamente renuncian a ampliar la base gravable de contribuyentes del impuesto de renta y a subir la gasolina?

R.

Se renuncia a tres cosas. Uno, no hay incremento en el IVA para bienes y servicios, ni se cambian las reglas de juego existentes porque se puede afectar a la clase media, y eventualmente a las menos favorecidas. Dos, nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo, es decir se garantizará que la base por el momento siga siendo la misma. Y tres, no habrá impuesto a la gasolina porque generaríamos una afectación de costos e incluso de cadenas productivas que al final podrían afectar a la clase media.

P.

¿Enajenarán activos de la Nación por una única vez, como propone la ANDI?

R.

Tenemos que lograr tres fuentes adicionales de forma simultánea. La primera que está contemplada de tiempo atrás, y es el continuo esfuerzo para reducir evasión que debe ser del orden del 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), con la modernización de la Dian, masificar factura electrónica y fortalecer el método de Habeas Data. Dos, avanzar en la optimización de activos financieros donde tenemos participación en el caso de ISA,  Ecopetrol o del Grupo Bicentenario. Y tres, un compromiso muy activo con la austeridad en el gasto para que mostremos, vía del ejemplo, que el Estado hace un esfuerzo importante e invita a otros actores para quienes están definidos los temas de gastos constitucionalmente a que hagan lo mismo.

Hansel Vásquez
P.

¿Qué tanto estaría dispuesto a hacer el Gobierno?

R.

En nuestro caso, el 80 % de los gastos son inflexibles a la baja porque son constitucionales como deuda pública, pero contemplamos el congelamiento de masa salarial por un periodo de cinco años, un control a los costos de operación de los tantos que se generan entre el momento en que se entrega un peso del presupuesto y en el que se convierte en un bien y un servicio porque hay una cantidad de costos de operación que se pueden disminuir, reconocer que el mundo cambió y se puede hacer control de viáticos porque la flexibilidad del trabajo remoto lo permite, o controlar costos de contratos de arrendamiento para entidades ubicadas en sitios de alto valor.

P.

¿Tiene un estimado de cuánto se podría ahorrar?

R.

Hasta el momento estamos haciendo análisis preliminares. Apenas en el día de ayer y aun sin estar posesionado, le pedí al Ministerio de Hacienda, al Presupuesto Nacional y al Viceministerio General una propuesta ambiciosa de austeridad en el gasto para demostrar que el gobierno está también comprometido en esta misma dirección.

P.

¿Pero el presidente no había tomado ya decisiones en este tema?

R.

Hay un primer decreto, pero nosotros queremos ir mucho más allá. Es un primer paso y hay que complementarlo con otros adicionales mostrando una línea muy ambiciosa de adaptación en austeridad en el gasto.

P.

Tras su reunión, el líder del partido Liberal, el expresidente Cesar Gaviria, dijo que hasta julio no apoyaría una reforma fiscal. ¿Pueden esperar hasta la próxima legislatura?

R.

Tuvimos un diálogo constructivo, pero no llegamos a ningún detalle de fechas. Avanzamos en una construcción conjunta de consenso en la que él hizo mucho énfasis en la problemática social del país y en que el Gobierno debía atenderla. En eso coincidimos totalmente.

P.

¿El Gobierno está contra el tiempo?

R.

Actuamos con todo el sentido de oportunidad del caso. Lo importante es lograr acuerdos. No debería llegar al Congreso una iniciativa sin los debidos consensos porque ya tuvimos la experiencia. Lo social no da espera, ni siquiera es por el tema de la estabilidad fiscal que también es importante, sino porque los programas sociales no pueden quedarse desprotegidos en los próximos meses, así que tenemos que avanzar rápidamente en los consensos para hacer el mejor uso del resto de la legislatura.

P.

¿Se van a desfinanciar los programas sociales?

R.

Hay programas como Ingreso Solidario que solamente van hasta junio. Por eso, se requiere un instrumento de financiamiento social y estabilidad fiscal para atender esas necesidades sociales.

P.

¿Hay una fecha límite en su agenda para construir el proyecto?

R.

Esperamos que en los próximos días o semanas tengamos unas líneas temáticas de interés para todos los actores, y a partir de ahí recibir sus comentarios para que elaboremos una iniciativa que le podamos volver a presentar para alcanzar un consenso.

P.

¿Se está afectando la economía por la tensión social en el país?

R.

El derecho a la protesta es legítimo, es democrático, debe respetarse y cuidarse cuando se ejerce en la forma debida, pero cuando la protesta se ejerce con vandalismo o vías de hecho se convierte en una preocupación para el crecimiento de la economía y para la generación de empleo. Si se cierra una vía, se afecta el tránsito de mercancías y genera escasez, aumentan los precios, no se consiguen bienes en los supermercados ni en las tiendas, y también aumentan sus precios, se afectan las exportaciones e importaciones, y con ella no hay cadena productiva que satisfaga la producción de bienes y servicios, e incluso se puede poner en riesgo la vida de las personas. La invitación es a que seamos conscientes  de que esas vías de hechos o actos de vandalismo son prácticamente un tiro en el pie para toda la sociedad. El vandalismo genera destrucción y caída en el crecimiento económico.

P.

Si no logra consenso por los reclamos sociales en las calles, ¿el Gobierno aplazaría la presentación del proyecto?

R.

Es indispensable atender las causas de la protesta y una de las maneras de hacerlo es resolviendo las necesidades de los más vulnerables. Tiene que ser propósito común aumentar de tres a cinco millones las familias en Ingreso Solidario, garantizar educación superior gratuita a 700 mil estudiantes menos favorecidos, ampliar el subsidio de la nómina para proteger a 4 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a 4,7 millones de hogares y generar un fondo para el fomento de la empleabilidad de jóvenes, mujeres mayores de cuarenta años y personas en situación de discapacidad que perdieron su empleo. Es prioritario encontrarle financiamiento a estas necesidades apremiantes.

Hansel Vásquez
P.

Lo vemos convencido de seguir adelante.

R.

Siempre insistiré porque cuando uno ve la realidad social de las clases menos favorecidas, el reclamo de los jóvenes o de las mujeres cabezas de familia no puede ser indiferente ni quedarse quieto. Uno tiene que dar la batalla, mucho más cuando ya hay un sector empresarial que dijo con sentido solidario que quiere construir, y por eso es indispensable llegar a consensos.

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