La última promesa del Gobierno de Juan Manuel Santos, derogar la Ley de Garantías Electorales, que fue hecha a los alcaldes del país el pasado viernes en Cartagena, no podrá ser cumplida sin presentar una importante complejidad y puja política.
Si bien el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que sería presentado al congreso con mensaje de urgencia después de Semana Santa, esta iniciativa deberá contar con gran consenso y celeridad en el trámite por parte de los congresistas para poder ser aprobada antes de finalizar la presente legislatura que termina el 20 de junio.
¿Alcanza el tiempo?
Para el director del Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la Universidad del Norte (Idepi), Ángel Tuirán, 'si bien la propuesta es interesante, lo mejor sería que se estudiara derogar la ley después de las elecciones'.
'Estamos hablando de poco más de dos meses y medio para dar un debate tan trascendental como lo es la derogación de esta Ley que hace parte precisamente del marco institucional en cuanto a elecciones y equilibrio en el manejo de los recursos públicos', precisó.
Tuirán considera que este tiempo es muy 'justo' y que, si bien podría llegar a aprobarse la derogatoria al venir con un mensaje de urgencia del Gobierno que obligue a tratar el tema con prioridad por el legislativo, 'el tiempo que le resta a la presente legislatura es demasiado corto para dar un debate de frente a la ciudadanía'.
Cabe destacar que a pesar de tener un mensaje de urgencia, el proyecto debe cumplir con todo el trámite en el Congreso, es decir, cuatro debates, dos en comisiones y dos en plenarias de Senado y Cámara, además del control de constitucionalidad de la Corte.
'Un mensaje de urgencia -dice Tuirán-, trastoca la planeación que tiene el congreso para debatir otros temas que también tienen trascendencia para el país' y agrega: 'Yo creería que es un mal mensaje porque estaría incidiendo en un hecho político, como lo son las elecciones locales de octubre, en las cuales se escogerán los administradores de los municipios y departamentos ante una eventual firma de la paz con las Farc'
'Ahí hay un doble mensaje político por parte del Gobierno', puntualizó.
En todo caso el mensaje de urgencia solo significaría la obligación constitucional del Congreso de priorizar el proyecto, lo cual no implica que la medida sea aprobada por el mismo.
'Lo corto del tiempo hay que verlo en dos sentidos, uno que no tiene debate suficiente y segundo que quizá le impide al Gobierno que se apruebe, precisamente porque podría no contar con las mayorías necesarias a la hora de votar la derogatoria del proyecto', precisó.
Por su parte, Laura Wills, directora de Congreso Visible, le dijo a EL HERALDO que 'en términos generales un mensaje de urgencia no necesariamente retrasa la agenda del legislativo, ya que de todas formas los temas que están agendados los tienen que discutir y eventualmente lo van a hacer'.
'Hay algunos temas como la reforma de equilibrio de poderes que tiene que ser aprobada en esta legislatura. Esto quiere decir que tienen que acelerar el trámite porque un proceso de estos tiene que tener por lo menos cuatro debates, así que el llamado de urgencia lo tienen que surtir más rápido', precisó.
Explico que, en principio, un llamado de urgencia no debería entorpecer el accionar del legislativo porque sólo estipula priorizar en la agenda el tema requerido por el Gobierno.
El Pulso político
Obtener las mayorías necesarias para lograr la derogatoria de la Ley de Garantías representará una dificultad para las intenciones del Gobierno, ya que no solo parlamentarios miembros de la oposición como Jaime Amín del Centro Democrático o Angélica Lozano de la Alianza Verde, han manifestado su desacuerdo y el de sus bancadas con la propuesta, sino que miembros del partido de Gobierno como el presidente del Senado, José David Name, también se han sumado al desacuerdo con la derogación inmediata de la Ley.
Para Name, quien además es copresidente de La U, la Ley de Garantías es inoperante, pero considera inconveniente derogarla a tan poco tiempo de la elección.
'Yo no creo que se puedan cambiar las reglas de juego, pero si estoy de acuerdo que a un futuro se elimine la Ley de Garantías', dijo Name, quien precisó que el Gobierno debe ser serio en sus propuestas 'porque aquí hay proyectos de parlamentarios que también tienen el mismo derecho de ser estudiados que los proyectos del Gobierno, así que si le quieren dar mensaje de urgencia que lo hagan, pero hay unas prioridades'.
Name aseguró que hay alcaldes y gobernadores que tienen candidatos para las elecciones de octubre y que derogar este año la Ley podría traer desequilibrio a las elecciones.
'No quedaríamos bien ante el país al aprobar que unos alcaldes y gobernadores tengan una ventaja sobre otros candidatos. Por ejemplo el gobernador de Magdalena tiene candidato propio entonces ese desequilibrio no se puede admitir', dijo.
Y agregó: 'No teníamos conocimiento de ese proyecto, no sé si sea un compromiso del Gobierno con los alcaldes y gobernadores. (...) creo que se puede desequilibrar la balanza y la democracia, el proyecto es bueno, pero no para las elecciones de octubre'.
