El juez federal de la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, Richard J. León, decidió este miércoles, ante la solicitud de la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, otorgarle dos semanas, hasta el próximo 16 de septiembre, para que presente los recursos que considere y de esta forma decidir si el ex-AUC será deportado a Colombia o a Italia.
Mientras tanto, la Fiscalía se comprometió a no emprender ninguna acción migratoria contra el desmovilizado.
La defensa de Mancuso argumentó en la solicitud, además, que la orden de deportar al exparamilitar a Colombia es ilegal porque la suscribió el funcionario equivocado: no debía ser Chad Wolf, secretario en funciones en el Departamento de Seguridad Interna, sino el fiscal general William Barr.
El gobierno
El Departamento de Justicia de los EE. UU. pidió el pasado martes al juez del caso en Washington negar las pretensiones de la defensa del exjefe paramilitar, que solicitó el pasado lunes su deportación a Italia o el otorgamiento de la libertad en suelo norteamericano para que viaje por su propia cuenta al país europeo.
El gobierno de Donald Trump asevera en un documento enviado al togado en el marco de la revisión del proceso que la ley estadounidense permite mantener bajo custodia federal, por más de 90 días, a sujetos considerados un peligro a la sociedad por la gravedad de las conductas que se le imputan en el expediente.
La liberación de Mancuso, agrega la intervención, complicaría el proceso administrativo de deportación a Colombia.
Además, el fiscal que representa al Distrito de Columbia, en Washington, donde está radicada la demanda de la defensa, Michael R. Sherwin, señaló que Mancuso será trasladado a Colombia como parte de un proceso migratorio, por lo que no es necesaria una petición de extradición.
Según los abogados, Mancuso se encuentra actualmente preso en el centro de detención del condado de Irwin (Georgia) y ya han pasado más de 90 días desde que se emitió la orden administrativa para su deportación.
El exjefe paramilitar ha dicho varias veces que teme regresar a Colombia porque su vida corre peligro.
La semana pasada, el Gobierno colombiano admitió que no había formalizado la solicitud de extradición de Mancuso de EE. UU. porque aún faltan documentos que no han sido traducidos del español al inglés.
Tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz y desmovilizarse en 2006, Mancuso fue deportado en 2008 a Estados Unidos, donde cumplió 12 años de cárcel, y cuando su deportación a Italia era casi un hecho, el Gobierno de Colombia empezó a tramitar su extradición por sus procesos pendientes con la Justicia.
Corte admite tutela
La Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio el pasado martes una acción de tutela interpuesta por víctimas de Mancuso, que piden que el desmovilizado no sea deportado a Italia.
Martina Rodríguez, hermana de Antonio Rodríguez, pastor evangélico de Chibolo, Magdalena, víctima de los paramilitares, advierte que el recurso lo interpone 'ante el inminente riesgo que representa para los derechos de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación, a la tutela judicial, a un recurso judicial efectivo y al debido proceso'.
La ponencia de la acción constitucional quedó en manos del magistrado Gerson Chaverra, quien pidió al cónsul de Colombia en Atlanta que le informe al exjefe paramilitar, detenido en la cárcel Irwin Country, que cursa este trámite en su contra y solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Justicia informar sobre el proceso de deportación a Italia.
