A través de un comunicado de prensa los ex miembros de la junta directiva de la Nueva EPS desmintieron los señalamientos del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en los que aseveró que era una “junta negligente, responsable del ocultamiento de deudas”.
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Advierten los directivos que en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta en los periodos comprendidos entre los años 2019 a 2023, nunca fue informada ni por el presidente de la empresa, ni por el revisor fiscal, ni por los auditores de la existencia alguna de facturas que no estuvieran adecuadamente contabilizadas en los estados financieros de la empresa, menos aún de facturas que alcanzan los $5,5 billones.
'La junta directiva, con el propósito de garantizar transparencia, idoneidad y veracidad en el manejo financiero de la Nueva EPS, siempre recomendó, y acordó con los accionistas que representaban, la contratación de las más calificadas firmas de revisoría del mundo. Las revisorías fiscales realizadas a la empresa, por Deloitte and Touche y KPMG, y los respectivos dictámenes y opiniones sobre los estados financieros anteriores al año 2023, siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referente a la situación financiera y jamás presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administración a la junta directiva', se lee.
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Agrega el boletín que en cuanto a la situación de los estados financieros del periodo contable del año 2023, estos fueron presentados por la presidencia de la empresa a través del vicepresidente financiero. Como consecuencia, indica el documento, la junta directiva solicitó explicaciones sobre el estado de la cartera de la empresa y la forma en que se venían atendiendo las obligaciones a los proveedores, ya que existían quejas, de algunos de ellos, por la mora en los pagos.
'En la misma sesión, tal y como consta en las actas y en las grabaciones que de la misma existen, se escuchó la opinión del revisor fiscal, quien la presentó de manera verbal, anticipando que su dictamen sería limpio pero que lo presentaría por escrito ante la asamblea de accionistas. Ante la presentación del dictamen en estos términos, varios de los miembros de la junta directiva le solicitaron pronunciarse de fondo y con soportes respecto de cada una de las cuentas de los estados financieros', señala el comunicado.
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Y continuaron: 'Así mismo, solicitaron una explicación clara del soporte de su dictamen, el cual venía sin observaciones. En el análisis adelantado por la junta directiva de cada uno de los rubros, y sorprendidos ante la nueva y gravísima información presentada por el vicepresidente financiero de la entidad referente a pasivos desconocidos hasta ese momento por la junta directiva, correspondientes a cuentas médicas que podrían afectar los resultados financieros de la entidad, la junta directiva exigió explicaciones por el ocultamiento de facturas y ordenó la contratación inmediata de una revisoría forense especializada e independiente, así como un informe sobre la materia por parte de la auditoría interna de la entidad'.
En ese sentido añadieron que una vez se conoció la información 'se convocó una sesión extraordinaria para el día siguiente. En esta sesión extraordinaria, la junta directiva, compuesta por representantes tanto del Gobierno Nacional como de las Cajas de Compensación, decidió, de manera unánime, abstenerse de aprobar los estados financieros correspondientes al año 2023 presentados por la administración y solicitó al entonces presidente de la entidad, Aldo Cadena, transmitir la decisión de la junta de no presentar los estados financieros, por encontrarlos inaceptables, a la asamblea general de accionistas'.
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Por ello advierten que no son veraces los señalamientos de Leal al calificar el papel de la junta directiva de Nueva EPS como una junta negligente y mucho menos responsable del ocultamiento de deudas en los estados financieros de la empresa.
Por el contrario, afirma la comunicación que la junta directiva actuó de manera diligente dentro del ámbito de las competencias definidas por los estatutos de la empresa y la ley y puso en conocimiento de los socios la situación presentada.
Y exigió la junta directiva al superintendente la rectificación de sus declaraciones y lo invitaron a que investigue el actuar de la junta, las actas de la misma y las grabaciones que de las sesiones existen.
