El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó en las últimas horas a dos funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental de Putumayo y la ex representante legal de la IPS Simisalud del mismo departamento.
Según el ente acusador, las detenciones se realizaron luego de evidenciar irregularidades en la celebración de contratos entre la Gobernación y la entidad de salud.
La investigación se llevó a cabo en diciembre de 2013, cuando se suscribió un contrato de prestación de servicios entre ambas partes; y cuyo objetivo era ofrecer medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la población afiliada y no afiliada al régimen subsidiado, dicho contrato se celebró por más de $1’375.182.767, en el cual las autoridades detectaron anomalías.
Por medio de las indagaciones, el ente acusador logró establecer que la IPS Sumisalud presentó a la Gobernación de Putumayo cinco facturas de venta con las que pretendía cobrarle al Departamento cerca de 400 millones de pesos ($398’196.960) por concepto de entrega de medicamentos a pacientes de alto costo.
Las irregularidades se presentaron al percatarse que en los documentos habían nombres de personas que no existían en el régimen subsidiado, es decir, pacientes ‘fantasmas’.
Asimismo, se estableció que el ente territorial pagó a dicha IPS el monto de $60’000.000 por entrega de medicamentos.
Las contradicciones se presentaron a la hora de firmar las actas de entrega de fármacos, pues estas, debían llevar firma y número de documento del paciente.
Luego de tener en su manos el material probatorio la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Eder Julio Sanmartín, quien funge como auditor médico de la Secretaría de Salud, también a Luis Eduardo Liñeiro Coronado, profesional especializado de la entidad y Mónica Andrea Muñoz Oviedo, exrepresentante legal de Sumisalud.
Los detenidos tendrán que comparecer ante las autoridades por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad material.
Al término de la audiencia de imputación ninguno de los procesados aceptó cargos y un juez penal municipal de Mocoa, con función de control de garantías, les dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.
