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Política

Destitución de Petro caldea el ambiente político en el país

La Fiscalía inició una inspección en la sede de la Procuraduría para recoger las pruebas que fundamentan la decisión de Ordóñez.

La decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro por 15 años para ocupar cargos públicos por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras ocurrida en 2012, llevó a la Fiscalía a intervenir en el caso por primera vez desde que se anunció la drástica sanción, el pasado lunes.

El ente acusador hizo hoy una inspección en la sede de la Procuraduría para verificar el procedimiento por el que este organismo administrativo destituyó e inhabilitó a Petro, elegido por voto popular en 2011 para el periodo 2012-2015.

Se trata de "una inspección a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos y mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la defensa del alcalde", explicó el fiscal general, Eduardo Montealegre.

El funcionario ordenó a su vicefiscal, Jorge Perdomo, "trabajar intensamente en el caso, ordenar nuevas pruebas y verificar la decisión del procurador general".

Al procurador Ordóñez, que no ha vuelto a aparecer en público desde que anunció la destitución de Petro, le han llovido críticas internas y del exterior por esta sanción que hasta los opositores al alcalde consideran exagerada y un intento de desterrarlo de la escena política de por vida.

Para Montealegre, el modelo que maneja Ordóñez como procurador es "inquisitivo, medieval y carente de garantías para quienes son investigados en materia disciplinaria".

La actuación de la Fiscalía fue respaldada por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien acreditó hoy que esa institución tiene competencias constitucionales para investigar la acción de la Procuraduría.

"El fiscal es la autoridad competente constitucionalmente para investigar al procurador", dijo el ministro, quien sin embargo intentó bajar el tono a la polémica al descartar que haya un "rifirrafe" entre Montealegre y Ordóñez.

Petro, que a pesar de la destitución continúa gobernando la capital colombiana de casi ocho millones de habitantes, reiteró hoy en mensajes vía Twitter que la sanción que le impuso el procurador es inconstitucional.

"El procurador no tiene facultad constitucional para destituir al Alcalde Mayor de Bogotá y lo probaremos ante las instancias pertinentes. Muchísimo menos tiene facultades para anular los derechos políticos fundamentales de quien ejerce la Alcaldía de Bogotá", expresó.

El alcalde recibió manifestaciones de apoyo de sus colegas de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur), quienes en una carta le manifestaron su solidaridad.

"Consideramos muy grave este hecho ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá y significa una peligrosa señal para nuestras democracias", expresaron los firmantes de la carta divulgada por la Alcaldía bogotana.

La misiva está firmada por los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri.

También un grupo de eurodiputados envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, en la que manifiestan su "profunda preocupación" por la destitución e inhabilitación del alcalde.

En la comunicación, los eurodiputados recordaron que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por esa vía "sólo cuando existe condena, por un juez competente, en un proceso penal", que no es el caso de Petro.

Las manifestaciones populares de apoyo al alcalde continuaron hoy en la céntrica Plaza de Bolívar, en uno de cuyos costados está el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía, donde seguidores del funcionario destituido se concentraron nuevamente, aunque en menor número que en los dos días anteriores.

Petro ha convocado para el próximo viernes a una gran manifestación popular con el objetivo de dejar sin efecto la decisión de Ordóñez, campaña que fue apoyada por las Farc, que mediante un comunicado divulgado hoy llamó al pueblo colombiano a "salir a la calle" para "alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá".

 

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