Decisión de la Procuraduría divide opiniones en el país
El Ministerio Público suspendió de manera provisional a dos alcaldes. Candidatos presidenciales y expertos dan sus opiniones sobre el caso.
Una nueva tormenta política se generó en Colombia luego de que la procuradora Margarita Cabello anunciara el martes la suspensión por tres meses del cargo a los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y el de Ibagué, Andrés Hurtado, como medida provisional por su aparente intervención en política.
Cabello señaló que la Procuraduría “tiene facultades” otorgadas por la Constitución y por el Congreso “para investigar y sancionar” a funcionarios públicos de elección popular.
“La Corte Constitucional, mediante una sentencia, ratificó la facultad jurisdiccional a la Procuraduría con funciones de policía judicial, en virtud del artículo 116 de la Constitución”, dijo.
El Ministerio Público indicó que desde el 26 de abril la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial abrió una indagación previa en contra del burgomaestre de Medellín por aparente participación en política. Entre las evidencias del ente de control se encuentran el video del “cambio en primera”, el audio en el que la senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, dice que Quintero forma parte y apoya a esa colectividad, la renuncia de seis funcionarios de su gabinete para sumarse a la campaña petrista y cuando pidió el reconteo de votos de la lista del Pacto en las pasadas elecciones legislativas.
El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, al ser consultado por EL HERALDO sobre la decisión del Ministerio Público, señaló: “A raíz de lo ocurrido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizó una modificación en el Código Disciplinario y se le dieron facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, y se introdujo en ese sistema disciplinario el régimen acusatorio”.
En consecuencia, agregó: “La competencia continúa en cabeza de la Procuraduría (...) que tiene permitido investigar, juzgar y sancionar a los funcionarios de elección popular, incluyendo las medidas cautelares de suspensión de esos funcionarios”.
El investigador y ex director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, advirtió que la procuradora “no tiene la facultad de suspender” alcaldes o funcionarios electos popularmente “sin violar” lo establecido por la Corte Interamericana en el fallo Petro contra Colombia y en el fallo Leopoldo López contra Venezuela.
“Esos fallos no se refieren a suspensión; señalan que no puede un órgano administrativo como la Procuraduría destituir o inhabilitar a funcionarios, ya que esas facultades las tiene un juez en un proceso penal. Yo creo que ese fallo aplica en este caso por dos razones: la primera, porque la procuradora está diciendo que puede destituir, entonces toma la medida cautelar en lo que parece ser un proceso que podría conducir a la destitución; y segundo, porque la esencia de esos fallos es que un funcionario administrativo no puede proceder a restringir o afectar derechos políticos”, dijo el jurista.
El doctor en Ciencia Política y docente universitario Alejandro Blanco explicó que las comparaciones entre lo ocurrido con Petro cuando fue alcalde y la situación de Quintero “deben revisarse con prudencia”.
“Los casos ocurren bajo hechos y circunstancias políticas distintas; sin embargo, la similitud radica en el debate que se genera sobre la competencia del Ministerio Público y en el ejercicio de sus funciones, de manera específica la de retirar del cargo a funcionarios públicos elegidos por medio del voto popular”, explicó Blanco.
Blanco también insistió: “La normatividad electoral es clara , en lo referente a la participación de funcionarios públicos en los procesos Electorales. El principio de la libertad de expresión queda supeditado a las garantías democráticas y el equilibrio de poderes entendidos estos cómo un bien común en el marco del sistema democráticos”.
Advirtió que en el caso de que se esté configurando una persecución política contra Quintero, “esto podría lograr el efecto contrario, posicionando a Quintero como un líder de proyección Nacional , cómo pasó con Petro en la década anterior”.
El abogado constitucionalista Xavier Estrada explicó que una decisión como esta, en medio del escenario electoral, “caldea el ambiente”. “El alcalde Quintero seguramente va a regresar a sus funciones en lo que tarde la Rama Judicial en resolverle una tutela. Se presentará como un mártir y el guiño de su grupo político va a favorecer al candidato presidencial que están apoyando”, aseveró.
Estrada además comentó que “el Estado colombiano está en deuda con acoger en debida forma la Convención Americana de Derechos Humanos, a eso se obligó como Estado parte. También el Congreso de la República está en deuda con reglamentar la participación en política de servidores públicos, porque nuestra Constitución Política así lo previó”.
Para Estrada, la Procuraduría se “precipitó” al separar del cargo al Alcalde de Medellín, puesto que “dicha decisión va en contravía de los dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.
Los aspirantes a las Presidencia también manifestaron sus opiniones sobre el caso. Federico Gutiérrez se mostró respetuoso con el Ministerio Público al indicar que es una persona respetuosa de las instituciones.
“Soy respetuoso de las decisiones que han tomado. Les toca pronunciarse es a quienes resultaron afectados por la medida”, dijo Fico.
Sergio Fajardo cuestionó la resolución: “He sido muy crítico de la forma como este gobierno ha cooptado los entes de control. No puede ser que la procuradora es la compañera de trabajo del presidente y después pasa a ser procuradora”.
El candidato Enrique Gómez Martínez se despachó en la red social contra Quintero y aplaudió la decisión del ente de control disciplinario del país: “Es ridículo empezar a cantar ‘dictadura’ por cuenta de la decisión de la Procuraduría sobre Quintero”.
Gustavo Petro, durante una sesión plenaria en el Senado, salió en defensa de Quintero: “Rompieron la Convención Americana usando una funcionaria de bolsillo del presidente, destituyendo a un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia”
Entre tanto, la MOE señaló que recibió 203 reportes ciudadanos de presuntas participaciones en política de funcionarios públicos durante la jornada electoral de 2022. Sobre la decisión de la procuradora reiteraron que para ellos “es una competencia de la Fiscalía sancionar a funcionarios elegidos por voto popular”.
Entre tanto, Daniel Quintero citó a un plantón anoche en la Alcaldía de Medellín e indicó: “No nos dejaremos sacar”.
El Gobierno nacional designó a Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín, al tiempo que Asocapitales se mostró “preocupada” tras la decisión de la Procuraduría.
