El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 5.900 millones de pesos a 26 uniformados victimas del secuestro tras la toma de Miraflores perpetrada por el Bloque Oriental de las Farc entre el 3 y el 5 de agosto de 1998 a ese municipio, en donde fueron secuestrados 140 policías.
La decisión tuvo origen en el fallo del magistrado Jaime Orlando Santofimio, quien estimó la millonaria indemnización para quienes fueron víctimas del secuestro y para sus familias, haciendo un fuerte hincapié en la violación de las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y solicitando además que las Farc pidan perdón por las acciones que cometieron contra los uniformados mientras estuvieron en cautiverio.
La Procuraduría indicó que el Ejército, 'siendo conocedor de la situación de orden público, no tuvo en cuenta las alertas expuestas por los servicios de inteligencia militar para haber tomado las medidas de seguridad pertinentes que hubiesen permitido una mejor defensa y protección de los miembros de la Fuerza Pública víctimas del secuestro'.
Según testimonios de algunas víctimas del secuestro en la toma de Miraflores, en cautiverio el trato fue inhumano y los testimonios más recordados son: 'Físicamente sí fuimos torturados, nos amarraban con unas cabuyas de los brazos y cuello a los árboles'. 'Nos hicieron un campo de concentración, estaba hecho de alambre de púa, malla y madera'. 'Nos tocaba dar del cuerpo en los utensilios de cocina o en las botas, nos daban mala comida'. 'Nos apuntaron con un fusil y nos decían que si no había canje les tocaba deshacerse de nosotros'. 'Fuimos torturados psicológicamente, cada rato nos apuntaban con las armas, nos amenazaban, para ir al baño nos amarraban como perros'
