El Heraldo
El representante de Cuba, José Luis Ponce, leyó la declaración conjunta del Gobierno y las Farc en la que anuncian que dieron por superada la crisis de los diálogos de paz. Archivo El Heraldo
Política

El futuro del proceso de paz tras la crisis, según cuatro expertos

Dicen que ahora el reto es trabajar para “desescalar el conflicto”. El próximo miércoles, Gobierno y Farc retoman la negociación.

A tan solo tres días de que el Gobierno y las Farc reanuden formalmente la mesa de negociación de La Habana, en el último ciclo del año, son varios los retos y las lecciones que deja la crisis más aguda que ha vivido el proceso hasta el momento.

Con el secuestro del general (r) Rubén Darío Alzate, el 16 de noviembre en Chocó,  por el bloque Iván Ríos de las Farc, el presidente Juan Manuel Santos ordenó la suspensión de los diálogos en La Habana.

Ahora el compromiso de las partes es el “desescalamiento del conflicto”, un tema sobre el que se viene trabajando hace algunos meses en subcomisiones especializadas y que se empieza a perfilar como fundamental para blindar al proceso de las críticas y mejorar la aceptación y confianza ciudadana.

EL HERALDO consultó a cuatro expertos en diferentes áreas del derecho y la ciencia política sobre la crisis que vivió el proceso y el futuro de la negociación.

Los analistas respondieron sobre cuatro puntos: los protocolos de resolución de conflicto que se emplearon para superar la crisis, el comportamiento de los partidos políticos y el Gobierno durante la tensión, los debates que se generaron en el país en las dos últimas semanas –como el cese el fuego bilateral y la posibilidad de considerar el narcotráfico como conexo al delito político–, y el futuro del proceso de paz.

Protocolos ante la crisis

El experto negociación y manejo de conflictos Juan Pablo Isaza manifestó que en la crisis por la que atravesó el proceso de paz “se evidenció la carencia de protocolos previos para los casos de bloqueos y estancamientos en la negociación”. En su opinión, “la decisión unilateral del Gobierno de suspender el diálogo y el generar condiciones para su restablecimiento muestra su alto valor de reserva, es decir, su poder dentro de la negociación”. De acuerdo con el experto, “el Gobierno al emplear un ultimátum hacia las Farc en relación a las entregas de los militares y la civil secuestrados en días pasados, muestra un movimiento estratégico de gran riesgo, toda vez que las Farc podrían contestar con otro ultimátum y realizar solicitudes que se escaparían del control del Ejecutivo”.

Isaza, quien es profesor del departamento de Derecho de Uninorte, señaló que ante estos casos de crisis y tensión “la mejor alternativa es levantarse de la mesa para no continuar con el proceso cuando lo que se esté acordando es nocivo para sus intereses”. Sostuvo que la presión que tiene el Gobierno de mostrar resultados a todos los sectores de la sociedad “hace que el discurso hacia las Farc no resulte el más conveniente”. “En mi opinión, fue efectiva la participación de los países garantes y el apoyo de la Cruz Roja Internacional, para permitir el restablecimiento de la comunicación y encontrar los mecanismos idóneos para el cumplimiento de las exigencias del Gobierno”.

Frente al futuro del proceso una vez se retome el diálogo esta semana, argumenta que “lo importante es trabajar en la recuperación de la confianza entre las partes”, para lo cual “se deben establecer de manera clara los protocolos para solventar las crisis y delimitar las funciones de los países garantes y de la comunidad internacional”. A su juicio, además, “es importante generar pautas sobre cómo serán los discursos de cada uno de los actores cuando se refieran al otro, tratando de evitar enviar mensajes equivocados”.

Actores políticos en tensión

“El incidente del general (r) Rubén Darío Alzate, en medio de un proceso que tiene dividido al país, se constituyó en un obstáculo más en el camino de la paz y puso en dudas la continuidad del más sólido proceso político para lograr una salida negociada al conflicto”, afirmó el doctor en Ciencia Política Carlos Guzmán.

De acuerdo con el experto, “el comportamiento del presidente Santos, en términos de decisiones, fue acertado y oportuno: suspendió la continuidad de los diálogos y condicionó su continuidad a la entrega del militar; motivó la declaración de las partes de trabajar en un desescalamiento del conflicto y dio señales inequívocas, incluso para los negociadores, de que él es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas”.

Guzmán, quien además es profesor del programa de Ciencia Política de Uninorte, destaca que “a pesar de las dudas que generó el secuestro del general Alzate en la Unidad Nacional y en la oposición, cada sector actuó en consecuencia de los intereses que defiende”. “Los afines al Gobierno “arroparon” y apoyaron las decisiones del presidente y la oposición continúo enfilando baterías en contra del Gobierno y los diálogos”. Sin embargo, dice que “llamó la atención que el Centro Democrático no se pronunció pidiendo la terminación definitiva del proceso”.

Frente a si la crisis puede ser un impulso para pensar en el posconflicto, Guzmán aclara que “la formulación de políticas públicas que materialicen los acuerdos de paz no estaba condicionada a este episodio”. “Lo que sí considero es que la crisis es un llamado a las partes, y a todos los colombianos, para acelerar el proceso, y ratificar los acuerdos alcanzados en la mesa”, manifiesta el académico.

A su juicio, “una vez firmado el acuerdo, el Gobierno en todos sus niveles deberá adelantar amplios y democráticos procesos de formulación e implementación de políticas audaces que pongan fin a la injusticia, la desigualdad y la falta de democracia”. 

Nuevos debates en el país

Sobre los debates que se abrieron en el país durante la tensión y una vez retomada la negociación de paz con las Farc, el director académico del Instituto de Desarrollo Político e Institucional (Idepi) de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán, explicó que “acordar un cese bilateral de acciones militares por lo que resta del proceso de negociación no presenta mayores inconvenientes de tipo jurídico”. De acuerdo con Tuirán, esto se fundamenta en que constitucionalmente “el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, en su opinión “las restricciones son de tipo político y táctico”, teniendo en cuenta que “un alto porcentaje de la población desconfía de las verdaderas intenciones de las Farc y que en el pasado estas han aprovechado el cese bilateral para reorganizarse y rearmarse”, como sucedió en procesos de paz anteriores en el país. Cabe recordar que el cese el fuego bilateral fue la principal petición que hizo la guerrilla una vez reconocieron que uno de sus bloques, el Iván Ríos, tenía en poder al general (r) Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes. Esta propuesta fue apoyada por el Polo Democrático y algunos sectores sociales, pero rechazada por los partidos afines al Gobierno y por el mismo presidente Santos, quien en reiteradas ocasiones ha expresado que no aceptará tal condición para continuar el proceso.

Frente a la posibilidad que planteó el presidente Juan Manuel Santos y avaló el fiscal general, Eduardo Montealegre, de ampliar el delito político, y entender el narcotráfico como un delito conexo a este, el abogado sostiene que esta propuesta “brindaría ciertas garantías a los miembros de la guerrilla de las Farc frente a las Cortes de Estados Unidos”. Pero aclara que en caso de avalar la propuesta y buscar implementarla, se necesita “una reforma constitucional y legal” lo que, en su opinión, “representará un gran costo político al Gobierno en pos del cese del conflicto armado interno”.

El futuro del proceso de paz

Superada la crisis más aguda por la que ha atravesado el proceso de paz de La Habana en sus dos años, los interrogantes se centran en el futuro de la negociación, principalmente porque aún faltan por abordar tres de los puntos más importantes de la agenda: víctimas (tema sobre el que actualmente se conversa), fin del conflicto (que incluye el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas de los guerrilleros) y lo referente a la implementación, verificación y refrendación.

Sobre esto, Luis Fernando Trejos –profesor de Uninorte e investigador asociado del Idepi– indicó que “una vez superada la primera crisis real del proceso con la efectiva ayuda de los países garantes, se espera que durante el primer semestre del próximo año se suscriban los acuerdos y se inicie la tercera fase del proceso (posconflicto)”.

Trejos, quien es especialista en conflicto colombiano, explica que “los acuerdos deben estar firmados por lo menos tres meses antes de las elecciones locales”, esto para que la consulta coincida con los comicios del próximo 25 de octubre y sus costos logísticos sean menores.

En su opinión, de esta manera sería posible “promover nacionalmente el voto positivo y de apoyo a los acuerdos de paz en el mecanismo de consulta ciudadana que se utilice”.

“En este sentido, será fundamental el informe que entregue este mes a la mesa, la comisión de esclarecimiento histórico del conflicto –integrada por 12 expertos y dos relatores–, ya que de ese informe dependerá en gran medida el tipo de justicia transicional que se aplique”, puntualizó Trejos.

Además, dijo que en esta nueva fase serán fundamental que el Gobierno y las Farc pacten “el cese al fuego bilateral y se materialicen los primeros acuerdos humanitarios”, como gestos de paz necesarios para mantener la confianza en la negociación y para la construcción y materialización del posconflicto.

Supuestas condiciones

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente y senador Álvaro Uribe (Centro Democrático) publicó las supuestas condiciones de los negociadores de las Farc para continuar con los diálogos en La Habana. Entre otros puntos, Uribe señala que el Gobierno se debe comprometer a quitarles el título de terroristas y que las fuerzas militares deben suspender toda clase de operativos que pongan en riesgo la vida de los jefes guerrilleros que continúan en la selva.

El listado sigue en ocho puntos que también incluye que las propiedades a nombre de miembros de las Farc no pueden ser objeto de expropiación y piden ordenar la disminución de las brigadas móviles y unidades de combate terrestre. Además, según el listado, las Farc, como partido político, deben recibir un porcentaje de la explotación minera y de hidrocarburos.

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