Corte abrió indagación contra Benedetti, Zabaraín, Galvis y Gómez Amín
Fuentes del alto tribunal dijeron a EL HERALDO que recibieron dos denuncias de veedurías ciudadanas por el caso de Centros Poblados.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le dijeron a EL HERALDO que tras recibir dos denuncias distintas de dos veedurías ciudadanas en las que se pide investigar supuestas intervenciones para que no se caducara el contrato del Ministerio de las TIC, la Sala de Instrucción abrió una indagación preliminar contra los senadores Armando Benedetti, de la Colombia Humana; Antonio Luis Zabaraín Guevara y Daira de Jesús Galvis Méndez, de Cambio Radical, y Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal.
Los senadores fueron mencionados en las denuncias que recibió la Sala de Instrucción.
Una de ellas fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia, Red Ver.
Benedetti contestó en Twitter: “Bienvenida la investigación. Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro ‘’' más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi”.
¡Bienvenida la investigación!
— Armando Benedetti (@AABenedetti) September 28, 2021
Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia. https://t.co/gkRlqt3O9K
Zabaraín también reaccionó en diálogo con este medio el pasado lunes: “No tengo ninguna relación porque no tengo contacto ni he tenido jamás con ninguno de los actores de este bochornoso episodio. No he intercedido ni por Centros Poblados ni por nadie que tenga que ver con asuntos de contratación estatal y menos sabiendo el escándalo en que han asaltado la buena fe del Estado y le han creado problemas a la exministra Abudinen, que es una persona a la que yo aprecio y estimo mucho”.
Guido Nule niega todo
Guido Nule, condenado por el ‘carrusel de la contratación’, quien fuera mencionado el pasado lunes como una de las personas que habría estado detrás de la estructuración del proyecto de Centros Poblados, aseguró este martes en un comunicado que se trata de información falsa.
“No tengo contacto alguno con ninguna persona involucrada directa o indirectamente en esos”, afirmó el polémico empresario, y añadió en este sentido Nule: “No me he reunido con absolutamente nadie ni he prestado mi colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno”.
Y concluye que en el proceso por la corruptela de hace algunos años en Bogotá “he venido cumpliendo mi condena, he colaborado eficaz y lealmente con la justicia, así como he entregado voluntariamente mis bienes a la Fiscalía para que los mismos hagan parte de la masa de activos para reparar a las víctimas”.
Denuncia de Emcali
Luego de que el Banco Itaú notificara el pasado lunes a Emcali que las certificaciones bancarias presentadas por el contratista Proctor Construcciones eran al parecer falsas, el abogado de las Empresas Municipales de Cali, Hernando Morales, anunció que interpondrá una denuncia penal.
Proctor hace parte del Consorcio Clasificación Puerto Mallarino, que tiene un contrato con Emcali por $3.800 millones, y del Consorcio Renovación Puerto Mallarino, con otro por $2.412 millones.
“Este martes presentaremos la respectiva denuncia ante la Fiscalía, con la certificación que nos entrega Itaú, que ellos no expidieron esos documentos. Obviamente hay dos presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. (...) También estamos citando al contratista para tomar las decisiones a que haya lugar ya teniendo la prueba que nos entrega Itaú. Y al terminar la reunión tomaremos las acciones legales para solicitarle al juez la suspensión de los contratos”, dijo el apoderado.
Un testigo en el proceso de Centros Poblados reveló esta presunta anomalía en Emcali y por ello se suspendieron desde el pasado viernes los pagos a este contratista, inmerso en consorcios que, además, serían representados por Herles Ariza, aparente socio de Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel de la contratación’ y capturado la semana pasada junto con Luis Fernando Duque –representante legal de Centros– y Juan Laverde –directivo de Rave Seguros– por el escándalo del contrato con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
