Manuel Bermúdez durante el evento en Cátedra Europa.Recuperar la confianza en las instituciones del Estado que ayudaron a despojar a los campesinos de sus tierras es uno de los enormes retos que enfrenta la actual Ley de víctimas y restitución de tierras, señaló el ex asesor del Instituto colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder (antiguo Incora), Manuel Ramos Bermúdez.
Él ha vivido de cerca los dos momentos históricos en los que el país ha tenido la oportunidad de cambiar las dinámicas sobre el acceso y la tenencia de la tierra en Colombia, la Reforma Agraria de los años 60 y la actual Ley 1448 de 2011.
Bermúdez aseguró que las víctimas confiaban en que las autoridades estaban instituidas para proteger su vida, honra y bienes, y por el contrario, como es de conocimiento público, funcionarios del Incora se prestaron para que grupos al margen de la ley pudieran usurpar y legalizar miles de hectáreas. “Yo los conocí, por eso puedo hablar así. Todavía me sé sus nombres”, indicó.
Al hacer referencia a todas las críticas que suscitan estos procesos, señaló, “Si uno le pregunta a un funcionario del Incoder que tenga 80 años, por qué no funcionó la Reforma Agraria, dirá: porque no hubo voluntad política. Eso es un eufemismo. Resulta que las reformas agrarias se hacen o no se hacen, pero si uno todos los días le da un granito de oposición a un proyecto que va a transformar la realidad del país, algún día se muere”.
Las palabras del experto fueron pronunciadas en los foros que sobre víctimas y tierras, organizó el departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte durante la XV Cátedra Europa en el marco de la VIII jornada de la Fundación Carolina, la cual contó con una masiva asistencia.
Por su parte, Mónica Alzate, doctora en psicología social invitada de la Universidad Santiago de Compostela, España, sostuvo que en general es un asunto positivo que exista una ley que reconozca el conflicto armado tras años de negación y unas víctimas derivadas del mismo. “La existencia de esa Ley, las expectativas positivas que se tienen y el reconocimiento de las víctimas ya es un paso muy importante, un hito en el país”.
La Corporación Desarrollo Solidario, la cual apoya proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas y artesanales de víctimas, habló desde su experiencia sobre el sentir de las mismas a través de su vocera, Gina Mármol. “El solo hecho de que se expida y se ponga en el debate público una Ley que reconozca sus derechos después de un periodo generalizado de violencia hace que se sientan reconocidas, valoradas”, sostuvo, al tiempo que resaltó que antes que víctimas, estas personas son campesinos que necesitan recuperar sus proyectos de vida que se sustraen de la tierra, de allí, la importancia de este componente en la Ley.
Sin embargo, Mármol también habló de las preocupaciones que encuentran. “El conflicto armado sigue, lo vivimos todos los días y eso genera una situación de riesgo constante”.
Entre tanto, Catalina Riveros, asesora de la Unidad de Restitución de Tierras fue enfática en señalar que existe total respaldo del Gobierno para que la Ley tenga plena viabilidad. Su Unidad tiene un presupuesto de 64 mil millones para este año que podría llegar a 100 mil de ser necesario.
También se refirió al número de jueces que están previstos para manejar los casos. “Es cierto que este año se prevén 22 jueces pero en 2013 serán 60, en 2014 serán 134 y 60 magistrados de restitución. En la medida en que sea necesario, no solo se incorporarán más funcionarios sino más presupuesto y oficinas de la Unidad Administrativa”, aseguró.
Por Karol Solís Menco
