En medio del debate este martes en la plenaria del Senado sobre la conveniencia de convocar o no la consulta popular sobre la reforma popular del gobierno del presidente Gustavo Petro, se propuso la vía alternativa de avalar la apelación de la archivada reforma laboral para no tener que acudir al mecanismo de participación popular.
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Ante un recinto lleno y una sesión aplazada una hora, el ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó este martes la consulta laboral: “La nueva gobernanza lo que quiere es participar en la toma de decisiones, las nuevas ciudadanías no solo quieren votar. (...) Tenemos una reforma laboral que se hundió de forma extraña y distinta a los 20 años que yo viví en el Congreso”.
La idea, agregó, “es que el pueblo vote sus propias reformas porque hubo leyes regresivas en materia laboral. (...) Además, lo que se vote en la consulta no es ejecutable hasta que venga otra vez al Congreso, no hay lugar a que algo vaya a quedar de forma desenfrenada”.
Y frente a los costos de la consulta, unos $750 mil millones, expresó que “la democracia no es barata, las dictaduras sí lo son. La democracia ama las expresiones, las marchas, las urnas”.
“El cálculo es que los trabajadores han dejado de recibir $200 billones de dominicales y horas extras, unos $44 millones por cada trabajador, y esa plata se quedó en los empresarios como ganancia. El recargo nocturno son $2 mil la hora y la hora extra $4 mil, ¿eso es lo que quiere negar el Congreso? Estamos lejos de la misericordia y la piedad”, concluyó el ministro.
En medio del debate, la posibilidad de la apelación de la reforma laboral archivada hace un par de meses en la Comisión Séptima del Senado, encendió la discusión.
Esto luego de que la bancada del Senado de La U hubiese anunciado este mismo martes en un comunicado que respaldará la apelación de la reforma laboral, idea que estarían considerando otros partidos.
En este sentido, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que lo que busca el apoyo a la apelación es “embolatar” la consulta y criticó que la misma apelación hubiese estado congelada “durante nueve semanas y hoy de repente revive”.
Por ello, el autor de la apelación en la célula legislativa de asuntos sociales, el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, anunció que estaría pensando en retirarla “si ello implica que no se hunda la consulta”.
Y es que tras una reunión de la bancada del Senado del Partido de la U este martes, la colectividad de la unidad nacional anunció en un comunicado su respaldo a la apelación de la reforma laboral: “La bancada del Partido de la U informa a la opinión pública su decisión de votar positivamente la apelación de la reforma laboral, con el objetivo de que esta iniciativa tenga una nueva oportunidad de un debate amplio, constructivo y democrático”.
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La U hizo en este sentido un llamado a todas las fuerzas políticas para que se sumen a esta iniciativa, “con el único propósito de construir una reforma laboral equilibrada que promueva la generación de empleo formal, mejore las condiciones laborales y contribuya a la reactivación económica que tanto necesita nuestro país”.
Por ello, concluye el documento, “legislemos para los trabajadores y sus derechos”.
A su vez, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, propuso apelar la archivada la reforma laboral o hacer la consulta pero después de las elecciones de Congreso y Presidencia.
“En seis semanas podemos darle tercer y cuarto debate a la reforma laboral luego de apelarla y el 1 de julio tenemos ley laboral”, indicó la legisladora independiente de los verdes.
“¿Queremos una reforma laboral o queremos una campaña con todo el aparato del Estado y presupuesto público para influir en las elecciones del Congreso y la Presidencia?”, cuestionó.
Y, por otra parte, planteó: “Respetando el precedente de la consulta anticorrupción dijeron que los promotores podríamos interferir en las elecciones, entonces nos dijeron que podíamos hacer una consulta popular después de las elecciones”.
De otro lado, el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, advirtió que la polémica consulta es “botar $800 mil millones”.
“Absorto, pasmado, debo reconocer que jamás imaginé que tendría que admirar el cinismo y la desfachatez que esos mismos colegas a quienes he admirado su formación profesional y su inteligencia, esos que tanto hablan del pueblo, muchos están aquí, y hubo un plebiscito el 2 de octubre de 2016 y el pueblo dijo que no, y resulta que después a puerta cerrada llegarían a unos acuerdos, vulneraron la voluntad del pueblo y llevaron a este mismo Congreso a vulnerar al pueblo, diciendo que sí cuando había ganado el no”, dijo el parlamentario opositor.
Advirtió además en este sentido que “Petro sabe que jamás va a lograr ese umbral de 13 millones de votos, ni siquiera (Álvaro) Uribe con el 80 % de favorabilidad lo logró, ¿sabiendo eso van a botar $800 mil o $900 mil millones? Con eso se podrían comprar 225 millones de litros de leche, se podrían entregar 45 mil mejoramientos de vivienda de $20 millones cada una, se podría subsidiar el servicio de energía a los estratos más bajos del Caribe. Y si la consulta logra el umbral, renunció a mi credencial porque ello me haría caer en cuenta de que estaba equivocado”.
Entre tanto, el senador Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, advirtió que no se necesita la consulta.
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“Al Gobierno no lo motiva mejorar las condiciones laborales, tenemos que asumir el reto de explicar estos daños y decir que no existe el beneficio para el trabajador, que se destruye el empleo formal, que somos el país con más trabajo informal de la OCDE”, aseveró el opositor.
Citó además que “la ANDI reconoce un aumento del 65% de los costos laborales en la industria nacional con la consulta popular”.
Agregó al respecto que “se pueden generar condiciones tributarias para que se genere empleo, se puede impulsar la prima adicional del Centro Democrático entre empleadores y trabajadores, y nada de esto necesita una consulta popular”.
Y puntualizó Meisel que “el ministro reconoce que el texto tiene que volver al Congreso, ¿entonces vale la pena someter al país a esta confrontación solo para que Petro encuentre un pretexto para dejar de hablar de los homicidios, de las citas médicas atrasadas, del modelo de salud de los profesores que está vuelto lo que sabemos, para no hablar del posible apagón del sistema eléctrico en el Caribe?”.
En plata blanca, serían dos o tres votos los que definirían el futuro de la consulta popular, ya sea la derrota o el triunfo del Gobierno. Esto porque los votos del oficialismo suman casi lo mismo que los de la oposición, por lo que el triunfo del sí o el no a la consulta se definiría por pocos senadores y por la asistencia, es decir por el ‘quorum’ de la plenaria, según el cual se definirá cuál será la mitad más uno aprobatoria.
En la mañana de este martes 13 de mayo, el Centro Democrático ratificó el ‘no’ a la consulta popular. Para el uribismo se trata de una “consulta populista” y de “una amenaza para el empleo, la competitividad y el tejido empresarial del país”.
Esta postura de votar no a la controvertida iniciativa del petrismo, sostiene el CD, se da “atendiendo el clamor de los pequeños y medianos empresarios, de los trabajadores informales y de los generadores de empleo en Colombia”.
Mientras tanto, el Partido Liberal ha demostrado ser una bancada fraccionada, pues algunos miembros han insistido en que votarán negativamente a esta iniciativa del Gobierno, como es el caso del senador Juan Pablo Gallo, quien señaló este martes en Blu Radio que aunque no hay una decisión unificada, sí hay varios colegas que votarían en contra de la consulta.
Por otro lado, los partidos de gobierno como el Pacto Histórico, Comunes y la mayoría de la Alianza Verde respaldarían la propuesta. De hecho, la senadora Angélica Lozano habló en esa emisora y aseguró que la apelación sería el mejor camino. “Si el objetivo es garantizar los derechos laborales, la apelación es el mejor camino”, sostuvo y añadió: “Voy a votar sí a la apelación y luego sí a la consulta, con condición”.
Por el lado del Pacto Histórico, el senador Wilson Arias defendió el mecanismo impulsado por el Gobierno: “Está bien que se le pregunte al pueblo humilde qué le conviene”, ratificando el apoyo de la bancada a la consulta popular.
Entretanto, desde la bancada de Cambio Radical ratificaron este martes que votarán negativamente a la iniciativa del Gobierno de Petro por ser “inconveniente” y “para no caer en el juego populista del Gobierno”. Además calificaron de “engañosas” las preguntas planteadas en la consulta.
El analista político Carlos Arias, catedrático de la Universidad Externado, le dijo a EL HERALDO que “es muy difícil que la consulta popular avance y sea avalada por el Congreso por varias variables: la primera es por la extorsión y la manipulación mediática que ha querido desarrollar Petro y varios de sus alfiles, entre ellos el ministro Benedetti, señalando que el Congreso es un esclavista si no aprueba la reforma y que el Congreso sería revocado por el pueblo en las próximas elecciones de no pasar la consulta, cuando es el Congreso en su ejercicio autónomo como una de las ramas del poder público el que tiene la posibilidad y la potestad por la democracia representantiva en la que vivimos de tomar decisiones argumentadas y consultadas”.
No obstante, el Gobierno se ha estado moviendo para aparentemente asegurar los votos del próximo miércoles. La jugada más evidente habría sido la del nombramiento de la nueva ministra de Comercio, Diana Morales, cercana a congresistas del Partido Liberal.
Así mismo, según la emisora Blu Radio, también está la designación de otros cuatro altos cargos en el Ejecutivo para que al parecer en las urnas del pleno de la cámara alta se consignen los votos por el sí a la conveniencia de convocar el mecanismo de participación popular.
De acuerdo con el reporte se encontrarían Lina Franco, nueva presidenta de Agencia Nacional de Minería, ANM, cuya hoja de vida ya fue publicada en la página web de Presidencia. El documento aparece en el sitio web desde la noche del pasado 9 de mayo, y el paso restante para oficializar su designación es la expedición del decreto oficial.
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Franco, quien reemplazaría a Álvaro Pardo, al frente de la ANM desde septiembre de 2022, fue geóloga en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, entre julio y diciembre de 2024; asesora en el Ministerio de Minas entre 2023 y 2024, y gerente de seguimiento y control en la ANM. Es geóloga de la Universidad de Caldas, y cuenta con una especialización en gerencia de negocios internacionales, además de una maestría en estudios políticos y de relaciones internacionales.
De otro lado, aparece Katherine Rojas, nueva directora del Fondo de Adaptación, cuya hoja de vida también fue publicada ya en la página de aspirantes de la Presidencia. La funcionaria llega tras nueve meses de encargo para Carlos Carrillo -actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd- en la entidad. Rojas trabaja en esa entidad desde 2021, y también ha trabajado en la Contraloría General, el Ministerio de Minas, entre otros. Es comunicadora social y periodista, tiene una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y otra en gestión de la dirección pública.
De igual modo, Karen Schutt, nueva viceministra de Minas y Energía, quien llega a la cartera en reemplazo de Javier Campillo. Es administradora de Empresas con especializaciones en gerencia de hidrocarburos y en negociación y relaciones internacionales. Y cuenta con una maestría en negocios internacionales. Ha sido profesional especializada en el Ministerio de Minas hasta 2002, jefe de Oficina del Ministerio de Hacienda, contratista en la Fiduciaria La Previsora, Centrales Eléctricas del Cauca, Fonade) y Asocodis. Y asesora en el Ministerio de Minas entre 2013 y 2015, contratista en Planeación, Superintendencia de Servicios, la empresa en liquidación Electricaribe y el Ministerio de Ambiente, entre otros.
Y Adith Rafael Romero Polanco, nuevo director de la Unidad de Víctimas, cuya hoja de vida igualmente se publicó en la página del sistema de aspirantes a cargos públicos. Es ingeniero industrial, con especialización en salud ocupacional y maestría en administración de organizaciones. En la Alcaldía de Barrancabermeja fue especialista jefe y ha sido jefe de oficina del Instituto Universitario de la Paz en Santander. Como directora encargada estaba Gloria Cuartas, quien a su vez ejerce como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
