El presidente Juan Manuel Santos, en una declaración al final de la primera de dos reuniones para definir lineamientos sobre los últimos puntos de la agenda de negociaciones en La Habana, aseguró que después de revisar las críticas de Human Rights Watch sobre el acuerdo de Justicia Transicional, no se encontró sustento para tales y que el acuerdo llegado con las Farc es el mejor que se ha hecho en la historia.
'El de La Habana no es un acuerdo perfecto, como no lo es ningún acuerdo de paz, pero los conocedores del tema y los expertos internacionales coinciden en que es el mejor acuerdo de justicia transicional que se ha hecho hasta ahora en la historia'.
Santos sostuvo que en ningún proceso de paz en el mundo se ha acordado un sistema integral de justicia transicional, en el que los crímenes internacionales no pueden ser objeto de amnistía o indulto, sino que deben ser juzgados.
Es por esto que instruyó a su equipo negociador para enviar una carta a la ONG, firmada por el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en la que se asegura que en el acuerdo con la guerrilla no habrá impunidad.
En la carta a la organización internacional de Derechos Humanos se reitera que no habrá impunidad, sino justicia. '¿Cuanta?' –, pregunta el presidente–'el máximo de justicia que nos permita la paz respetando la Constitución y las leyes de Colombia y la jurisprudencia internacional sobre el tema', se responde.
Fuerzas Armadas. Santos también se refirió al papel de los militares en el posconflcito y reiteró que no hay dudas de que la Fuerza Pública seguirá cumpliendo con su deber constitucional y garantizará la seguridad de los colombianos una vez se firme la paz.
Agregó que la terminación de la guerra traerá más seguridad tanto para el campo como para las ciudad y aseguró que se seguirá con la lucha contra todas las formas de delincuencia y en especial contra las bandas criminales.
Horas previas. A la reunión, el presidente Juan Manuel Santos llegó a las 9:20 de la mañana, con su rostro adusto y sin decir palabra a la prensa. Cruzó el quicio de la entrada del portón colonial de la mansión del Marqués de Valdehoyos para iniciar, quizá, el último cónclave gubernamental, a puerta cerrada, antes de la firma del acuerdo final de paz.
Un avión trajo a Cartagena a 33 integrantes de la cúpula militar de la nación; altos funcionarios del Gobierno y asesores internacionales y nacionales de paz.
Santos llegó acompañado del jefe negociador, Humberto de la Calle. Les precedieron en el arribo a la casona colonial, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; el ministro Consejero del Posconflicto, Rafael Pardo; y el comandante nacional de la Policía, Rodolfo Palomino, entre otros. Uno de los últimos en llegar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Una fuente allegada al Gobierno dijo que las de este jueves y la de hoy viernes son reuniones iguales a las que se realizaron el año pasado, y que tienen el propósito de definir los lineamientos del gobierno en la etapa final del proceso de negociación que se lleva con la guerrilla de las Farc.
Uno de los aspectos relevantes del cónclave en Cartagena es la participación de los altos mandos de las Fuerzas Militares, que a solicitud del presidente Santos fueron convocados porque se consideran importantes sus planteamientos y participación en lo que será el fin de conflicto y la refrendación y ejecución de los acuerdos de paz, los dos definitivos puntos a tratar en La Habana, en los próximos días. También las estrategias de seguridad una vez se desmovilicen los guerrilleros de las Farc y se definan sus zonas de concentración.
Entre los asesores internacionales que participan en el cónclave están el israelí Shlomo Ben Ami; Dudley Ankerson; el centroamericano Joaquín Villalobos; Jonathan Powell y William U.
Directivos de HRW
Minutos después de las palabras del presidente, de la oficina del Alto Comisionado se emitió una misiva dirigida a la junta directiva de HRW en la que Sergio Jaramillo, reitera 'en ningún proceso de paz en el mundo se ha acordado un sistema igual'. Jaramillo hace hincapié en las competencias de la Jurisdicción Especial de Paz, para conocer sobre los crímenes cometidos dentro del marco del conflicto, juzgar tanto a civiles, agentes del Estado y guerrilleros, y aplicar un sistema de penas alternativa, consonantes con el Derecho Internacional Humanitario, que solo puede ser aplicable por medio de una entrega verificable de verdad y reparación.
